Será obligatoria la evaluación a los docentes en Chiapas
La evaluación a los maestros será obligatoria de no someterse a ella, serán retirados del servicio docente de acuerdo a las reformas y adiciones a la Ley de Educación del Estado de Chiapas que se aprobaron ayer en el Congreso del Estado y con lo que queda armonizada la legislación local con las reformas educativas a nivel federal.
En Chiapas el magisterio federalizado y la disidencia de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pretendían ponerse en resistencia y no someterse a la evaluación. Uno de los puntos que habían demandado al gobierno de Chiapas era que la evaluación no fuera obligatoria al armonizar la Ley, pero en el dictamen que se aprobó ayer quedó especificado que tendrá ese carácter.
En los transitorios de la Ley se señala que si no se cumplen con los parámetros en la evaluación a la tercera ocasión se da la readscripción, es decir dejará sus funciones frente a grupo y será asignado a un área administrativa, pero se hará respetando sus derechos laborales como: sueldos, antigüedad, prestaciones y aumentos.
El artículo 25 de la referida Ley en Chiapas dice: “El proceso de evaluación deberá ser sistemático, integral, obligatorio, científico y periódico; deberá promover la participación de todos los actores educativos y se realizará cumpliendo las formalidades, procedimientos y lineamientos que para tal efecto expida el instituto en términos de la ley respectiva. Los resultados serán objetivos, observables, transparentes, ciertos y públicos”.
En el caso de los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español.
Las escuelas no serán privatizadas
Las reformas y adiciones a la Ley de Educación en Chiapas contemplan la tan mencionada autonomía de gestión. Las y los maestros, durante el movimiento magisterial, señalaron que esa autonomía de gestión implicaba la privatización de la educación.
En el artículo 23 se manifiesta: “Las escuelas públicas tendrán autonomía de gestión, entendida como el conjunto de acciones que permite a estas tomar decisiones para su mejor funcionamiento, conforme a la legislación aplicable. En este sentido deberán administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciban del Estado, con base en su planeación anual de actividades. La autonomía de gestión no implica la privatización de las escuelas ni de elemento alguno del sistema educativo”.
La propia Ley señala en ninguno caso las autoridades educativas podrán obligar a los padres de familia, alumnos o maestros a realizar trabajos de mantenimiento en los centros escolares, así como tampoco exigir pago alguno que condicione el acceso a la educación.
Las reformas educativas generan mayor presupuesto, sin embargo en los transitorios de la Ley se especifica: “Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente reforma de ley se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para tal fin al sector educativo para el ejercicio fiscal de que se trate, lo cual se llevará a cabo de manera progresiva con el objeto de cumplir con las obligaciones que tendrán a su cargo las autoridades competentes, derivadas de la presente ley”.
Nuevo organismo educativo
En el artículo 26 de la nueva Ley de Educación del Estado queda señalado: “corresponde al poder ejecutivo del Estado coadyuvar con el instituto en el diseño, instrumentación y vigilancia de los procesos de evaluación desarrollados en el marco del servicio, a través de un organismo con autonomía técnica y administrativa que para tal efecto cree”. Este nuevo organismo tendrá tres meses para ser creado.
Es una buena medida, en primer lugar para asegurar que los docentes tengan las mejores cualificaciones, y también para mejorar el nivel de educación en la región en general,.