Migrante víctima de trata exige visa humanitaria a México

Patricia Chandomi

Al quedar en libertad tras casi cuatro años en prisión –acusada injustamente por el delito de trata de personas–, la hondureña Estefanía Jazmyn Ramos Munguía demandó al Estado mexicano un visado humanitario para no ser deportada y evitar alguna agresión en su contra por parte de la red de tratantes que la trajo a nuestro país.

Originaria del municipio de Santa Rita, en el departamento de Yoro –uno de los más pobres de Honduras– Estefanía fue puesta en libertad el pasado 15 de noviembre al comprobarse graves violaciones a sus derechos durante su proceso.

Jazmyn fue detenida el 3 de mayo de 2010 y sentenciada a 27 años de cárcel por el delito de trata de personas en septiembre de 2011. Al momento de su aprehensión ella tenía 17 años de edad.

En marzo de 2010 la joven fue contactada en Santa Rita por Karen Julisa Vallecillo Castro, originaria también de Honduras, quien “enganchó” a otras mujeres para ofrecerles trabajo en México como meseras y cocineras. Les ofreció un sueldo de 2 mil pesos al mes.

“Karen me dijo que había vacantes para trabajar en Chiapas y me preguntó si yo conocía a alguien para que pudiera tener la misma oportunidad que yo”, relató Ramos Munguía.

Karen reclutó a Jazmyn, Ingris, Griselda, Tatiana, Elizabeth, Carmen, Nuri y Cecilia, ocho jóvenes en total de origen hondureño. La única menor de edad era Jazmyn.

Ninguna de las ocho jóvenes llevaba dinero ni papeles, ya que Karen les dijo que todos los gastos y el “arreglo” de la transportación correrían por su cuenta.

Las jóvenes se reunieron en la ciudad hondureña de La Ceiba y de ahí fueron transportadas a Guatemala. Las hospedaron en el Hotel El Ejecutivo y posteriormente fueron trasladadas a otro hotel, para finalmente ser llevadas el 24 de marzo de 2010 a localidad fronteriza de La Mesilla, en Chiapas. Ahí Ricardo Pinto López esperaba a las jóvenes y a Karen.

TRABAJO SEXUAL FORZADO

Ricardo era propietario del bar “El Titanic”, en Chamic, municipio de Frontera Comalapa. A este lugar fueron a parar las ocho jóvenes. Ahí trabajaban ya otras tres jóvenes (Biany, Yolany y Jaqui), con quienes se les prohibió cualquier tipo de comunicación.

“La misma noche que llegamos Ricardo nos puso a trabajar; primero a meserear, pero ya luego nos dijo que para que no se fueran los clientes debíamos bailarles de forma sensual y de ser necesario nos acostáramos con ellos”, narró Jazmyn.

“En un principio nos negamos y nos dejó sin comer; luego nos amenazó con hacerle daños a nuestras familias, que nos llevaría a migración y nos metería a la cárcel. Todas al final cedimos a la presión de Ricardo y Karen, pero otras dos huyeron: Elizabeth y Tatiana”.

Karen era la encargada del bar. Cada año, desde hacía por lo menos cinco años, iba y venía de Honduras para “enganchar” jóvenes y “refrescar” el bar.

PROCESO IRREGULAR

El 30 de abril de 2010 Griselda e Ingris pidieron auxilio a elementos de la Policía Estatal Preventiva y a la Policía adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes, dependiente de la Procuraduría estatal.

La policía buscó a Karen en el bar, luego de que Kathy –otra joven traída desde Honduras con los mismos engaños–, también la había denunciado por trata.

Al declarar Ingris que conoció a Karen a través de Jazmyn, ésta fue detenida y se le acusó del delito de trata sin que el Ministerio Público (MP) tomara en cuenta que era menor de edad, ya que de manera arbitraria la registraron como nacida en 1991, cuando nació en 1992.

Sin pruebas y sin acatar el Protocolo de Palermo, que señala  que es competencia exclusiva de las autoridades investigar la edad y el nombre correctos de las víctimas, el agente del MP Ernesto Alonso Alegría Puón solicitó el arraigo contra la menor de edad.

“Durante el arraigo fui víctima de tortura para confesar hechos delictivos que no cometí, también fui testigo de cómo torturaban a Ricardo Pinto”, dijo Jazmyn.

Sin los elementos suficientes de prueba que mostraran su responsabilidad, el 21 de mayo de 2010 se ejerció acción penal en su contra por los delitos de trata y asociación delictuosa.

Al día siguiente se remitió la averiguación previa al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Motozintla y el caso quedó registrado con la causa penal 11/2010. El 3 de junio de ese año el juez dictó auto de formal prisión contra la menor de edad.

El 20 de septiembre de 2011 la juez Zelmira Perla del Rocío Gutiérrez Beltrán le otorgó una sentencia definitiva por el delito de trata con una condena de 27 años de cárcel.

El 27 de septiembre Jazmyn interpone el recurso de apelación 406-A-1P02/2011, y en 2012 se notifica al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito de Motozintla las diversas violaciones a las normas esenciales del debido proceso.

Y es que en ningún momento las autoridades informaron del caso a la embajada o consulado de Honduras. Hasta 2012 se le giró un oficio a la representación diplomática, pero ésta jamás se presentó.

En los casi cuatro años de cárcel, Jazmyn fue trasladada al Penal 5 de San Cristóbal de las Casas. El pasado 15 de noviembre fue liberada ante las graves violaciones a sus derechos, constatados incluso por Marina Cruz Cruz, visitadora general de Tapachula, perteneciente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Una vez puesta en libertad, el juzgado dio aviso a las autoridades migratorias en Chiapas para que deportaran a Jazmyn, pero ella ahora solicita un visado humanitario para quedarse en México. Tal visado está contemplado en el Protocolo de Palermo para proteger a las víctimas de trata.

Jazmyn no quiere regresar a su país por temor a que la red de tratantes que la trajo a México pueda hacerle algo a ella o a su familia. Por ello, ahora está enfocada en obtener el documento que le permita una vida digna en esta tierra.