Alertan sobre desaparición y reclutamiento forzado de jóvenes de Chiapas, por carteles de la droga

Las desapariciones y el reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada, se extendió del norte, a los estados del sur de México.

A la comunidad La Arena, ubicada a cinco horas de la cabecera municipal de Ocosingo, llegaron en mayo pasado dos personas que dijeron ser empresarios agrícolas de Sonora. Ofrecieron trabajo como jornaleros a los jóvenes del lugar, un grupo de diez se fueron. Familiares  volvieron a saber de ellos cuando uno, herido, logró avisar que los llevaron a un campos de cultivo de droga, de donde escapó.

Para el mes de octubre de 2012, la organización Voces Mesoamericanas Acción con los Pueblos Migrantes, tenía detectados los casos de 115 jóvenes originarios de comunidades rurales de Chiapas, desaparecidos luego que migraron para trabajar como jornaleros en otros estados del país. En dos de estas situaciones, se comprobó que los jóvenes fueron víctimas de reclutamiento forzado. A ellos, originarios de la zona Altos, grupos de la delincuencia organizada los llevaron con engaños a campos de entrenamiento en la Península de Yucatán.

“Se les dijo que tenían que hacer trabajos de jornaleros agrícolas, pero al llegar al lugar vieron que era campos de entrenamiento del narcotráfico, donde se les dio un entrenamiento paramilitar y sentenció a que tenían que permanecer por tiempo indeterminado, a riesgo de perder la vida o cobrar venganza con familiares, en caso de querer escapar”, explicó la organización.

Ante esta situación, la REMUI lanzó una alerta al Estado Mexicano, durante el Segundo Foro para evitar la Trata de Personas, en jóvenes indígenas en Chiapas.

Reclutamiento forzado

Los reclutamiento forzado no son nuevos en el país. En estados como Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León-Monterrey y el Estado de México, desaparecieron entre los años 2006 a 2012, más de 26 mil 500 personas.

De acuerdo a los comités de familiares de desaparecidos, en un número importante de casos se comprobó que las víctimas –casi todos jóvenes entre los 15 y 35 años- habían sido secuestradas mediante diferentes métodos, y eran obligados a servir a la delincuencia organizada.

Lo mismo eran obligados y obligadas a ser sicarios, que a trabajar en los campos de cultivo de droga, en los centros de procesamiento, en el área doméstica, o en el servicio sexual de quienes se dedican a esta actividad.

Sin embargo, al decir de Amparo Gutiérrez Reyes, coordinadora nacional de la REMUI, los casos de reclutamiento forzado o trata de personas se está extendiendo a los estados del sur del país, que tienen como denominado común altos índices de pobreza.

Chiapas, centro de potenciales víctimas

En el caso del reclutamiento forzado y la trata de personas, son el desempleo, la pobreza, el rezago, y la falta de productividad en el campo, condiciones que hacen que hombres y mujeres jóvenes se arriesguen a seguir a los reclutadores; quienes les ofrecen, principalmente a los hombres, trabajo como jornaleros agrícolas en el norte u otros lugares del país, con la promesa de sueldos atractivos.

Cuando llegan a su destino, detalla Amparo Gutiérrez, se dan cuenta que son sembradíos de droga. Ya no les permiten escapar.

La especialista explicó que durante talleres se sensibilización sobre la trata de personas, que llevaron a cabo entre los meses de agosto y octubre en comunidades de Yajalón y Ocosingo, encontraron que es en comunidades alejadas es que se está dando esta situación de manera cada vez más intensa.

“Dimos 15 talleres en diferentes comunidades, y en 4 de ellos recibimos testimonios de grupos que fueron llevados y no volvieron a comunicarse. Las personas refieren con mucho detalle cómo llegaron los reclutadores en camionetas, anunciaron la oferta de trabajo, y se llevaron a grupos de entre 10 y 15 jóvenes. Estos no han sido vueltos a ver”.

En uno de los casos, cuando los familiares fueron alertados de que sus hijos y hermanos podrían estar siendo obligados a trabajar con la delincuencia organizada, acudieron a la cabecera municipal de Ocosingo a presentar una denuncia penal por la desaparición.

La respuesta de la autoridad fue que ellos se fueron por su voluntad, y por tanto no había delito que perseguir, porque seguramente iban a regresar, explicó Amparo Gutiérrez.

Los familiares ya no pudieron dar seguimiento a la denuncia, por el costo que implica viajar desde sus comunidades de origen a la cabecera de Ocosingo.

“Esos testimonios los hemos escuchado también en Tabasco y Quintana Roo”, explicó.   La coordinadora de REMUI lanzó la alerta al Estado Mexicano, para evitar que se repita en el sur del país los casos de desapariciones que se dan con mayor frecuencia en el norte. En entrevista dijo que una de las formas de prevenir a los jóvenes para que no que sean víctimas del reclutamiento forzado y la trata de personas, es alertando a hombres y mujeres, a través de campañas informativas, y creando condiciones para que no tengan que migrar.