Gobierno de Chiapas reprime la protesta social, denuncia Frayba

Noé Hernández Caballero y Adela Gómez fueron detenidos el 15 de agosto de 2013. Foto: Cortesía

En el marco de la liberación de Noé Hernández Caballeo, l dirigente de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció que en Chiapas se judicializa, inhibe y reprime la protesta social.

A través de un comunicado, el centro humanitario que fundó el obispo Samuel Ruiz García, detalla que Noé Hernández fue liberado luego de pasar 127 días el injusta prisión, derivado de su negativa a firmar un “acuerdo de civilidad” con el gobierno de Chiapas, mediante el que se comprometían a no realizar ninguna manifestación pública para denunciar la falta de proyectos productivos para los integrantes de la ONPP.

“El pasado 20 de diciembre obtuvo su libertad, bajo la figura jurídica del desistimiento de la acción penal, tras ser detenido de manera arbitraria y con agresiones físicas y psicológicas, junto con su compañera Adela Gómez Martínez, el 15 de agosto de 2013”.

Añade el Frayba que la detención de Noé se inscribe en un patrón por parte del gobierno de Chiapas, que criminaliza a las organizaciones sociales contrarias a los intereses políticos estatales, por lo que judicializa y reprime a quien protesta, y especialmente a los representantes de las comunidades y movimientos.

“De la misma forma actualmente en Chiapas, hemos documentado otras injustas detenciones llevadas a cabo contra integrantes de organizaciones y movimientos que reivindican sus derechos, una de ellas es la de Elías Sánchez Gómez, campesino tseltal, privado arbitrariamente de su libertad el 7 de diciembre del 2011, mientras se encontraba en su milpa en el ejido Busiljá, Ocosingo. Hechos perpetrados por elementos de la Policía Estatal “Preventiva. Cabe señalar que Elías Sánchez Gómez se ha destacado en su comunidad por la lucha en la defensa de la tierra y por esta situación fue encarcelado y acusado injustamente por elementos de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) grupo de corte paramilitar que ha actuado en reiteradas ocasiones en contra de tierras recuperadas del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y en la Masacre de Viejo Velasco.

Otras privaciones arbitrarias de la libertad, aunque no forman parte de la represión a los movimientos sociales pero sí para inhibir a la población en general, son: la realizada en contra de María de Lourdes Ocaña Victorio detenida, con tratos crueles inhumanos y degradantes, el 17 de febrero de 2013, en Arriaga, por elementos de la policía especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) y quien en este momento se encuentra en el CERSS No. 14 El Amate.

Y la del joven Hiber Audentino García Villafuerte ocurrida el día 21 de julio de 2013, en Simojovel, arrestado sin que se le mostrara ninguna orden de aprehensión y con uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública, por elementos de la policía especializada de la PGJE. Actualmente se encuentra en injusta detención en la Cárcel Distrital de Simojovel con graves violaciones al debido proceso.

Cabe mencionar que la privación arbitraria de la libertad, lleva consigo numerosas violaciones a los derechos humanos como a la integridad y seguridad personal, a la libertad, al debido proceso, garantías judiciales, a la dignidad, honra y reputación, contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y otros instrumentos de carácter vinculante que el Estado mexicano se comprometió a observar frente a la comunidad internacional.