Indígenas organizadas cuidan su salud reproductiva

Texto y fotos: Itandehui Reyes Díaz

Tanto en las zonas bajo control del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y en comunidades indígenas del estado de Chiapas, las mujeres se organizan –no con dificultades– para hacer valer sus derechos sexuales y reproductivos.

Ante la incapacidad de las instancias de gobierno para procurarles el derecho a la salud, las indígenas impulsan diversos proyectos que recuperan el conocimiento tradicional de las parteras y el uso de plantas medicinales.

Ubicada en la quinta de San Martín en los márgenes de San Cristóbal de las Casas, en 2003 comenzó la construcción del centro de formación y capacitación de Kinal Antzetik (Tierra de Mujeres en tzeltal), organización civil precursora del trabajo con indígenas en esta entidad.

Claudia Vázquez Pérez, colaboradora del área de salud de Kinal Antzetik-Chiapas, proviene de una comunidad rural cercana al municipio de Nicolás Ruiz. Estudió becada en la escuela de partería profesional CASA, ubicada en Guanajuato.

Claudia misma desconocía qué tan cercana estaba de la sabiduría preservada generación tras generación: “Ahora capacitamos a las promotoras de salud de las comunidades que van  acompañar a las mujeres al hospital, también les enseñamos cómo preparar los tés medicinales, aunque ellas son las que nos comparten los conocimientos de sus madres y abuelas”.

La tarea no es nada sencilla –observa–; hay que dar talleres de salud sexual a indígenas que sienten vergüenza de nombrar todas las partes de su cuerpo. Con ayuda de videos y lenguaje sencillo se les explica en su lengua cómo prevenir el Virus del Papiloma Humano (VPH), las infecciones de transmisión sexual (ITS), y el uso del condón.

Aunque la organización no cuenta con abasto de anticonceptivos, proporciona la información sobre estos métodos. Cuando consiguen alguna donación de preservativos “rápidamente se acaban acá”, comenta Vázquez Pérez.

Estado en el olvido

De acuerdo con datos oficiales, Chiapas ocupa el tercer lugar nacional en número de embarazos en adolescentes y el último sitio en cifra de usuarias de métodos anticonceptivos.

Con una población de 4.8 millones de habitantes, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, cerca del 80 por ciento de la población carece de seguridad social. Además 30 de cada 100 personas habla una lengua indígena.

Se ha documentado también que el desabasto de anticonceptivos en la entidad es preocupante. De acuerdo con el “Monitoreo Directo de la Atención en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes”, elaborado por grupos civiles en Chiapas, en las unidades médicas de las localidades rurales hay en promedio en existencia 28 condones masculinos y sólo dos inyecciones anticonceptivas por cada mil habitantes.

También se detectó una clara necesidad insatisfecha de anticonceptivos (NIA) y la tasa de fecundidad en adolescentes se mantiene elevada, con 89 hijas o hijos por cada mil mujeres de entre 15 y19 años de edad, según la última Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid), elaborada por el Inegi.

De acuerdo con el monitoreo, en cuatro unidades médicas de las localidades de Las Margaritas, Francisco I. Madero, Suchiapa y Pacú, había únicamente 32 cajas de pastillas de anticoncepción de emergencia (PAE), 800 inyecciones, 26 dispositivos intrauterinos (DIU), 13 implantes y mil 200 condones masculinos.

A lo anterior se suma que en comunidades de menos de 15 mil habitantes la edad promedio para iniciar la vida sexual es de 17 años. Asimismo, por cada 10 mujeres en edad reproductiva sólo tres utilizan un método anticonceptivo, según la Enadid.

La investigadora Diana Reartes Peñafiel, autora del proyecto “Jóvenes indígenas en procesos migratorios e implicaciones en la salud sexual y reproductiva en los Altos de Chiapas”, impulsado por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Sureste, explica que al emigrar a los centros urbanos las jóvenes indígenas desean postergar el matrimonio y la maternidad, sin embargo ante la falta de información o acceso a anticonceptivos, ellas se enfrentan a embarazos no deseados.

“Saben  que tendrán que casarse o regresar a la comunidad”, afirma, y por ello recurren a sobadoras o parteras, o buscan la manera de abortar aunque en condiciones inseguras.

