Gobierno incumple protocolo de desalojo en operativo violento contra campesinos

Aspecto del desalojo en Berriozabal. Foto: Frayba

El desalojo forzado de 75 familias tsotsiles -integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente – Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Emiliano Zapata-, la destrucción, saqueo y quema de viviendas, robo de pertenencias, con resultado final de una mujer de la tercera edad agredida, cinco personas heridas y cuatro más detenidas arbitrariamente, es el saldo del operativo de desalojo que el pasado 22 de enero efectuó la policía de Chiapas.

En una denuncia pública que dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), explica que de acuerdo al testimonio de las y los agraviados, en el operativo hubo un uso desproporcionado de la fuerza contra quienes habían fundado el poblado Joaquín Miguel Gutiérrez, en Berriozabal.

Al llegar los policías no mostraron ninguna orden de desalojo, y a las 8:30 am del 22 de enero, iniciaron la acción que duró cerca de cuatro horas. Participaron  800 elementos de la Policía Estatal Preventiva, Policía Ministerial, Policía Municipal de Berriozábal quienes usaron gases lacrimógenos tipo “3420 37/38 MM RIOT CN POWDER MUZZLE BLAST”, toletes, garrotes, palos y portaban armas de fuego.

El Frayba señala que el operativo fue efectuado sin observar el “Protocolo de desalojos por parte de las corporaciones de policías y seguridad del Estado y los municipios de Chiapas”, y dio como consecuencia grave la agresión con gases lacrimógenos contra una mujer de 75 años de edad.

También un hombre con quemadura en la cartilágine de la oreja izquierda producida por gas lacrimógeno y hematoma en el abdomen; un hombre con herida por garrote en la ceja izquierda; un hombre con una escoriación en la costilla por quemadura producida por un tiro de gas lacrimógeno; un hombre con herida por garrote en la sien derecha; un hombre con heridas en la ingle por golpes.

En el operativo se detuvo a Josué Isaí Pérez Vázquez, José Rafael Gómez Juárez, Hiram Méndez Vázquez y Josué Pérez González, quienes luego de ser golpeados, fueron encarcelados en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14 (El Amate), Cintalapa.

El Frayba denunció que en este y otros caso hay una violación sistemática a los derechos humanos cometida por el gobierno del estado de Chiapas a través de sus funcionarios y servidores públicos en actos como: agresiones, tratos crueles inhumanos y degradantes, tortura, privación arbitraria de la libertad.

“Este Centro de Derechos Humanos, documentó múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por los elementos policiacos del estado de Chiapas, como son el derecho a la: integridad y seguridad personal, libertad, seguridad ciudadana, protección frente al abuso de poder, respeto a la honra y reputación; además derechos de las mujeres, de las niñas y los niños, de las personas adultas mayores, que se cometieron en la ejecución del operativo violento. Derechos incluidos en instrumentos internacionales que el Estado mexicano se comprometió a proteger, respetar y garantizar de acuerdo a su promoción, firma y ratificación; entre ellos están los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, concluyó en su informe.