Protestas en Selva Lacandona, contra “ambientalistas” y para demandar liberación de indígenas

“Capitalismo verde” mantiene sujetos a habitantes de la Selva Lacandona. Foto: Cortesía

Denuncian que grupos asesorados por Julia Carabias, consultora del gobierno de Chiapas, impiden que habitantes de la Selva Lacandona decidan sobre el uso y destino del lugar.

Habitantes de varias comunidades ubicadas en la Selva Lacandona iniciaron un bloqueo por tiempo indefinido en la Carretera Transfronteriza, específicamente en el tramo que comunica Palenque con Benemérito de las Américas, para denunciar que grupos de “ambientalistas” impiden que se lleve a cabo acuerdo entre pobladores del lugar, para decidir el uso y destino de las tierras y los recursos del lugar.

Las protestas detonaron, luego que el pasado 16 de octubre, ocho indígenas integrantes de la Comunidad Zona Lacandona, fueron detenidos acusados de ecocidio, tras haber sido desalojados de la Reserva de Biosfera Montes Azules, lugar a donde se habían asentado con sus familias, buscando tierra para sembrar su milpa y poder sobrevivir.

Los lacandones que se manifiestan en la Transfronteriza demanda la liberación de los ocho indígenas, originarios de la comunidad Palestina, hijos de integrantes de la Comunidad Lacandona, continúan en prisión porque el delito de ecocidio, considerado grave en el Código Penal del estado de Chiapas.

También denuncian que organizaciones civiles disfrazadas de ambientalistas, encabezadas por Julia Carabias, se han adueñado de las tierras, fauna, flora y aguas de esa zona. Explicaron que estos grupos, entre los que forman parte directivos del gobierno de Chiapas y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), instalaron en la Lacandona mecanismos para limitar el uso y destino de los recursos, y dedicar gran parte de la selva a investigación, bioprospección, sin que esto se refleje en el bienestar de los indígenas de la zona.

Julia Carabias es integrante del Consejo Consultivo Nacional de Educar con Responsabilidad Ambiental (ERA) implementando por el gobierno de Chiapas. Foto: Icoso

De acuerdo a los manifestantes, estas acciones también han impedido que indígenas que habitan en la selva desde hace dos décadas, tengan demandas penales por “despojo”, y persista sobre ellos amenazas de desalojo, como en los casos de Ranchería Corozal, San Gregorio y Salvador Allende.

“En el 2008 después de analizar una serie de irregularidades por parte del sector agrario y ambiental decidimos por orden de la asamblea general buscar con los pueblos hermanos una reconciliación firme respetando los derechos de ambos, desafortunadamente por confiar en las instituciones ambientales y agrarias que de mala fe nos confrontaron con otros pueblos creyendo que su intensión era buena, pero al final nuestro análisis nos ha llevado a que siempre han lucrado con nuestra comunidad lacandona y que siempre seamos obedientes a sus decisiones y propósitos comerciales”, explican en un pronunciamiento los afectados.

Los indígenas de la Lacadona exigieron a los gobiernos federal, estatal y municipal respetar su derecho a al territorio y la libre determinación sobre el mismos. Por su parte, organizaciones que apoyan la demanda de los habitantes de la Lacandona, detallaron que desde más de 10 años han denunciado y demostrado que la Selva Lacandona se convirtió en un botín de estos grupos político-ambientalista, por los de valiosos y estratégicos bienes naturales que existen en ella.

Tal es el caso del agua con sus caudalosos cauces; la biodiversidad con sus bancos genéticos y plantas medicinales; la extensa cobertura vegetal y lo que ello implica en captura de carbono y regulación climática; así como la presencia de inmensas zonas de gran belleza escénica.

Julia Carabias con el delagado de la Semarnat en Chiapas. Foto: Cortesía

Entre estos grupos inmersos en lo que le llaman “capitalismo verde”, están agroalimentarias como Monsanto; farmacéuticas como Pfizer y Novartis; automotrices como Ford Motors Co.; embotelladoras como Coca Cola; además dey generadoras de energía eléctrica, “embozados todas, detrás de supuestas organizaciones no gubernamentales conservacionistas, en este caso concreto encabezados por la Fundación Conservación Internacional (CI), y Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, AC, y Natura Ecosistemas Mexicanos, AC.