Relator de la ONU contra la tortura llega a Chiapas, por alta incidencia de esta práctica

A Gabriel Domínguez Escobedo lo detuvieron y torturaron hasta la muerte, 13 elementos de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE); a Miguel Ángel Rosette García, personal de esta misma dependencia lo torturó, para favorecer a  la familia Orantes Constanzo; Haber Audentino García Villafuerte y los hermanos Andrés y Josué López Hernández, fueron torturados en las cárceles de Bochil, Huixtla y Pichucalco,  respectivamente, para que se reconocieran culpables de un delito que no cometieron.

Estos son sólo algunos de los casos que esta semana serán presentados ante el Relator Especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas ) sobre la tortura, Juan E. Méndez, quien esta semana llega a Chiapas, como parte de una gira de trabajo por México.

El Relator Méndez tiene planeado reuniones con un centenar de funcionarios federales y estatales, tanto ministros como militares y magistrados, y visitas a cárceles y puestos migratorios; además de organizaciones que han documentado caso de tortura.

En días recientes ha visitado el Distrito Federal y de los estados de Baja California y Nuevo León. Llega a Chiapas por existir en esta entidad una alta incidencia de actos de tortura, cometidos en su mayoría por la PGJE y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

El funcionario de la ONU terminará su visita el 2 de mayo con una  conferencia de prensa durante la cual compartirá sus conclusiones y sus recomendaciones.

El caso de Gabriel Domínguez Escobedo, una muestra

Gabriel Domínguez Escobedo fue detenido el 11 de abril del año 2012, entre las 21:30 y las 22:00 horas; por elementos de la Policía Especializada de la PGJE, y de la Policía Municipal de Reforma, en presencia del Fiscal del Ministerio Público de Reforma Esgar Benjamín Estrada Cervantes.

Según testimonios el día de los hechos Gabriel se encontraba en su domicilio, cuando allanaron su domicilio y lo detuvieron sin ninguna orden de aprehensión. De acuerdo a lo que documentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), testigos refieren que policías ingresaron un perro en el domicilio, ahí le ocasionaron heridas graves, por las mordeduras del perro, y por los golpes que con las manos y las armas, le propinaron los policías.

Lo subieron a una camioneta, y en el transcurso del trayecto lo siguieron golpeando hasta causarle la muerte. Luego, lo llevaron al Centro de Salud de la localidad, a donde sus familiares lo encontraron, ya muerto.

“Preguntamos a un doctor si esos policías habían dejado a Gabriel, quien contestó que los policías habían dejado a una persona fallecida. Pasamos a verlo y nos dimos cuenta que era él [Gabriel] que estaba totalmente golpeado, con marcas de botas en su pecho, tenía mordidas de perro en el cuerpo. Además el cuerpo estaba todo morado con mucha tierra en su rostro y en su boca”, denunciaron sus familiares.

En la revisión del expediente penal quedó evidenciada la presencia de 14 personas implicadas entre integrantes de la Policía Municipal, Policía Especializada y el Ministerio Público, quienes incluso señalan en sus declaraciones haber estado en el lugar de los hechos y responsabilizan de la privación de la vida de Gabriel a los tres Policías Municipales de la patrulla 044 quienes trasladaron a Gabriel al hospital y posteriormente se dieron a la fuga sin ser detenidos hasta el momento.

En este caso, refiere el Frayba, se cometieron los delitos de Privación Arbitraria de la Vida, Tortura, Integridad y Seguridad Personal, Violaciones a las Garantías Judiciales. Sin embargo, a las personas involucradas sólo se les acusa de homicidio y abuso de autoridad.

Tortura como “método de investigación”

En Chiapas –explicó el Frayba en conferencia de presa efectuada el pasado 15 de abril- se sigue incurriendo en la tortura, usando métodos sofisticados con la finalidad de no dejar señas en el cuerpo y quebrar la voluntad de las personas.

El Frayba ha documentado esta práctica mediante la aplicación del Protocolo de Estambul llevada a cabo por médicos y psicólogos peritos en la materia.

La información documentada “confirma la recurrencia a la tortura como un método de investigación criminal, usada por corporaciones policiacas, tanto municipales, estatales como federales, así como por elementos del Ejército mexicano y Marina”.

La intencionalidad principal sigue siendo obtener información o una confesión firmada por parte de la víctima. Es decir, en Chiapas la tortura es utilizada para la obtención de pruebas ilícitas aceptadas por los jueces para dictar sentencias condenatorias, explicó el organismo.