Gobierno de Chiapas sigue acusado ante la CIDH por tortura contra Ananías Laparra

Audiencia en la CIDH donde el gobierno de Chiapas se negó a reconocer su responsabilidad por el acto de tortura cometido contra Ananías Laparra. Representante pidió esperar la anuencia del gobernador Manuel Velasco Coello. Foto: Cortesía/Chiapas PARALELO

Representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) tratarán este lunes que el gobierno de Chiapas reconozca su responsabilidad en el caso de la tortura cometida contra Ananías Laparra y su familia, por parte de agentes de la Procuraduría de Justicia.

De aceptarlo, el estado Mexicano finiquitaría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno más de los casos donde se le acusa de encarcelar a personas inocentes, y someterlas a torturas.

En la audiencia ante la CIDH, que el pasado 30 de octubre sostuvieron la defensa de Ananías Laparra y representantes de los gobiernos de Chiapas y federal, los agraviados exigieron nuevamente que como parte de la “solución amistosa”, autoridades chiapanecas reconozcan la tortura, y con ello la inocencia de Ananías.

También que se repare el daño causado a él, a su esposa Rosa Godínez, y sus hijos José Ananías y Rocío.

Hechos

El 14 de octubre de 1999, Laparra Martínez, su esposa Rosa Godínez, y sus hijos –entonces de 14 y 16 años de edad-, fueron detenidos y torturados, para obligar a Ananías a reconocer el homicidio de Elvis Díaz Martínez, ocurrido en el municipio de Coacahotán. Ante la tortura, Ananías, analfabeta y de escasos recursos, firmó su culpabilidad y fue sentenciado a 28 años de prisión.

Durante 12 años, amigos, familiares y solidarios, lucharon para demostrar la inocencia de Ananías, lo que se logró hasta que la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, en Washington, Estados Unidos, retomó el caso y lo llevó a la CIDH.

En febrero de 2012, luego que la CIDH dictara medidas cautelares a su favor, Laparra –para entonces enfermo de cáncer- el detenido fue puesto en libertad  bajo la figura de “sentencia suspendida”. Sin embargo Ananías y su familia determinó continuar con la denuncia ante el organismo humanitario internacional, hasta que se reconozca su inocencia y se repare el daño causado a él y su familia.

Gobierno de Chiapas se niega a reconocer su responsabilidad

El pasado 30 de octubre, en la audiencia que sostuvieron las partes, se pidió nuevamente al gobierno de Chiapas que como parte de la “solución amistosa” a fin de que este caso no se llevé a la Corte Interamericana, reconociera su responsabilidad en las torturas cometidas, y las consecuencias que conllevaron para Ananías, su familia, y la Justicia en México.

La Segob y Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de México aceptaron el acuerdo en esta negociación que ya tiene carácter internacional, sin embargo el representante de la Procuraduría de Justicia del gobierno de Chiapas se opuso a reconocer la tortura cometida por sus agentes, hasta en tanto no tenga la anuencia del gobernador Manuel Velasco Coello.

A fin de finiquitar el caso que forma parte de los informes que a nivel internacional ubican a México como un país con un alto índice de violaciones a los derechos humanos, representantes de la Segob se reunirán con los del gobierno de Chiapas.

Se espera que la administración de Velasco Coello acepte la petición del reconocimiento de responsabilidad, como se hizo ya en 2009 con Luis Rey García Villagrán, también sujeto a tortura para que se declarará culpable.