Polémica por cierre de bares y cantinas en Chiapas

Procuraduría de Chiapas ha cerrado 201 bares y cantinas. Foto: Cortesía

Propietarios, administradores y trabajadores de bares en la frontera sur y de la costa de Chiapas, se manifestaron en el Palacio Municipal de Tapachula, para protestar por la clausura de sus negocios, unos 210 de acuerdo a la Procuraduría de Justicia de Chiapas.

Los propietarios dijeron que autoridades les cerraron su negocios en el marco de la “negociación” que quieren hacer las autoridades por la iniciativa de ley que envió al Congreso para prohibir el otorgamiento de licencias de uso de suelo para los denominados «giros negros».

Al decir de los manifestantes, con el cierre de sus negocios lo que pretende el gobierno no es terminar con el problema de trata de personas o el alcoholismo, sino extorsionarlos para que entreguen cuotas a policías municipales y otras autoridades.

Los propietarios cumplen una semana de cierre, mismo que se realizó bajo el argumento de que no cuentan con la licencia de funcionamiento del 2014. “Nosotros tenemos una prorroga de 60 días para cumplir con este requisito”, dijeron.

En Chiapas la Procuraduría General de Justicia (PGJ) mantiene clausurados 210 bares. En Tapachula, el resto cerró por cuenta propia para evitar sanciones económicas.

«Ya ahorita no estamos trabajando por el miedo porque cada rato llega el operativo, a mí ya me sellaron una vez; tuvieron a mi hijo ahí en el reclusorio dos meses (.) Si de eso vivimos para la escuela, para todo nos sirve (.) Que nos dejen trabajar porque es no patrimonio, no estamos haciendo otra cosa mala», dijo Lidubina Vidal, propietaria de un bar en la costa.

En la manifestación que se llevó a cabo el pasado martes, también protestaron propietarios a los que la Procuraduría acusó del delito de trata de personas. Al no comprobárselos los dejo en libertad y hoy exigen sean resarcidos los daños morales.

«Nos encarcelaron sin comunicación, con engaños; yo nada mas por no tener la licencia del 2014. Nos ponen ahí como tratantes de niñas y eso es una calumnia», dijo Esperanza Avendaño.

De acuerdo a informes de la Procuraduría, en tan sólo una semana se cerraron 210 establecimientos, porque “se detectó la falta de licencia para el uso de suelo, falta de medidas de protección civil, venta de bebidas a menores de edad, explotación sexual y laboral, y la falta de cumplimiento a las medidas sanitarias”.

La dependencia dijo que estos operativos se logró el rescate de siete víctimas de trata de personas, quienes eran explotadas sexualmente en bares de los municipios de Tapachula, Palenque y Villacomaltitlán.

La Procuraduría de Chiapas apuntó que la iniciativa busca reformar la Constitución Política del Estado de Chiapas; la Ley Orgánica Municipal; la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley de Salud del Estado de Chiapas.

Esta medida –dijo- prevé que los centros nocturnos, bares, discotecas, antros, cantinas o centros botaneros se conviertan en lugares de promoción y explotación sexual, principalmente de menores, mujeres, personas con discapacidades o migrantes.

De acuerdo al Artículo 70 de la Constitución Política del Estado, los Planes de Desarrollo Urbano Municipal deberán establecer la prohibición de usos de suelo para los centros donde se presentan espectáculos, así como, centros botaneros, bares, discoteques, centros nocturnos, cabarets, cantinas, y otros análogos con personas desnudas o semidesnudas.