Se niega CEDH a emitir recomendación a la Procuraduría, por caso de tortura

•  Está semana llegará a Chiapas el relator especial de la ONU para la tortura

Advertencia uno:

Al finalizar este texto es muy posible que se quede con la impresión de que en Chiapas no existe la justicia, y que las y los ciudadanos estamos en un estado de indefensión. También es probable que la crónica le suene inverosímil y que piense que tantos atropellos no pueden ser posibles. Todo está documentado.
Advertencia dos:
A lo largo del texto se hablará de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) –antes Consejo Estatal de Derechos Humanos-. De la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la familia Orantes Constanzo –dueños del equipo de futbol Guerreros de Chiapas – .

Aurora Rossete también fue agredida por policías cuando intentó defender a su hermano. Foto: Sandra de los Santos/ Chiapas PARALELO.

El robo

El 16 de abril del 2011 entraron a robar a la casa de Giussepina Constanzo Ceballos en Tuxtla Gutiérrez, lugar donde prestaba su servicio como chófer Miguel Ángel Rossete. Se llevaron una caja fuerte.
Miguel Ángel fue llevado por elementos policíacos a las galeras de Seguridad Pública con engaños. “Me dijeron que me iban a llevar a rendir mi declaración ante el ministerio público” relató en su denuncia.
En ese lugar fue golpeado y asfixiado por varias horas. No fue el único trabajador de la casa que terminó su día en las galeras de Seguridad Pública. María Cristina Cruz López, trabajadora doméstica de la familia también fue torturada. “Escuchaba sus gritos. La tenían en otro cuarto”. En la noche dejaron libres a ambos.
El 18 de abril del 2011 Cristina y Miguel Ángel interpusieron una queja ante, el ese entonces, Consejo Estatal para los Derechos Humanos y la Secretaría de la Función Pública por abuso de autoridad.

La tortura

En su dictamen la CNDH determina que es altamente probable que el daño que sufre Miguel Ángel fueron causados por actos de tortura.

“Me tienen en las galeras de Seguridad Pública. Veme a buscar allá. Ahí me vas a encontrar muerto” le gritó Miguel Ángel Rossete Méndez a su hermana Aurora, mientras lo subían a empujones a una camioneta.
El 26 de abril del 2011, Miguel Ángel estaba seguro que iba a morir. Aún no terminaban de sanar de los golpes que le dieron 10 días antes, cuando fue detenido por sujetos vestidos de civiles y llevado una vez más a las galeras de Seguridad Pública.
El extenso expediente, que carga su hermana sobre el caso, da cuenta cómo ese día fue golpeado, asfixiado y lo amenazaron con darle descargas eléctricas en los testículos.
En la tortura no sólo participaron elementos policiacos, según dice Miguel Ángel, también Gabriel Orantes Constanzo y Gerardo Orantes Coutiño, quienes llegaron a insultarlo y golpearlo en varias ocasiones mientras era sujetado por los policías. Al final sus carcelarios lograron su objetivo: se declaró culpable.
Miguel Ángel les aseguró a los policías que tenía la caja fuerte en casa de su madre, que lo llevaran para allá, que ahí se los iba a entregar.
«Me asomé por la ventana y vi a mi hermano todo golpeado y que sólo venía con una camiseta. Estaba con varios hombres vestidos de negro y encapuchados. Me pedía que le abriera.
“Catearon toda la casa, mientras jaloneaban a mi hermano de un lado para otro. Le preguntaban dónde estaba la caja fuerte y él les dijo que sólo les había dicho que ahí estaba para que su familia viera qué le estaban haciendo.
Ahí mismo lo golpearon, delante de nosotras –su madre, hermana y dos de sus sobrinos menores de edad-. Cuando me metí para que no lo siguieran golpeando me golpearon a mí también, y a uno de mis hijos, que en ese entonces tenía siete años, lo amenazaron con una metralleta. Mi hermano se agarraba de los muebles, de dónde podía para que no lo sacarán de la casa”.
“Me tienen en las galeras de Seguridad Pública. Veme a buscar allá. Ahí me vas a encontrar muerto” le gritó Miguel Ángel Rossete Méndez a su hermana Aurora, mientras lo subían a empujones a una camioneta.

El peor día de su vida

Cuando Aurora habló por teléfono con su familia al municipio de La Concordia para decirles que Miguel Ángel había sido detenido y golpeado, la respuesta del otro lado de la bocina fue que también se habían llevado a su padre y a su otro hermano.
Para la familia Rossete ese día ha sido el peor. Mientras Miguel Ángel estaba en las galeras de Seguridad Pública; su padre estaba en medio de la carretera siendo golpeado por elementos de la misma corporación; y su otro hermano, Carlos también era torturado en una casa en el municipio de La Concordia.
Aurora, la única mujer de la familia, acababa de parir y fue golpeada por los policías cuando intentó defender a su hermano. Por horas los buscó en todas las corporaciones policíacas. Nadie le daba respuesta. Interpuso una denuncia por desaparición. Pasaron más de 24 horas para que supiera que sus familiares estaban golpeados y arraigados en la Quinta Pitiquitos, un lugar ubicado en Chiapa de Corzo que sirvió como casa de arraigo.