En Chiapas la interrupción del embarazo está tipificada como delito. El aborto se permite sólo bajo tres causales: si el embarazo es consecuencia de violación sexual, si el producto tiene malformaciones congénitas, y si la vida de la mujer corre peligro debido a la gestación.

Chiapas forma parte de las 17 entidades federativas que desde 2008 modificaron sus constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, con lo que se abrió paso a restricciones en el derecho al aborto y a una criminalización de las mujeres por interrumpir sus embarazos.

Vida cotidiana

Son las 4 de la tarde y Gloria Sánchez Gallegos recibe a la reportera en su casa consultorio por el Periférico Sur, ya en los límites entre San Cristóbal y el municipio de Teopisca. Atiende a una mujer embarazada y luego llegan otras dos.

De origen tzotzil, desde 1982 es partera por aprendizaje, sabiduría que le transmitió su suegra en una comunidad cercana al municipio de Huitiupán. Treinta años de experiencia la hacen una de las parteras más confiables y recurridas de los alrededores.

Gloria también soba (da masaje) y durante los partos usa hierbas para el dolor, unas las siembra y otras las compra. “Hay jóvenes que llegan ya embarazadas”, revela en voz quedita y me piden “que les regrese la luna… está de moda eso entre las muchachitas de las escuelas”.

Mientras, durante el vigésimo aniversario del levantamiento del EZLN –el pasado 1 de enero–, la comandanta Hortensia recordó que en 1994 las comunidades indígenas de Los Altos de Chiapas no tenían nada, “ningún servicio de salud ni educación que sea del pueblo. Hemos empezado a vivir la autonomía y la libertad según las y los zapatistas”

Recientemente durante la llamada “Escuelita Zapatista” –proceso en el que una familia simpatizante o militante del EZLN recibió en su casa a una invitada o invitado durante cuatro días–, las y los “alumnos” guiados por un “guardián” o “guardiana” pudieron conocer de cerca los trabajos colectivos para la construcción de la autonomía.

En tres de los cinco “Caracoles”, especie de corazón administrativo de un conjunto de Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (Marez), hay clínicas. Destaca el hospital autónomo “La primera esperanza de los sin rostro de Pedro”, en la zona Selva fronteriza que cuenta con quirófano, laboratorio de análisis clínicos y de herbolaria.

La Clínica “Comandanta Ramona”, en La Garrucha, cuenta con ultrasonido y ambulancia, así como La Guadalupana, en Los Altos, que atiende las 24 horas a la población zapatista y no-zapatista que acude ante el maltrato que recibe en las instancias oficiales.

Las y los promotores de salud de cada comunidad acuden al “Caracol” y son capacitados durante una semana al mes, en cursos de higiene y prevención, anatomía, diagnóstico y medicina tradicional. Además la promoción de salud general cuenta con hierberas, parteras y hueseras.

En algunos Marez existe una clínica general donde acuden a parir las mujeres cuando no lo hacen en casa como es la costumbre.

Hay también una coordinación dedicada a la Salud Sexual y Reproductiva, pero su trabajo es asimétrico en cada uno de los MAREZ, debido a las condiciones geográficas, políticas y económicas que enfrenta cada localidad.

Si bien la “Ley Revolucionaria de las Mujeres Zapatistas”, proclamada en 1993, contempla en su artículo tercero que “las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar”, es una realidad que no todas ellas conocen cómo ejercer este derecho.

Por ejemplo, en una pequeña comunidad de 16 familias en el Marez San Manuel, una mujer preguntó con ayuda de una traductora cómo hacer para no tener tantos hijos, ya que a sus 33 años de edad ya tenía siete pequeños, y decía que era “muy cansado y que no conocía métodos anticonceptivos”.

Otro hombre comentó en “castilla” (español) que su esposa de 22 años ya había tenido cuatro hijos, pero no deseaba operarse porque aún era muy joven y sabía de algunos métodos pero que “dañan a la mujer”.

En algunas comunidades zapatistas el uso de anticonceptivos está asociado al control gubernamental, toda vez que en las pasadas décadas miles de DIU fueron colocados a mujeres indígenas sin brindarles información y sin su consentimiento, como parte de una impositiva política de control natal.

Así, con muchas dificultades y a su propio ritmo, las y los indígenas construyen un sistema de salud autónomo que preserve lo mejor del conocimiento ancestral en materia de salud.