Exigen solución a la problemática de La Zona Lacandona

Conferencia de representantes de la Comunidad Lacandona y la ARIC. Foto: Cortesía

• Gobierno incumplió acuerdos con habitantes de la Lacandona, denuncian afectados
• Exigieron se respete su derecho a decidir sobre la tierra que legalmente les pertenece, y se detenga la criminalización en su contra.

Representantes de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona y de la ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática, exigieron a los tres niveles de gobierno respeto y cumplimiento de los acuerdos firmados el pasado 30 de mayo en la Ciudad de México, entre ellos la liberación de Gabriel Montoya Oseguera, y la conformación de una mesa interinstitucional, que permita resolver los conflictos agrarios y ambientales en la Comunidad Zona Lacandona y Montes Azules.

En una conferencia de prensa celebrada en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde estuvieron Emilio Bolóm Gómez, recién nombrado Presidente de Bienes Comunales de la Zona Lacandona, los habitantes de la región explicaron que durante cuatro décadas han vivido en medio de conflictos agrarios y ambientales, derivados de “el fracaso de las políticas gubernamentales y de conservación ambiental y regulación agraria”.

En este contexto, ante la falta de un mecanismo gubernamental para llegar a acuerdos, integrantes de los Bienes Comunales y habitantes de las comunidades envueltas en la problemática, iniciaron por cuenta propia un diálogo que les permitió llegar a varios acuerdos pactados desde 2013, entre ellos el reconocimiento a la legítima posesión de la tierra a los pobladores de Salvador Allende, Nuevo San Gregorio y Ranchería Corozal, ubicados en Montes Azules.

También la regularización de comunidades limítrofes con la considerada “Brecha Lacandona”, la que no ha logrado ser delimitada en el campo, desde que el gobierno federal entregó en 1971, de manera burocrática, 614 mil hectáreas a la Comunidad Zona Lacandona, afectando con ello a poblados que ya se encontraban asentados en la región.

Denunciaron que ante el acto de autonomía que significó el que los mismos habitantes envueltos en la problemática hayan llegado a acuerdos, el gobierno de Manuel Velasco Coello los criminalizó, y encarceló a su asesor, Gabriel Montoya. Les fabricó delitos y mandó a la cárcel a 22 representantes de las comunidades, que habían acudido el pasado 29 de mayo a una mesa de diálogo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Dos días después, cuando fue evidenciado a nivel nacional lo que se consideró un acto de traición por parte del gobierno de Chiapas, autoridades excarcelaron a los 22 detenidos, aunque este acto se dio de manera condicionada.

Representantes de los tres niveles de gobierno sostuvieron una reunión con los habitantes de la Lacandona –en la Ciudad de México- donde se comprometieron a buscar mecanismos de diálogo entre todos los actores de la Lacandona, y liberar de manera total a todos los detenidos, en un plazo de 15 días.

El pasado 17 de junio, pasado el plazo, cuando el gobierno incumplió su palabra, el grupo de representantes de los habitantes de la Lacandona, presentes en la conferencia de prensa,  exigieron se respete su derecho a decidir sobre la tierra que legalmente les pertenece.

Explicaron que la conservación del ecosistema en la Lacandona es algo en lo que todas las partes están de acuerdo, y por ello habitantes de la zonas están cambiando prácticas que afecta el medio ambiente.

Por ello, descalificaron que este sea un argumento en su contra. En este escenario, exigieron a los tres niveles de gobierno respeto y cumplimiento de los acuerdos firmados; y respeto a su autonomía y a la libre determinación de su tierra y territorio, consagrados en el Convenio 169 de la OIT, suscrito por el gobierno de México.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes: Humberto Sánchez Arcos, Secretario de Bienes Comunales de Frontera Corozal; Felipe Arcos Díaz, Suplente del Consejo de Frontera Corozal; Emilio Bolóm Gómez, Presidente de Bienes Comunales de la Zona Lacandona; Nicolás Torres Álvaro, Secretario de Bienes Comunales de Nueva Palestina; Vicente Jiménez Toledo, Presidente de la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Independiente (ARIC UUID); Nicolás Morales Moshán, Representante de la ARIC UUID y Marcelino Chambor Chanaj, Tesorero de Bienes Comunales de la Zona Lacandona.

Consulta el posicionamiento que se leyó en la conferencia Lacandona pronunciamineto-del-15-de-junio