No debe acallarse la libertad de expresión en Chiapas, con montajes judiciales

AL GOBERNADOR MANUEL VELASCO COELLO

A LA OPINIÓN PÚBLICA

El pasado 04 de febrero, la Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), Adolfina Solís Ramos, emitió el Acuerdo Judicial que dejó en claro que no existen elementos para continuar la investigación en contra de la familiar de la periodista Sandra de los Santos. Se recibió copia del acuerdo el pasado 17 de febrero, a través del Juzgado Federal.

A la familiar de Sandra de los Santos,  el ex funcionario público -tanto del gobierno de Juan Sabines Guerrero como de Manuel Velasco Coello- José Luis Zebadua Maza, intentó involucrarla en un delito.

El funcionario se presentó en julio del 2013 a interponer una denuncia por el delito de extorsión que se habría cometido en el 2012, en el que involucraba a la familiar de Sandra de los Santos. El ex funcionario, quien presentó la querella siendo consejero del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), hizo la denuncia sin ser él la persona afectada, sino, según dijo, un familiar. (¿Qué autoridad acepta iniciar un proceso judicial por una denuncia que es interpuesta por un tercero y no por la parte directamente agraviada?).

Desde la forma en que se levantó la denuncia se incurrieron en diversas irregularidades: la persona supuestamente agraviada no fue llamada para ratificar la denuncia, sino hasta después que  la familiar de Sandra de los Santos se presentó ante la Ministerio Público y pidió, expresamente, fuera citada a comparecer.

Cuando la persona supuestamente agraviada se presentó a declarar señaló que NO conocía a la familiar de Sandra de los Santos, y que NUNCA participó en los hechos  que estaba denunciando.

Esto contradijo al ex consejero electoral José Luis Zebadúa Maza, quien al presentar la denuncia señaló que un sujeto le hablaba por teléfono a su familiar para extorsionarla, y le pedía depositar dinero a nombre de la familiar de Sandra de los Santos.

El ex funcionario argumentó que NO contaba con las pruebas de que se realizaban los depósitos porque el supuesto extorsionador le pedía a su familiar romper las fichas de depósito.

En ningún momento existió algún elemento de prueba o indicio que justificara se  iniciara un proceso en contra de la familiar de Sandra de los Santos. Cuando se investigó la cuenta bancaria, en la que supuestamente se hacían los depósitos, se encontró que sólo existían seis transferencias electrónicas que van de los 321 pesos a los mil pesos, todas ellas de procedencia legal.

Ante estos hechos, NO tenemos ninguna duda que la prefabricación de este delito tuvo como único fin amedrentar el trabajo periodístico que venimos realizando desde el portal de noticias Chiapas Paralelo.

No es la primera vez que se utiliza el aparato de justicia para tratar de coartar la libertad de expresión de quienes integramos el Grupo Editorial de Chiapas Paralelo.

La familiar de Sandra de los Santos es una persona transparente y honorable. Su actividad es ajena a cualquier actividad pública. La prefabricación de este delito le ha causado un desgaste emocional y económico. Vemos como responsables de esta situación no sólo a quienes la quisieron involucrar de forma premeditada, sino también al Estado, que no fue garante de sus derechos.

A pesar de lo evidente de la prefabricación del delito, la familiar de Sandra de los Santos pidió que se continuará la investigación y se desahogarán todas las diligencias. Después de ellas es que la Fiscal del Ministerio Público, Adolfina Solís Ramos, determinó concluir la investigación judicial en contra de la familiar de la periodista por NO existir elementos o indicios en su contra.

Con este acuerdo queda cerrada la investigación judicial con la que se pretendió acotar la libertad de expresión del Grupo Editorial de Chiapas Paralelo.

• Reiteramos que la libertad de expresión no debe ser amenazada con montajes judiciales.
• Reiteramos que no seremos rehenes de grupos políticos, ni serviremos a sus intereses.
• Es responsabilidad del Estado, y su gobierno, ser garantes de la libertad de expresión, lo que en este caso no cumplió; ya que por omisión o comisión, fue el aparato de justicia que depende del gobierno estatal, el que sirvió para el montaje.
• En este contexto, mientras se siga dando este tipo de acciones, queda en evidencia que no hay una plena garantía de la Libertad de Expresión en Chiapas.
• Nos mantendremos alertas, y defenderemos el Derecho a Saber de la ciudadanía, no permitiendo que acoten nuestra Libertad de Expresión.

Atentamente

Grupo Editorial de Chiapas Paralelo

Sandra de los Santos

Isaín Mandujano

Ángeles Mariscal

Sarelly Martínez Mendoza

Carta abierta al gobernador del estado,  Manuel Velasco Coello