Dejan en impunidad caso de tortura cometido en Chiapas

• Ministerio Público implicado en caso de tortura fue liberado y reasignado a sus labores

Gabriel Domínguez Escobedo de 33 años fue asesinado el 11 de abril del 2012 en el municipio de Reforma, Chiapas. Agentes de la policía judicial del estado y municipales lo mataron a golpes. 14 personas fueron detenidas por el caso, 10 agentes municipales, tres policías estatales y un ministerio público, Esgar Benjamín Estrada Cervantes.

Silvia Domínguez Escobedo lleva dos años pidiendo que se haga justicia. Ha recurrido a diferentes instancias. Fue una de las personas que se reunió con el relator especial para casos de tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su reciente visita a Chiapas. El caso cumple con todos los elementos para llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La tortura

Silvia cuenta que su hermano se encontraba descansando en su casa cuando elementos de la policía municipal y estatal, junto con el ministerio público, llegaron a agredirlo. “Venían siguiendo a alguien –los polilcías- y decían que era mi hermano. Mi hermano alcanzó a cerrar la casa y metieron un perro que lo dejó todo mordido. Después ellos lograron entrar, lo golpearon. Los vecinos se metieron, pero los amenazaron. A golpes lo subieron a una camioneta”.

Los vecinos le  avisaron a la familia que Gabriel Domínguez había sido detenido. Lo buscaron en la agencia de policía y no lo encontraron. Lo hallaron muerto en el centro de salud. Su cuerpo quedó todo golpeado y con mordidas de perro. La necropsia no dejó lugar a dudas.  La muerte fue por un golpe contuso que ocasionó un shock hipovolémico, para que se pudiera dar esto se tuvieron que dar diferentes golpes de menor intensidad en diferentes partes del cuerpo. Eso sucedió el 11 de abril del 2012.

La detención

La familia de Gabriel Domínguez Escobedo y los habitantes de Reforma realizaron diferentes movilizaciones y presionaron a las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que se castigara a los responsables.

Se detuvieron a 14 personas y tres más huyeron. A dos años del asesinato de todos los que fueron aprehendidos,  sólo tres siguen en el penal del Amate, los demás salieron libres y el Ministerio Público, que estuvo cuando detuvieron y golpearon a Gabriel Domínguez también ya fue puesto en libertad y reincorporado a su trabajo, ahora en el municipio de Bochil.

Reparación del daño

La familia de Domínguez Escobedo está pidiendo que las personas implicadas en el asesinato de Gabriel sean procesadas por el delito de privación arbitraria de la vida y no sólo por asesinato, esto implicaría que el Estado reconozca que existió tortura por parte de los elementos policíacos.

Así también está demandando que el Estado otorgue una indemnización a  la hija de Gabriel Domínguez, quien tiene 10 años de edad y sufre de retraso intelectual permanente. La persona que sostenía a la niña era su padre y desde que él fue asesinado es difícil sostener su tratamiento médico.

El uso legítimo de la fuerza pública

El gobernador del estado, Manuel Velasco Coello envío al Congreso del Estado un paquete de iniciativas, que podrían ser violatoria a los derechos humanos, y propiciar que más casos como el de Gabriel Domínguez Escobedo sucedan.

El Código que establece el uso legítimo de la fuerza por las instituciones de seguridad pública autoriza a las corporaciones policiacas utilizar la fuerza pública en caso de que alguien se resista a una detención.

Las reformas entraron a primera lectura en la pasada sesión ordinaria del Congreso Local y fue enviada a comisiones. La propuesta fue muy mal recibida por los organismos defensores de los derechos humanos.