Piden CDH Fray Matías garantizar respeto de migrantes

Con hambre, familias completas caminan en la vía del tren en Arriaga, Chiapas, esperando la salida del tren.

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Ordoñez de Tapachula, pidió al gobierno federal dejar atrás el doble discurso oficial y garantizar realmente el respeto a los derechos humanos de las y los migrantes que decidieron quedarse a trabajar en el sur del país huyendo de la pobreza y la violencia en sus países de origen.

Al presentar hoy el informe “Impacto de la nueva Ley de Migración y su Reglamento, en la población migrante establecida en el Soconusco”, que sintetiza gran parte de la experiencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova manifestó su apoyo una vez más a la población migrante asentada desde hace años en la región del Soconusco, de la que es capital la ciudad de Tapachula.

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías que tiene como principal objetivo la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y sus familias, entre las cuales se encuentran por supuesto personas de diferentes nacionalidades, principalmente centroamericanas, dijo que desde hace décadas este sector vulnerable convirtió al Soconusco en su lugar de destino migratorio, al no ver oportunidades en sus países o haber tenido que salir por situaciones de violencia.

Como explica en detalle el informe, la riqueza agrícola y comercial de Tapachula y sus alrededores atrae a estas personas, convirtiendo al Soconusco en uno de principales lugares de destino migratorio de México, dijo Fermina Rodríguez, vocera del organismo.

Señaló que esto rompe así el paradigma de que la República Mexicana es únicamente zona de tránsito, origen y retorno de migrantes y que “una invisibilidad de la migración de destino que genera falta de atención política hacia esta población, realidad que tiene en el Soconusco un lugar emblemático para romper paradigmas y exigir políticas públicas migratorias integrales”.

El informe habla de toda la problemática de los procesos que están establecidos para su legal estancia, de los obstáculos que existen para acceder a estos procedimientos o a los derechos básicos cuyo ejercicio depende de tener la correspondiente documentación.

El Centro de Derechos Humanos que desde 1997 apoyar a los centroamericanos que se vienen y quedan en esta región de México,  se dio a la tarea de analizar la actual de la primera Ley de Migración existente en México, aprobada en mayo 2011, y los efectos que ha tenido la nueva norma y su Reglamento de septiembre 2012 en materia de regularización migratoria.

Primero es menester que se reconozca, dijo a esta población asentada en la región del país como una población altamente productiva y que contribuye a la riqueza mexicana con su mano de obra muchas veces explotada.

Dijo que es urgente crear mecanismos que permitan la aplicación y supervisión del marco normativo migratorio y que se abogue por una mayor rendición de cuentas y transparencia en el desarrollo de políticas y programas en materia migratoria.

“El INM es sujeto obligado a la transparencia por la legislación federal, y no puede seguir poniéndose la excusa, como ocurre en algunos casos, de que la migración es un asunto de seguridad nacional”, dijo el Fray Matías.

Y agregó que esta rendición de cuenta pasa por reforzar la labor de documentación y sistematización de los datos que tiene el Estado sobre las diferentes migraciones en el país, desagregados por edad, sexo, nacionalidad, región de residencia, ocupación y otras características que son importantes tener en cuenta para el desarrollo efectivo de políticas públicas

Una quinta recomendación general tiene que ver con la posibilidad existente actualmente en la legislación mexicana de que las personas migrantes indocumentadas puedan ser detenidas y privadas de su libertad, una práctica hoy día sistemática y que viola lo establecido en la CPEUM.

Y que la detención de las personas migrantes no debería existir por ser simplemente una falta administrativa no tener documentos, generada además por la política del propio Estado. Y de existir, debe ser una excepción y no la regla y sujetarse a lo establecido en la normatividad existente en el tema de privación de libertad.

Además, sugiere, debe procederse a su eliminación progresiva y al establecimiento, mientras tanto, de alternativas a la detención viables y reguladas en su correspondiente procedimiento, sin que su aplicación sea discrecional.

Además, como ha documentado el CDH Fray Matías y otras organizaciones que monitorean los centros de detención llamados Estaciones Migratorias, las condiciones de vida y debido proceso en las mismas no cumplen con los estándares internacionales y nacionales y, por lo tanto, no hay garantías ni protección para la población migrante privada de su libertad.

“Especialmente es urgente y necesaria esta eliminación en el caso de detenciones que afectan a grupos en situación de vulnerabilidad o riesgo, como lo son los y las niñas y adolescentes, mujeres, personas indígenas y víctimas de delitos y graves violaciones de derechos humanos, entre las cuales hay muchas personas inmigrantes, que llevan tiempo viviendo en el país. En este ámbito hay otra clara brecha entre lo que sucede en las estaciones migratorias y la normatividad que las regula”, indica el documento de 66 páginas.

La octava recomendación que hacen es incrementar esfuerzos y prácticas institucionales para un respeto pleno al debido proceso que toda persona tiene derecho cuando está inmerso en un procedimiento administrativo o jurídico.

Señala que para un cumplimiento efectivo del debido proceso, se les debe facilitar asesoría jurídica y una representación legal que dé seguimiento a su Procedimiento Administrativo Migratorio, por lo que se enfrentan a procesos inciertos de los que no están bien informados, creando confusión sobre la situación en la que se encuentran.

Una última recomendación general que hace el Fray Matías, pasa por estrechar la colaboración entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil que acompañan procesos de regularización.

“Este informe muestra al recordar lo realizado durante los procesos especiales de regularización cómo fue esta colaboración la que permitió llegar a más personas y mejorar los resultados. Hoy día sigue esta comunicación, existe diálogo ante ciertos casos pero en cambio se obstaculiza a diario nuestra acción de monitoreo y de defensa de los derechos humanos”, dice el documento.

El informe del CDH Fray Matías, con el apoyo financiero de la Fundación MacArthur, fue elaborado por un grupo de actgivistas y expertos que forman parte de ese organismo, estos son, Sofía Becerra, Jorge Choy, Mavi Cruz, Margarita Juárez, Diego Lorente, Santiago Martínez, Gabriela Morales, Ana Isabel Nigenda, Fermina Rodríguez, Lourdes Rosas, Ciria Villatoro y Leonarda Villatoro.