Casos de tortura en Chiapas, serán llevados a la ONU

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado diversos actos de tortura. Foto: Cortesía

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), anunció que entregará un informe documentado al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas cueles, inhumanos o degradantes, sobre casos de tortura en Chiapas.

Juan Méndez, el Relator, visitará México del 21 de abril al 2 de mayo. A él le será presentado el caso de Haber Audentino García Villafuerte y los hermanos Andrés y Josué López Hernandez, quienes fueron torturados en las cárceles de Bochil, Huixtla y Pichucalco,  luego de ser aprehendidos con acusaciones prefabricadas.

Estas personas recientemente fueron absueltos y liberados al no encontrarse pruebas suficientes para condenarlos.

Los hermanos López estuvieron en la cárcel  tres años, dos meses y nueve días y García Villafuerte estuvo ocho meses encarcelado, en ambos casos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos insistieron, en que se estaba violentando derechos fundamentales de los detenidos.

Los tres testimonios confirman, dicen los activistas, “que en las prisiones del estado de Chiapas las personas indígenas son discriminadas y ultrajadas pero por temor a represalias en su contra y a sus familiares, no denuncian los actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

Además, agregó el organismo, “cuando la tortura es evidenciada la acción de justicia queda ausente porque no se investiga”, que es lo que ocurrió en estos y en otros  casos en donde los sobrevivientes de tortura, están dispuestos a denunciar los actos cometidos contra su integridad, pero “se encuentran con un sistema de procuración de justicia incapaz de darles protección y apoyo adecuado; por el contrario, los casos permanecen en la impunidad”.

“En Chiapas –lamento el Frayba- se sigue incurriendo en esta violación de derechos humanos usando métodos sofisticados con la finalidad de no dejar señas en el cuerpo y quebrar la voluntad de las personas. El Frayba ha documentado esta práctica mediante la aplicación del Protocolo de Estambul llevada a cabo por médicos y psicólogos peritos en la materia”.

La información documentada “confirma la recurrencia a la tortura como un método de investigación criminal, usada por corporaciones policiacas, tanto municipales, estatales como federales, así como por elementos del Ejército mexicano y Marina. La intencionalidad principal sigue siendo obtener información o una confesión firmada por parte de la víctima. Es decir, en Chiapas la tortura es utilizada para la obtención de pruebas ilícitas aceptadas por los jueces para dictar sentencias condenatorias”.

También han constatado que el momento de mayor vulnerabilidad de las víctimas es el tiempo transcurrido entre la detención y la presentación ante la autoridad correspondiente, durante ese periodo que puede ser de horas e incluso días, es cuando se realizan la mayoría de los actos de tortura.

Pero la presentación de la víctima ante el Ministerio Público no garantiza el cese de la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de actos de hostigamiento e intimidación, hacia ellos o su familia. Cuando alguna de las víctimas indica al Ministerio Público o al Juez que fue objeto de tortura, estos funcionarios constantemente ignoran lo denunciado.

Por los hechos de tortura, el Estado es responsable por acción directa y por omisión de sus funcionarios, ya que una vez perpetrada la tortura, y conociendo el hecho, no intervienen para sancionar a los responsables, permitiendo así continuar esta grave violación a los derechos humanos, indicó el organismo que preside el obispo Raúl Vera López de Saltillo.

Los activistas exigieron que esta práctica se erradique, y se respeten de manera irrestricta los derechos a la vida e integridad personal, así como el acceso a la justicia.