Obispo llama a privilegiar el diálogo antes que las armas o la prisión

Llamado del Obispo Arizmendi ante la conflictividad en Chiapas. Foto: Cortesía

San Cristóbal de las Casas, Chis; 1 de junio.- Ante los conflictos que se viven en tres puntos de la entidad, en La Realidad, en la selva Lacandona y el problema de límites entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, el obispo Felipe Arizmendi Esquivel pidió “diálogo”, “no armas” y mucho menos “cárcel”.

Al término de su homilía dominical, Arzimendi Esquivel dijo que el pasado 19 de abril estuvo en Nueva Palestina, donde los dirigentes de Bienes Comunales, de la selva Lacandona, “me compartieron que habían cambiado su decisión sobre (la permanencia de) los poblados San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal”, asentados en la biósfera de Montes Azules desde hace 40 años.

Muchos meses antes, las autoridades del medio ambiente, “habían insistido en (que los habitantes de esos poblados) se les expulsara o se les reubicara en otro lugar, para proteger la selva”.

Los comuneros le dijeron al obispo Arizmendi Esquivel, que “habían comprendido” que en la selva “hay otro tipo de intereses económicos sobre esos territorios por parte de empresas y de personas con gran influencia política”.

Por esto, consideraban como sus hermanos a los indígenas que viven en esos poblados y no quieren pleitos con ellos, pues son de la misma etnia.

Así, los comuneros solicitaron “mi intercesión ante los gobiernos estatal y nacional, para que se deje en paz a los pobladores de esas comunidades” e incluso en los últimos días hubo “detenciones y encarcelamientos”, todo porque no están de acuerdo con la expulsión de los habitantes esos cuatro de 35 comunidades en la biósfera.

“Me pregunto a quiénes interesa ese desalojo, y por qué lo piden, pues no parece que sea la preservación del medio ambiente lo que les importa, sino otros motivos económicos y políticos”, dijo.

Los gobiernos estatal y federal, deben preservar la paz social y no someterse a otros intereses y presiones, ya que “encarcelar personas e inculparles de delitos no cometidos, sólo como una presión política, no es de una sana y recta justicia”.

En cuanto al conflicto de límites entre Chalchihuitán y Chenalhó, el obispo dio a conocer que los indígenas tzotziles le han pedido su intervención, para que se realice un litigio y “se resuelva en paz, con diálogos y acuerdos, no con armas ni amenazas de cárceles”.

Los indígenas dicen que la resolución de la Secretaría de Reforma Agraria, de hace 41 años, “benefició” a los habitantes de Chalchihuitán, a los que se les adjudicó terrenos que históricamente han sido de Chenalhó.

En esa ocasión no se respetaron los límites naturales marcados por el río, que separa ambos municipios, “sino que se trazó una raya arbitraria”.

“El problema es que ambos municipios se declaran dueños de esas tierras. Quieren la paz, en el respeto a los límites naturales e históricos; pero temen que algunos recurran a las armas y a la violencia, para defender lo que consideran suyo”, agregó.

Ahora los tzotziles quieren que se instale una mesa de diálogo, pues rechazan el pago de 15 millones de pesos, “para que dejen de reclamar esos terrenos”, pero lo que les preocupa es que sean amenazados con ser encarcelados sino aceptan el dinero. “Eso no es justicia”, considera Arizmendi Esquivel.

En este caso, expone “quizá sea necesario” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, atienda el problema no conforme a papeles de la Reforma Agraria, sino a los derechos naturales e históricos de los pueblos, señalados por los límites que establece el río entre ambos municipios.

“Hay que escuchar a las diversas partes, para llegar a acuerdos de consenso. Todo sea por la paz, la justicia, la verdad y la reconciliación”, suplica.