Mujeres migrantes se suman a protestas por cierre de bares y cantinas

Manifestacion por cierre de bares y cantinas. Foto: Benjamin Alfaro

Tapachula. Decenas de mujeres trabajadoras migrantes con actividad de meseras en bares y cantinas de Chiapas, se sumaron a las protestas de propietarios y administradores de negocios de los llamados giros negros, por la clausura y en otros casos el cierre obligado derivado de los operativos policiacos aplicados por la Procuraduría General de Justicia del Estado, para presuntamente verificar el pago de la licencia 2014.

“Necesitamos que habrán los negocios para que sigamos adelante, no le estamos haciendo ningún mal a nadie, ni nosotros ni los dueños de bares; que nos dejen luchar, que nos dejen salir adelante”, demando Edith, una trabajadora migrante.

En el tercer día de protesta los inconformes llegaron a la Unidad Administrativa, que alberga las oficinas del Gobierno de Chiapas en la Frontera Sur; además se pronunciaron a las afueras del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para exigir una explicación.

“Ellos dicen todos que no saben nada, ellos no dan ninguna respuesta; el problema que ahorita no tenemos ni para movernos, yo para poderme moverme tuve que prestar para poder pagar la combi”, evidencio otra migrante nicaragüense, Pastora Laguna.

Con pancartas los administradores y trabajadoras denunciaron robo, acoso y abusos de autoridad de parte de las autoridades judiciales de Chiapas; aunque en otras consignas los agraviados exigen la destitución del Procurador General de Justicia, Raciel López Salazar.

“Los agentes del ministerio publico de la fiscalía me robaron 20 mil pesos, chantajearon a mi mujer que le dijeron de que si ella no conseguía ese dinero me iban a dar de 25 a 30 años de cárcel, ya que en una cantina estaba yo tomando con una menor de edad, cuando nunca fue así. Los mismos judiciales agarraron a esa menor de edad que estaba tomando en esa cantina y me lo fueron a sentar en mi mesa y hay pruebas y hay testigos”, acuso, Manuel Paz, otro agraviado.

La clausura a los negocios cumple ya 9 días y los inconformes aseguran que las protestas subirán de tono, hasta que la misma Procuraduría de una explicación del porque sanciona faltas administrativas, que por ley corresponden a la Secretaria de Salud de Chiapas.