Condenan 74 organizaciones civiles, leyes represivas de Chiapas y Puebla

Represión policiaca ante el derecho a la protesta, cuestionan organizaciones civiles. Foto: Toño Aguilar

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) externó hoy su preocupación y condenó la aprobación de las leyes que avalan el uso de la fuerza pública en manifestaciones y criminalizan el derecho a la protesta social en los estados de Chiapas y Puebla.

En un pronunciamiento firmado por unas 74 de organizaciones civiles de 20 estados del país que conforman la RED-TDT, refirió que el pasado 15 de mayo el Congreso de Chiapas aprobó el Código de uso legítimo de la fuerza pública. El dictamen regula el uso de la fuerza pública ante movimientos, disturbios y protestas sociales y avala el uso de armas no letales para dispersar manifestaciones violentas.

Y que hoy 19 de mayo, el Congreso de Puebla aprobó la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”, en la que se prevé la posibilidad de que agentes policiales utilicen “fuerza letal”, cuando su vida esté en peligro, durante manifestaciones públicas; también abre la puerta a detenciones arbitrarias.

El organismo nacional dio a conocer que “el derecho a la protesta es un derecho plenamente desarrollado que comprende el disfrute de una serie de derechos reconocidos internacionalmente y reiterados en la Declaración sobre los defensores y las defensoras de los derechos humanos”.

Y que esos derechos incluyen la libertad de expresión y opinión, la libertad de asociación, la libertad de reunión pacífica y los derechos sindicales, en particular el derecho de huelga. La protección del derecho a la protesta en el contexto de la libertad de reunión conlleva la obligación de proteger a los titulares del derecho a la protesta en el ejercicio del derecho y la obligación de no interferir en las protestas pacíficas.

Las organizaciones que forman parte de la Red TDT junto con otras organizaciones y movimiento sociales expresaron que la protesta social es un mecanismo legítimo de exigibilidad de derechos, por tanto el Estado tiene la obligación de proteger, respetar y garantizar su ejercicio, y está obligado a escuchar y buscar vías de solución a las demandas.

Pero que en meses recientes han venido documentando y denunciado la tendencia que existe tanto a nivel federal como en los estados de aprobar leyes que pretender restringir los derechos a la libertad de expresión, manifestación, reunión y protesta social.

Asimismo, que los contenidos de estas leyes violentan derechos humanos, los procesos legislativos para su aprobación han sido irregulares, apresurados y sin atender a las demandas de la sociedad civil respecto a la necesidad de discutir tales iniciativas de manera pública.

“Hemos señalado la ambigüedad en el uso de conceptos como paz pública, orden público, uso racional de la fuerza y manifestación violenta, entre otros, pues se prestan a la interpretación discrecional de las autoridades”, dice el pronunciamiento conjunto.

Es por eso que se sumaron hoy a la preocupación de activistas y defensores de derechos humanos que trabajan en los estados de Chiapas y Puebla, “que han señalado que con estas nuevas leyes se pretende legalizar los atropellos que ya cometen las distintas fuerzas de seguridad pública y que generan un marco legal que posibilita las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones públicas”.