Sin garantías de seguridad, familias desplazadas regresarán a recoger su cosecha

Privación arbitraria de la libertad, secuestro, tortura, desplazamiento forzado y despojo, han sido cometidos contra de las personas que no están de acuerdo con las decisiones impositivas de las autoridades comunitarias del ejido Puebla, en Chenalhó. Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, indígenas desplazados del ejido Puebla, de Chenalhó, actualmente refugiadas en Acteal,  regresarán a sus parcelas para cosechar sus sembradios de café. Explicaron que lo harán aún cuando consideran que no hay garantías para salvaguardar su integridad física.

Los tsotsiles que en agosto pasado abandonaron sus hogares luego que evangélicos los agredieron y amenazaron en el marco de la disputa por un predio donde se ubica un centro religioso, informaron en conferencia de prensa que la jornada de corte de café será del 17 al 27 de enero.

Explicaron que esta medida la realizan porque el café es de su propiedad, y su cosecha les permitirá resolver algunas de sus necesidades económicas. “Nosotros tenemos la necesidad económica de contar con ese recurso que junto con el maíz y el frijol es la base del mantenimiento de nuestras familias», dijeron.

El Centro de Derechos Humnos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) hizo notar la responsabilidad del Estado mexicano “ante probables hechos de difícil o imposible reparación que puedan suscitarse en la zona».

Explicó que existe una grave omisión de autoridades estatales y federal, luego de cuatro meses y medio del desplazamiento forzado de 98 personas.

El organismo consideró que han sido reiteradas las omisiones en que han incurrido autoridades para resolver un conflicto. “Tras innumerables reuniones que hemos sostenido con representantes del gobierno estatal y federal, corroboramos que el tema del desplazamiento forzado lleva consigo múltiples violaciones de Derechos Humanos, y el caso ha sido desestimado por las autoridades quienes proponen tratamientos administrativos sin atender procedimientos mínimos de justicia”, explicó el centro humanitario.

Durante la conferencia, denunciaron que las peticiones mínimas puestas ante el gobierno del estado en Chiapas por las familias desplazadas para generar condiciones para el retorno a su comunidad no han sido atendidas; entre ellas la restitución del predio que les fue despojado”.

Los desplazados piden también que se aclare públicamente “el falso rumor de envenenamiento del agua potable del ejido Puebla”, y se establezcan medidas de reparación del daño cometido en su contra, comenzando por resultados prontos y efectivos ante las tres averiguaciones previas contra sus agresores, que obran en la Fiscalía de Justicia Indígena adscrita a la Procuraduría Generalde Justicia del estado de Chiapas.

Activistas anunciaron que acompañarán la difícil desición que las familias desplazadas han tomado de acudir a recoger su cosecha de café a sus tierras de cultivo en el ejido Puebla, junto a organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos.

Explicaron que el caso de las familias desplzadas del ejido Puebla, evidencía la impunidad con la que autoridades de distintos niveles siguen protegiendo a actores locales que están polarizando las comunidades indígenas, en su afán de desestructurar y desmantelar el tejido comunitario que favorece propuestas organizativas, como la autonomía.