Quinta Pitiquitos

La primera queja ante la CEDH la presentó el propio Miguel Ángel el 18 de abril del 2011.

A los cinco días de haber sido detenido el padre y hermano de Miguel Ángel fueron liberados, él se quedó arraigado.
Gabriel Orantes Constanzo y Gerardo Orantes Coutiño entraban a la quinta a amenazar a Miguel Ángel las veces que querían con el consentimiento de los responsables del lugar.
Para la familia Rossete no era necesario que los Orantes les repitieran una y otra vez las influencias que tenían en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Era evidente. “¿Por quién movilizarían decenas de patrullas y más de un centenar de policías en un solo día?” Se pregunta Aurora y ella misma se responde: “Si le roban a Usted o a mí le aseguró que no, pero ellos tuvieron toda la procuraduría a su disposición”.

Las incongruencias

Mientras Miguel Ángel Rossete estuvo arraigado en la Quinta Pitiquitos, al menos 10 personas más estaban ahí también por haber robado la casa de los Orantes. Todos se habían declarado culpables. Pero solo, Miguel Ángel fue trasladado al Amate por ese delito.
En la denuncia en contra de Miguel Ángel, en donde se le inculpa del robo, se lee “caminando por las calles de Tuxtla Gutiérrez nos encontramos a un denunciante anónimo que acusa a Miguel Ángel Rossete como culpable del robo a la casa de Giussepina Constanzo”. “¿Qué clase de investigación puede ser esa?” pregunta Aurora, una maestra de profesión que en los últimos dos años ha pasado mucho tiempo en dependencias de gobierno pidiendo audiencias –ni una le han dado-; centros de derechos humanos y juzgados.
La única persona que culpó directamente a Miguel Ángel es un joven de nombre José de Jesús Estrada Caballero, quien extrañamente declaró haber robado la caja fuerte junto con Miguel, pero su familia mostró un video y una acta de matrimonio en donde el día y la hora del robo fue testigo de una boda. Salió libre.
La familia Orantes no se pone de acuerdo en cuánto al monto de lo robado. Giussepina Constanzo Ceballos dijo en su declaración ministerial que era 450 mil pesos. Aldo Rosato y José Luis Orantes Constanzo –actual subsecretario del deporte del gobierno del estado- aseguraron que era un millón 530 mil pesos.

Su libertad

A los tres meses de haber sido detenido, Miguel Ángel obtuvo su libertad por falta de pruebas, pero meses después un juez giró orden de reaprehensión en su contra por el mismo delito.
Miguel Ángel huyo. Está prófugo desde el 2011. No le teme a ser encarcelado, si no a que lo vuelvan a torturar y que ahora sí lo maten.

La comprobación de la tortura

El 13 de mayo del 2011 el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas le aplicó el protocolo de Estambul a Miguel Ángel Rossete. –La prueba que se aplica para comprobar si se ha sido víctima de tortura-. Salió positiva. La fiscal del ministerio público de la Fiscalía de Distrito Metropolitana, Sonia Sánchez Hernández firmó como testiga de la prueba.
En agosto del 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aplicó, a petición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante la insistencia de la familia, el protocolo de Estambul a Miguel Ángel. Salió nuevamente positivo. La CNDH comprobó mediante un examen psicológico, físico y judicial que hubo tortura.
La CNDH emitió el dictamen a la CEDH y le sugirió emitir una recomendación a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Hasta ahora no lo ha hecho.
“El presidente de la comisión se ha negado a recibirnos. Hemos pedido copias certificadas del dictamen de la CNDH y se niegan a entregárnoslo. ¿Quién nos defiende a nosotros como ciudadanos? “.

 Las denuncias

La familia Rossete ha interpuesto desde el 16 de abril del 2011 alrededor de 35 denuncias en contra de funcionarios públicos y particulares por diferentes delitos: tortura, amenazas, desaparición y abuso de autoridad. Ninguna de las denuncias ha prosperado y todas fueron atraídas por la Fiscalía Especializada en Asuntos Relevantes, la única que depende directamente del Procurador de Justicia del Estado.
El expediente por el caso, que tiene la familia, rebasa el metro de altura. Han solicitado audiencia con el gobernador, Manuel Velasco y lo hicieron, en su tiempo, con Juan Sabines. Ninguno los recibió. Con el Secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez; el procurador de justicia, Raciel López Salazar y el titular de la CEDH, Juan Oscar Trinidad Palacios. El silencio ha sido la respuesta.
Esta semana la familia Rossete se reunirá con el relator de la ONU sobre el tema de tortura, Juan Méndez, quien se encuentra en una visita oficial en México desde el pasado 21 de abril.
La familia Rossete sigue teniendo miedo. Pero no ese miedo paralizador, sino del otro, el que los obliga a moverse para poder garantizar el regreso de Miguel Ángel, y contribuir para que nadie más pase por lo que ellos han padecido.