Comunidad lacandona se niega al desalojo de indígenas, Carabias dice que “la ley no se respeta”

Habitantes del poblado Ranchería Corozal, habitan en la selva desde hace tres generaciones. Foto: Ángeles Mariscal

En una reunión celebrada el pasado 23 de mayo en la ciudad de Ocosingo, entre representantes de la Comunidad Zona Lacandona, indígenas de los poblados Salvador Allende, Ranchería Corozal y Nuevo San Gregorio; e integrantes de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC), se acordó ratificar el acuerdo mediante el cual se autoriza la legalización de la permanencia de los tres poblados que se encuentran en la región desde hace tres generaciones.

En el encuentro explicaron que ese acuerdo se llevó a cabo desde hace 8 años, el 28 de octubre de 2006, durante la asamblea general efectuada en San Javier.

Explican que la determinación estuvo basada en las facultades de autonomía de su territorio, que les fueron otorgadas desde el decreto presidencial de 1971, cuando se les otorga la autonomía respecto al uso de su territorio a lo que se conocer como Comunidad Lacandona, compuesta no solo por familias lacandones sino por los tseltales y choles que ya habitaban la región desde décadas anteriores, y agrupados en una estructura de propiedad de la tierra a través de Bienes Comunales.

Exigen a organizaciones como Natura Mexicana y otras que se dicen protectoras del medio ambiente y que tienen intereses en la zona, respeten los acuerdos de las comunidades, mismas que, señalan en relación a los tres poblados, se encuentran practicando acciones de conservación, sin necesidad que medie en ellos los millones de dólares de que hace uso estos organismos.

También demandaron se les deje de criminalizar y se detengan los procesos judiciales que se han montado en su contra.

Ratifican también que la Comunidad Lacandona ha mantenido el diálogo respetuoso con las instancias gubernamentales, así como el respeto a los acuerdos incluyendo a los grupos privados y públicos, nacionales e internacionales.

Julia Carabias, oor su parte, en un artículo publicado en pasado 24 de mayo en el periódico Reforma, Julia Carabias planteó su posición respecto a las manifestaciones y acusaciones en su contra por parte de los comuneros de la selva, entre ellos líderes de las 66 familias lacandonas:

“Es dramática la problemática actual que, día a día, se vuelve más compleja en la Selva Lacandona. Los años de construcción de acuerdos, de organización social y de impulso a proyectos sustentables de muchas organizaciones e instituciones están amenazados por la confusión, la incertidumbre, la inseguridad y las falsas acusaciones.

“La controversia de fondo radica en cómo vemos los diferentes actores a la Reserva de la Biosfera Montes Azules: para unos, con intereses económicos y políticos, es un botín territorial que puede ser invadido violando la ley. Para otros es un área protegida estratégica que, por su importancia como patrimonio natural, el Estado mexicano protegió bajo el régimen de reserva de la biosfera mediante un decreto presidencial, en 1978, y que está regida por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). En medio están las comunidades confundidas y mal informadas.

“La Reserva de la Biosfera Montes Azules conserva la mitad de las selvas tropicales húmedas en buen estado que restan en México. Originalmente, este tipo de ecosistemas ocupaban 12 millones de hectáreas de las que hoy quedan menos de un millón ubicadas en la Selva Lacandona y en los Chimalapas. Montes Azules es la más grande de las áreas naturales protegidas en donde se establece la mayor diversidad de especies de México que permite albergar a las últimas poblaciones sanas de muchas especies, varias en peligro de extinción, como el tapir, el jaguar, el jabalí de labios blancos, la guacamaya roja. Además, estas selvas contribuyen a la regulación del ciclo hidrológico, controlan inundaciones, generan agua dulce, producen suelos ricos en nutrientes, capturan carbono, mitigan el cambio climático, entre muchas otras funciones esenciales para el beneficio de las sociedades.

“Cuando el Estado mexicano decretó esta superficie como área natural protegida lo hizo en cumplimiento de su obligación constitucional de velar por el patrimonio natural nacional como causa de utilidad pública. El decreto de un ANP no afecta la propiedad de la tierra, sólo la regula mediante el programa de manejo. Además, la LGEEPA no permite la fundación de nuevos núcleos agrarios en un ANP y el usufructo de los recursos naturales puede hacerse únicamente para beneficio de las poblaciones legalmente establecidas.

“El conflicto en la Selva Lacandona es porque la ley no se respeta. Quienes persiguen intereses personales en contra del interés público alientan las invasiones, para luego exigir la regularización y por tanto la expropiación. Esta situación se ha vivido en varios momentos. El anterior, en 2004, protagonizado por varios de los mismos actores. En esa ocasión el Congreso de la Unión exhortó al Ejecutivo federal a hacer cumplir la ley.

“Ahora se padece una situación semejante, con el agravante de que muchos actores locales, afectados en sus intereses económicos y políticos, se han dedicado a la calumnia y a confundir a los pobladores y a la opinión pública.

“Las organizaciones que trabajamos en el marco de la ley en la región, en pro de la conservación de la selva y en la búsqueda de soluciones a las condiciones de pobreza de las comunidades colindantes con la Reserva y con la propia Comunidad Lacandona, dueña de la mayor parte de los territorios de Montes Azules, estamos seriamente amenazadas. Las experiencias exitosas de proyectos sustentables en los que se benefician los dueños de la tierra, quienes han visto una mejora sustantiva en sus condiciones de vida, lejos de poderse replicar en la región, se encuentran en riesgo por las actuales condiciones de inseguridad e inestabilidad.

“Urge una acción coordinada entre el gobierno federal y el estatal con los actores locales, para establecer un acuerdo con dos componentes: 1) aplicar programas de inversión para la generación de empleos y el incremento de los ingresos para la población que habita legalmente Montes Azules -incluyendo tanto ejidatarios como pobladores avecindados en estos ejidos- y 2) comprometerse a respetar la integridad de la Reserva de la Biosfera Montes Azules.

“La solución de este problema debe incluir dos principios básicos: el bienestar de la población y la conservación del patrimonio natural nacional. Está demostrado que esto se puede lograr.

“PD. Agradezco profundamente a todos quienes han manifestado su solidaridad; sus expresiones inyectan energía a los que trabajamos para sentar las bases del desarrollo sustentable y la conservación del patrimonio natural nacional en esta región única de nuestro país.”