Casos de tortura en Chiapas llegan al relator de la ONU

Informe: La tortura, mecanismo de horror.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) entregó al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Cuestión de la Tortura,  Juan E. Méndez, el informe: La tortura, mecanismo de horror; durante su visita a Chiapas, en la que se detallan los casos más recientes y los archivados que siguen en la impunidad.

Según información documentada por el Frayba y difundida esta noche del miércoles, en el periodo que corresponde de marzo del 2013 a marzo del 2014, en Chiapas se registraron 18 eventos en donde se cometieron actos de tortura.

Los municipios en donde se llevaron a cabo estos actos son Tuxtla Gutiérrez (7), Tapachula (2), Chenalhó (2) y con un acto cada uno en Simojovel, Maravilla Tenejapa, Arriaga, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Sabanilla, Acala.

En cuanto a las víctimas, 15 son hombres -uno de ellos menor de edad- y 3 mujeres. Dos de las víctimas murieron bajo custodia policial, presumiblemente a causa de los golpes recibidos, uno en el municipio de Acala: José Rolando Pérez de la Cruz y otro en Tapachula: Carlos Alberto Trujillo Ramos.

Explicó el Frayba que la intencionalidad de la tortura, en los eventos documentados, consiste en la aplicación de un “castigo ejemplar” para desalentar la denuncia y la participación en movimientos sociales críticos al gobierno; como acto intimidatorio; para anular la personalidad de la víctima; y/o para que se autoinculpe de delitos o inculpe a terceras personas.

Cabe señalar que en los actos de tortura cometidos contra mujeres los métodos utilizados tienen una connotación sexual: “La violencia sexual es una de las armas privilegiadas y elegidas por los perpetradores para degradar moralmente a las mujeres, humillarlas y aplicar un castigo diferencial de acuerdo a su género, de tal manera violenta también derechos específicos de las mujeres”, apuntó el organismo no gubernamental fundado por el obispo Samuel Ruiz García.

Refiere que durante el periodo que abarca el informe han salido en libertad personas víctimas de tortura, después de enfrentar procesos judiciales largos e injustos que violentaron sus garantías judiciales y protección judicial, entre éstas se encuentran: Miguel Vázquez Deara; Wilber Cortés Acosta; Adela Gómez Martínez; Hiber Audentino García Villafuerte y los hermanos Andrés y Josué López Hernández. En ninguno de estos casos ha habido reparación del daño y los actos de tortura que denunciaron siguen en impunidad.

Además del Informe entregado, el Frayba proporcionó al Relator Juan E. Méndez, la documentación de casos de tortura anteriores a marzo de 2013, entre los cuales están:

David Potenciano Torres (David), detenido el 25 de mayo de 2011 y torturado en las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva y en la Fiscalía de Palenque, para inculparlo de la muerte del ganadero Pedro Fonz Ramos. David, fue puesto en libertad por desistimiento de la acción penal.

Miguel Ángel Rosette Méndez (Miguel Ángel) y su hijo Carlos Alberto Rosette García (Carlos Alberto), fueron detenidos y torturados el 27 de abril de 2011 por elementos de la Policía Estatal Preventiva, en el municipio de La Concordia. El 28 de abril los trasladaron a la Fiscalía de Distrito Metropolitano, en Tuxtla Gutiérrez, para rendir declaraciones bajo la continuidad de la tortura, lugar donde encontraron dos familiares más también golpeados. Miguel Ángel y Carlos Alberto fueron arraigados en la Quinta Pitiquitos y puestos en libertad el 6 de mayo de 2011, sin embargo, siguen recibiendo amenazas y hostigamientos por parte de agente estatales.

Gabriel Domínguez Escobedo, fue privado arbitrariamente de la vida el 11 de abril del 2012 como consecuencia de tortura bajo custodia, perpetrada por 13 elementos de la Policía Especializada y Policía Municipal de Reforma en presencia del Ministerio Público del mismo municipio, Esgar Benjamín Estrada Cervantes. (Actualmente Fiscal del Ministerio Público en el municipio de Bochil).

Con todo esto, el Frayba ratificó que “en Chiapas la tortura se practica de manera sistemática, siendo ésta perpetrada, permitida y fomentada por agentes del Estado mexicano como se ha denunciado ante autoridades gubernamentales e instancias internacionales de manera pública y en intervenciones privadas”.

Entre los autores responsables de estos hechos se encuentran: Militares; funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) de manera específica: Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO); Fiscalía de Distrito Metropolitano; Agentes de la Policía Especializada; Policía Ministerial; Médicos Legistas de la PGJE; entre otros. Así cómo la Policía Estatal Preventiva; Policía Municipal; autoridades comunitarias, tradicionales y civiles con anuencia de agentes del estado de Chiapas.

“Ante la existencia de prácticas violatorias de derechos humanos en Chiapas, como es la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, exigimos a los gobiernos federal, estatal y municipal, cumplan con las recomendaciones de los órganos de tratados, especificados en el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, asumiendo su responsabilidad de respetar, proteger y garantizar los derechos: a la vida, integridad y seguridad personal, entre otros”, concluye el Frayba en su informe entregado al Relator.

En Tapachula el relator conoció los casos de niños, niñas y adolescentes centroamericanos dedicados al comercio informal en Chiapas.

Los niños y niñas denunciaron los que son víctimas constantes de inspectores municipales dependientes al Ayuntamiento de Tapachula, así como de que es población que es explotada sexualmente y víctimas de abuso de autoridad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Albergue todo por ellos Asociación Civil; el Centro de Dignificación Humana y el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa emitieron ayer un comunicado de prensa, después de su reunión con el relator.

Las organizaciones demandaron a los tres poderes de gobierno acabar con la corrupción y colusión imperante en Chiapas entre algunas autoridades y traficantes, que permiten que siga dándose con impunidad la explotación laboral y/o sexual de niños y niñas centroamericanas y mexicanas, particularmente indígenas, en las calles.

En el documento señalaron que pidieron al relator intervenir para que el gobierno federal y estatal lleven ante la justicia a las personas responsables de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes y establezca la reparación integral del daño causado a la víctima y familiares, independientemente, de su nacionalidad.