Revela SFP presuntos actos de corrupción en concesiones de transporte público en Chiapas

La SFP auditó el período de enero de 2012 a febrero del 2013 y encontró una serie de «irregularidades» que al parecer no se han solventado ni sancionado.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) auditó y encontró diversas “irregularidades” y presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Transportes de Chiapas en la gestión que va de enero del 2012 a febrero del 2013, por lo que giró instrucciones a su titular Mariano Rosales Zuart.

En un oficio dirigido por la SFP a Rosales Zuart y recibido en su despacho el pasado mes de octubre con el sello y folio número 584, la dependencia estatal le notificó que a petición de un grupo de transportistas organizados se dio a la tarea de auditar todo lo concerniente a la dictaminación, elaboración y expedición de permisos en las diferentes modalidades, principalmente en mototaxis y taxis turísticos.

Tras los actos de fiscalización de la SFP a la ST a los procesos de otorgamiento de de concesiones y permisos a cargo de la dirección de concesiones y autorizaciones en el periodo que va del 1 de enero del 2012 al 14 de febrero del 2013 se encontraron que 229 expedientes de persmisos nuevos expedidos en el ejercicio 2012, en las modalidades de bicitaxi y exotaxi no están  debidamente integrados.

La SFP encontró que en otros 230 expedientes de cambio de modalidad de bicitaxi a exotaxi, no cuentan con la firma del titular de la ST y carecen de diversas documentación que señala el Reglamento General de la Ley de Transportes del Estado de Chiapas. Casos que fueron turnados al área jurídica de la misma entidad fiscalizadora para que determine lo procedente.

En el oficio girado a Rosales Zuart y firmado por Pedro Cancino López, subsecretario de auditoría pública de la SFP, se señala que se realizaron 31 verificaciones por quejas y denuncias presentadas, de las cuales 13 se determinaron con presunta responsabilidad de servidores públicos de la ST, mismas que también fueron turnadas al área jurídica de la misma dependencia auditora.

Rosales Zuart llegó al cargo en marzo del 2013, pero los servidores públicos que presuntamente incurrieron en las «irregularidades», siguen en sus cargos.

La SFP enumeró al menos 13 de las irregularidades en su proceso de fiscalización. Dijo que se hicieron cambios de modalidad en cuatro concesiones para vehículos de carga a taxi sin tomar en cuenta las precisiones de la ley sobre la materia.

Al menos 15 juegos de placas que se encontraban resguardas por servidores públicos fueron “sustraídas”. Otras de las irregularidades encontradas es que se expidieron 16 órdenes de pago, consistentes en alta vehicular y emplacamiento a personas que no cuentan con concesiones para prestar el servicio público de transporte en la modalidad de taxi.

La SFP encontró “la presunta intervención” de servidores públicos en la compra de cinco concesiones. De igual forma no se siguieron las reglas para la cesión de derechos, no se cumplieron los trámites correspondientes.

La SFP detalla puntualmente otras irregularidades como el hecho de que “no haya coordinado, supervisado y no haber dado seguimiento a la ejecución del “Programa Taxista Vigilante”, para la total entrega de los electrodomésticos a los ganadores de los premios”. (sic).

“Por no ordenar al Departamento de Revocaciones, la instauración y resolución del procedimiento administrativo de revocación de una concesión. También pone énfasis en que no desde esa dependencia se autorizó a permisionarios del servicio de transporte especial tipo ecotaxi y por emitir órdenes de alta vehicular y de emplacamiento, sin observar los requisitos establecidos en la Ley de Transportes.

La SFP le pide a Rosales Zuart que si existeran casos particulares por violaciones al procedimiento en el otorgamiento de concesiones para prestar el servicio de transporte público, la entidad fiscalizadora estará atenta a recibir las evidencias correspondientes para que ejerza sus facultados de comprobación.

El documento remite copia al gobernador Manuel Velasco Coello y a su entonces titular de la ST, César Corzo Velasco.

Aunque no dicen en el oficio quienes son los servidores públicos implicados, de forma extraoficial se señala a Jorge Enrique Solórzano Cartagena, director de concesiones y autorizaciones. Otros presuntos implicados son Gutember Moreno Calcaneo, director de capacitación del sector; Francisco Lara Infante, director de registro y control vehicular; Lorena Flores Loranca, jefa de la unidad de apoyo administrativo.

Mariano Rosales Zuart fue nombrado como encargado de despacho de la ST en marzo del 2013 y  fue ratificado en el cargo el pasado 13 de agosto por el secretario de Gobierno. En este periodo ha empleado a familiares como su hermana Susana Rosales Zuart, que en el directorio electrónico no aparece su nombre, sólo su correo institucional srosales@st.chiapas.gob.mx, quien aparece como responsable del “área de evaluación y control”.

De igual forma su cuñado Marco Antonio Sarmiento Tovilla, funge como su Secretario particular, su sobrina Jessica Alejandra Sarmiento Gallegos se desempeña como jefa del departamento del área de convenios y contratos. Esto, entre otros nombramientos de presuntos miembros de su familia.