Igual que hace casi 50 años, la calera de Chiapa de Corzo sigue violando las leyes, denuncian
Pobladores de la Ribera de Cahuaré denunciaron hoy que la empresa Cales y Morteros del Grijalva, no ha parado labores como dieron a conocer la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural (SEMANH) y otras dependencias del gobierno federal, sino ha violado los sellos de clausura para extraer material pétreo y para operar su fábrica.
Alejandra Aldama Pérez, miembros del grupo de mujeres afectadas que llegaron este viernes a la capital del estado, señaló que aún cuando la SEMANH dijo que le abrieron dos procedimientos legales, uno por emisión de contaminantes y otro por extracción de material pétreo, la empresa sigue funcionando con toda impunidad.
Laura Alicia Santiago Molina, otra de las mujeres que estuvo en la conferencia de prensa, indicó que es falso que la empresa haya sido clausurada totalmente como se dijo en los medios locales el jueves pasado, sino que la empresa Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV, burla las leyes una vez más como siempre lo ha hecho desde hace casi 50 años al operar sin permiso en el Parque Nacional del Cañón del sumidero.
Angélica Espinosa Interiano dijo por su parte que son mil 500 las personas que viven alrededor de las calera que ha dejado grandes daños irreversibles no sólo al medio ambiente sino también en la salud de las personas.
El médico Eduardo Alberto Vargas Domínguez expuso que la emisión de contaminantes ha dejado una gran cantidad de hombres, mujeres y niños enfermos de los ojos, nariz y garganta. Indicó que a largo plazo, todos son potenciales de sufrir cáncer en los pulmones.
Además de la salud física señaló que la empresa ha provocado un enfrentamiento entre los que están en contra de la empresa y los que la apoyan por trabajar en ella, lo que no saben es que con lo que ganan jamás les alcanzará para curar las enfermedades que sufran a largo plazo.
Miguel Ángel de los Santos Cruz, abogado de los afectados por la calera, dijo que procederán legalmente contra las autoridades responsables porque aún sabiendo de los daños no han dado cabal cumplimiento a las leyes para cerrar definitivamente esa calera.
Indicó de los Santos Cruz que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) nada ha hecho para velar por estos ciudadanos para defender su derecho a respirar un aire libre de contaminantes.
Los afectados señalaron que intensificaron sus acciones para hacerse escuchar ante el gobierno estatal y federal y enfrentar así el grupo de poder político que protege al empresario dueño de la calera.
Una excelente nota, que quizás haga reflexionar seriamente a las autoridades ambientales y al propio Gobernador del Estado; quien por otra parte, está muy comprometido con la conservación de la ecología. Y este caso, es uno de ellos.