Se atrinchera comunidad que expulsó a un millar de indígenas

Cientos de personas de San Antonio de Monte permanecen desplazadas, en espera de que se desarme al grupo que asesinó a un niño. y las expulsó. Esperan se creen condiciones para su retorno. Foto: Elizabeth Ruiz

Agentes de la Policía Especializada detuvieron a un indígena tsotsil, acusado de la muerte de un niño, el pasado 15 de marzo, en la comunidad San Antonio del Monte de San Cristóbal de las Casas, hecho que originó el desplazamiento forzado de más de un millar de personas que temen ser víctimas de la violencia.  

Horas después de la detención el grupo expulsor bloqueo entradas a la comunidad y se atrincheró, para evitar nuevas detenciones.

El pasado 21 de mayo policías detuvieron al indígena tsotsil identificado como Ernesto “N”, acusado de haber participado en el asesinato del niño Miguel Ángel “N”, de diez años de edad, que perdió la vida de un disparo de arma de fuego en esa comunidad.

Las fuentes gubernamentales dijeron que el detenido fue trasladado inmediatamente a la capital del estado Tuxtla Gutiérrez, para ser puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.

Después del arresto del indígena, en la comunidad, los habitantes retuvieron a12 trabajadores del ayuntamiento, que realizaban acciones de labor social.

El 15 de marzo, un grupo de habitantes armados con fusiles Ak-47 y R-15 irrumpieron en el poblado por un problema de la disputa de agua.

El 18 de marzo un conglomerado de organismos que trabajan por la defensa de la infancia entres estas Melel Xojobal, la Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Chiapas (Redias), Save the Childeren de Chiapas, Desarrollo Sueniños AC, Chantiik Taj Tajinkutik A.C, Skolta´el Yu un Jlumaltic A.C y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), exigieron castigo por el asesinato del niño Miguel Ángel “N”.

Se espera que en las próximas horas, el detenido sea recluido en el penal de El Amate.

El jueves 22  habitantes de la comunidad amenazan con disparar sus armas de fuego, en contra de un millar de indígenas tzotziles, que desde los hechos del 15 de marzo, permanecen fuera de sus hogares y permanecen albergados en un salón que hasta tres años funcionó como prostíbulo y que se ubica sobre el Libramiento Sur.

Para evitar que policías o militares lleguen a la comunidad, colocaron costales de cemento y bloquearon la entrada al poblado.

Los representantes de los desplazados pidieron urgentemente que la Policía Estatal Preventiva (PEP), aplique medidas precautorias para salvaguardar la vida de las mujeres, niños y ancianos.