En los próximos días circulará la Ley Antiprotesta en el Periódico Oficial

El Código de Uso de la Fuerza fue aprobada el pasado 15 de mayo. Foto: Archivo. inacy ext.

El organismo internacional promotor y defensor de la libertad de prensa y de expresión, Artículo 19, constató hoy que a casi un mes de la aprobación de la “Ley Antiprotesta” de Chiapas, aún no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado, pero que esta podría publicarse en cuatro o cinco días, les confirmó un funcionario estatal.

Vladimir Chorni , miembro del equipo legal de Artículo 19 n lunes y martes en Chiapas para constatar el estado que guarda la libertad de prensa y de expresión en la entidad.

Recogieron testimonios de agravios directos a medios y periodistas, de cómo se ha restringido la circulación al diario Contrapoder y excluido también de la asignación de la publicidad oficial.

Chorni dijo que la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial a medios de comunicación sigue siendo un mecanismo de control por parte del gobierno sobre ellos. Y que de alguna manera esto configura la censura indirecta criticada y cuestionada por organismos de derechos humanos de la ONU o la OEA.

Pero también pusieron énfasis de las reformas y leyes que se han realizado en el seno del Poder Legislativo Local como la Ley Antihalconeo que sigue vigente en el Código Penal del Estado de Chiapas o bien del Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chiapas.

Explicó que leyes como la de Chiapas para limitar o restringir la protesta social sólo son medidas para intimidar o coartar la libertad de expresión de los ciudadanos, lo que contradice a la norma vigente en un estado democrático.

Chorni arribó hoy a la Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno para constatar la circulación del citado Código.

Ahí,  a Chorni le expuso un funcionario estatal que las citada iniciativa aprobada el pasado jueves 15 de mayo aún no ha sido publicada y que está ya en los Talleres Gráficos del Gobierno del Estado, por lo que esta podría estar ya a la venta circulando en “unos cuatro o cinco días”.

La iniciativa fue presentada por el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, el 9 de mayo, siete días después, sin tanto debate, análisis y discusiones, se aprobó en Chiapas, el Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, una ley considerada “represiva” por activistas y organismos defensores de derechos humanos, pues da más poder a los cuerpos policiacos y reduce el margen de libertad de protesta a los ciudadanos en la entidad.

Ese organismo internacional con oficina en México, ha señalado que la nueva legislación chiapaneca no garantiza la seguridad jurídica a las personas que ejercen estos derechos, lo cual  puede derivar en acciones arbitrarias por parte de los elementos de Seguridad Pública del Estado que pongan en riesgo la integridad personal o la vida de quienes se manifiesten públicamente.

Tan pronto como se aprobó el pasado 15 d mayo, expuso que la disposición recoge distintos estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, su revisión detallada encuentra distintas disposiciones que son contrarias a normas internacionales derivadas de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte Americana de Derechos Humanos (CADH), hoy obligatorias para el Estado mexicano .

Y que tras la revisión realizada, Artículo 19 dijo que le preocupa principalmente por las disposiciones relacionadas con el ejercicio de la protesta social en las manifestaciones pacíficas. En específico, los artículos 27 y 28 del que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chiapas (Código de Uso de la Fuerza) establecen parámetros y potenciales restricciones a la libertad de expresión que no cumplen con los requerimientos mínimos obligatorios que toda restricción debe tener, se basan en criterios “ambiguos y son desproporcionados”.