Activan “guardias blancas” en zona Los Chimalapas, denuncian

“El ejército de los chamulas”, activo en la zona.

El seudo ambientalista y protector de la biodiversidad chiapaneca  Carmen Ariel Gómez Jiménez, dueño del predio Los Ocotones en el municipio de Cintalapa de Figueroa  encarna y representa al cacique moderno despojador, abusivo, prepotente y supuestamente intocado por las autoridades de gobierno.

Así lo demuestran una serie de denuncias en su contra que lo posicionan como   un sujeto que actúa fuera de la legalidad y con el apoyo de un supuesto grupo de guardias blancas, conocido como  “El ejército de los chamulas”, quienes  ocupan ilegalmente, a sangre  y fuego, el predio El Tule, desde  junio pasado y que encendió la alerta roja en cinco comunidades de Santa María Chimalapas, Oaxaca, que ya han denunciado agresiones de los indígenas y advierten riesgos de nuevos atropellos.

El  propietario de  El Tule, Gumesildo Brito López, denunció el despojo y la invasión de 300 hectáreas a manos de un grupo de 60 tzotziles que viven  se asientan ilegalmente desde 2007 en la comunidad Nuevo San Andrés en el lado chiapaneco.

El denunciante, hombre de campo y heredero de esas superficies, precisó, sin embargo, que la invasión de sus tierras en aquella zona de selva baja caducifolia, la promovió  su vecino Carmen Ariel Gómez Jiménez , de Los Ocotones, que posee una extensión de mil  800 hectáreas, y quien  se ostenta como ambientalista y protector de la fauna y flora, con base en  una sociedad de responsabilidad rural en actividades de aprovechamiento  forestal sustentable de los bosques de pino y encino de la demarcación.

Gumesildo aseguró  que el conflicto  de tierras detonó en 2012 cuando el juez civil de primera instancia, Julio César Victoria Gómez le adjudicó  sin ningún derecho y en abierto atropello a la ley,  a Gómez Jiménez,  el 4 de junio de ese año, 130 hectáreas de El Tule.

Con escrituras, pagos prediales y prerrogativas de posesión, el agraviado acusó que el pasado 13 de junio, un grupo de tzotziles,  a  quienes en la zona se les conoce como  El ejército chamula”, armados con escopetas y armas de alto poder- según testimonios ministeriales-  , machetes y  encabezados por sus líderes Miguel López López y Antonio Jiménez Luna  o Rubén Jiménez Luna, quienes están identificados como trabajadores en el  predio  de Gómez  Jiménez, invadieron El  Tule y desalojaron a los ocupantes a balazos, amenazas e intimidaciones.

En la acometida,  los agresores dispararon y mataron de un balazo a uno de ellos, el tzotzil  Manuel Gómez Gómez , pero responsabilizaron  del homicidio  y retuvieron al administrador del predio, Florencio López Rosas a quien trasladaron a Los Ocotones,  y luego durante tres días lo ocultaron en la comunidad San Andrés, de donde lo entregaron finalmente al Ministerio Público.

Ese mismo día, policías ministeriales detuvieron   a Simón López Brito por tentativa de homicidio. Ambos hombres fueron consignados ante el juez segundo del ramo  penal para la atención de delitos graves, Juan Carlos Alfaro Cruz , adscrito al centro penitenciario El Amate de Cintalapa de Figueroa.

La abogada María Salomé Brito Marín y sobrina del propietaria El Tule,  informó que interpuso el amparo 1013 ante el juzgado segundo de distrito en  Tuxtla Gutiérrez en contra del auto de formal prisión de los  procesados,  y que de acuerdo con el término legal, el recurso jurídico debe  resolverse, a más tardar el próximo 22 de agosto.

La penalista expuso, que de acuerdo con los testimonios y elementos de prueba, los procesados deben ser liberados, porque fueron no tuvieron el derecho al  debido proceso.

El arresto de los residentes de El Tule y la ocupación de esas tierras desató  la indignación, la  molestia y la preocupación  de pobladores vecinos de comunidades del municipio limítrofe Santa María Chimalapa, Oaxaca.

Por acuerdo de asamblea, el 26 de julio pasado,  presidentes  e integrantes de los ejidos Nuevo San Juan,  Río Frío, José López Portillo, Pilar Espinosa de León,  demandaron el restablecimiento de la legalidad en la zona, con la desocupación de El Tule y la liberación de ambos procesados.

Los lugareños  exigieron que de inmediato el gobierno restituya las garantías legales en la región y  proceda “ al desalojo inmediato de todas las personas de la comunidad Nuevo San Andrés y castigo a los responsables de los hechos”.

Este martes,  los hechos de El Tule fueron denunciados por los agraviados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),  a la Presidencia de la República,  a la Secretaría de Gobernación y de la Defensa Nacional.