Indígenas de Chenalhó, crean Contralorías para exigir transparencia, pero son reprimidos

Indígenas tsotsiles de Chenalhó, presentan el Consejo de Contralorías Comunitarias en el municipio de Chenalhó. Fotos: Isaín Mandujano/Chiapas PARALELO

Presentan la campaña “Del presupuesto al hecho… que no haya trecho”. Foto: Isaín Mandujano/Chiapas PARALELO

En un hecho sin precedente en México, como fue calificado hoy, indígenas de diversas comunidades del municipio de Chenalhó, hicieron suyo el derecho de acceder a la información pública y promover la transparencia, al crear su Consejo de Contralorías Comunitarias (CCC), sin embargo las represalias no se han hecho esperar.

Un grupo de indígenas de la comunidad de Javaltón, en ese mismo municipio, tendrán que pagar una multa de 4 mil pesos, pedir perdón público, dar dos rejas de refrescos, pero sobre todo, renunciar a formar parte de las Contralorías Comunitarias, que promueven la rendición de cuentas de las autoridades.

A casi un año de trabajar en cursos y talleres con organizaciones civiles que les enseñaron que pedir la rendición de cuentas no es un delito sino un derecho ciudadano, por eso hoy, hombres y mujeres indígenas de la etnia tsotsil salieron a presentar la campaña por la transparencia municipal “Del presupuesto al hecho… que no haya trecho”.

“Desde hace varios veces nosotros y nosotras, indígenas tsotsiles de varias comunidades del municipio de Chenalhó, Chiapas, hemos estado capacitándonos y trabajando para aprender derechos y exigirlos; hemos aprendido de dónde vienen los recursos municipales y más aún, hemos aprendido que los recursos son públicos y por eso debemos cuidarlos”, dijo  Mariano Arias Pérez de la comunidad de Canolal, en Chenalhó.

Agregó que todos juntos aprendieron que existe algo que se llama Transparencia y Rendición de Cuentas y que son obligaciones de las autoridades: “Aprendimos que tenemos Derecho a Saber, que tenemos derecho a pedir información pública porque nos respalda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo sexto”.

Los efectos de la represión por ejercer su derecho de acceso a la información se empiezan a resentir. Este grupo de indígenas de Javaltón, fueron ya sancionados por ejercer su derecho a saber. Foto: Isaín Mandujano/Chiapas PARALELO

En la conferencia de prensa, dijeron que aprendieron quee informados y organizados es posible trabajar para exigir sus derechos y que con esto se hacen más responsables del rumbo de sus comunidades porque  desean una ciudadanía participativa. Y que aprendieron que sí se pueden hacer cambios para que las autoridades hagan mejor su trabajo.

“En los meses anteriores tres comunidades lograron tener buenas negociaciones con base en los expedientes técnicos de sus obras públicas, es decir, haciendo uso de sus derechos.

Pero también aprendimos que el camino por la Transparencia y la Rendición de Cuentas no es fácil y que en el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública hay mucho desconocimiento y negación”, dijo Patricia Pérez Gómez de la comunidad de Poconichim, también de Chenalhó.

Pero que hasta el día de hoy por haber hecho solicitudes de información sólo han recibido negativas, castigos, amenazas e incluso ayer expulsiones de sus compañeros de la comunidad de Javaltón, y que su única acción que disgustó a las autoridades, fue el haber realizado una solicitud de información y participar en talleres de capacitación de derechos.

En Javaltón, tras una asamblea orquestada por el agente municipal del PRI, Roberto Pérez Pérez, ordenó la cancelación de sus derechos agrarios y como colono de Mariano Gutiérrez Rodríguez y cuatro más de sus compañeros, Miguel Nicodemo Díaz Méndez, Manuel Pérez Vimajel,  Sebastián Pérez Pérez y Juan Gutiérrez Ruiz de 80 años de edad.

Mariano Gutiérrez Rodríguez, lidera al grupo amenazado. El tiene que pagar una multa de 4 mil pesos y ha perdido sus derechos agrarios. Isaín Mandujano/Chiapas PARALELO.

Mariano Gutiérrez Rodríguez, si quiere regresar a su comunidad y se le restituyan sus derechos, deberá pedir perdón públicamente, pagar una multa de 4 mil pesos y renunciar a formar parte de las Contralorías Comunitarias, en tanto sus compañeros tendrán que pedir perdón, dar dos rejas de refrescos y renunciar a ese organismo de rendición de cuentas. El grupo dijo que ellos son militantes del PVEM y que las autoridades que han empezado a acosarlos y perseguirlos son del PRI.

Cabe recordar que el pasado el 5 de octubre del año, el presidente municipal de Chenalhó, José Arias Vázquez, de filiación priísta, promovió la firma de un Acta de Acuerdo en donde se acusó a la organización que los ha asesorado “Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes”, de estar agitando y mal informando a los indígenas para desestabilizar el municipio.

Mediante esa acta de acuerdo se les prohibió la entrada al municipio y que de hacerlo serán juzgados por los usos y costumbres.

“Nosotros decimos que estamos en contra de que por los usos y costumbres se justifiquen este tipo de actos que violentan nuestros derechos y los de demás”, dijo Patricia Pérez Gómez de la comunidad de Poconichim.

Patricia Pérez Gómez dijo que al crear el Consejo de Contralorías Comunitarias de Chenalhó, lo que buscan es que deje de existir una mala administración de los fondos y que los recursos se ocupen de buena manera, con materiales a precios justos y de buena calidad y que eso se refleje en sus comunidades y en el mejoramiento de los pobladores.

Al presentar públicamente el Consejo, dijo que este está integrado por 15 representaciones de comunidades de Chenalhó y es dirigido  por una coordinación colectiva.

El indígena tsotsil Juan Gutiérrez Ruiz de 80 años de edad, llora ante la incertidumbre en que viven por exigir rendición de cuentas de sus autoridades. Foto: Isaín Mandujano/Chiapas PARALELO.

“Queremos contribuir al buen desarrollo de nuestros pueblos, no somos expertos, algunos no sabemos leer, ni escribir, ni hablamos bien español, pero estamos seguros y seguras de que queremos usar las leyes que nos respaldan para defendernos ¡ya basta de que las autoridades nos prometan cosas que no cumplen y se aprovechen de nosotros!”, aseguró Patricia Pérez Gómez.

“Queremos conocer más sobre nuestros derechos y compartir con más personas que el dinero no es del gobierno, sino de todos y todas las que pagamos impuestos y es por ello que hay que exigir a los servidores públicos que hagan bien su trabajo porque se deben a los pueblos. Nosotros no estamos buscando pelear con nadie, simplemente estamos ejerciendo nuestros derechos y no dejaremos que las autoridades sigan decidiendo sin tomarnos en cuenta”, agregó la activista.

En el panel también estuvieron Lorenzo Pérez Gómez de Yaxalumil, Domingo Pérez Méndez de Pechiquil y los activistas que han asesorado a los indígenas en hacer efectivo su derecho a saber Deyanira Clériga Morales y Lucio Díaz González, de la Coalición de Indígena Migrantes de Chiapas.

El grupo pidió al gobierno estatal garantice que se respete el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y sobre todo que se garantice la convivencia comunitaria, para que nadie sea molestado por hacer valer sus derechos.