Desplazados de San Antonio, alojados donde fue un prostíbulo

Habitantes de San Antonio, en Sa Cristóbal de las Casas, se enfrentaron por la posesión de un terreno. Foto: Salvador Diaz Gomez

• Intentaron sin éxito hablar con el gobernador Manuel Velasco
• No hay condiciones para un retorno seguro

Próximo a cumplirse un mes de que integrantes de un grupo armado dio muerte a un niño, más de un millar de indígenas tzotziles no han conseguido regresar a sus hogares, en la comunidad San Antonio del Monte.

Los tzotziles que vive en un salón donde funcionó el prostíbulo “Palacio del rodeo”, cumplirán el próximo 15 de abril, un mes desde que dejaron sus hogares a raíz de que un grupo armado irrumpió en la comunidad, para atacarlos a disparos de arma de fuego.

Hace tres días en el “refugio”, la indígena María Hernández dio a luz un niño y desde el primero momento recibe atención de médicos de la Jurisdicción Sanitaria Número 2.

Este miércoles, el visitador adjunto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Óscar Takeshi López Moreno, visitó a los mil 011 indígenas que el 15 de abril dejaron sus hogares por la violencia que impera en San Antonio del Monte.

El martes, una comisión de los desplazados intentó hablar con el gobernador Manuel Velasco Coello, pero no lo consiguieron.

Por lo que hoy una comisión de funcionarios, encabezada por la Subsecretaría de Gobierno se trasladaron hacia la comunidad, para negociar el regreso de los desplazados.

Hasta la noche del miércoles no había acuerdos que permitan el regreso de los tzotziles a sus hogares.

La coordinadora de Gobierno en la región Altos, Ysolina Lacroix, dio a conocer que se atiende el problema de los desplazados.

El 15 de abril, un grupo armado irrumpió en la comunidad San Antonio del Monte, donde un niño perdió la vida y diez hombres más resultaron heridos.

A tres semanas de los hechos, no hay ningún detenido por la muerte del menor, según informó un grupo de organismos no gubernamentales.

En el refugio, los desplazados reciben atención de médicos de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, mientras que el ayuntamiento les proporciona alimentos y Protección Civil, les da agua.

Los habitantes del lugar han acusado a Narciso Ruiz Sántiz de encabezar al grupo armado que irrumpió en la comunidad, pero éste ha deslindado de los hechos.