Impunidad ante desplazamiento forzado de 98 personas en Chenalhó

Privación arbitraria de la libertad, secuestro, tortura, desplazamiento forzado y despojo, han sido cometidos contra de las personas que no están de acuerdo con las decisiones impositivas de las autoridades comunitarias del ejido Puebla, en Chenalhó. Foto: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Organismos defensores de los derechos humanos dieron a conocer la omisión por parte del gobierno del estado, en el caso de la expulsión y agravios contra habitantes del ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó, cometidos por autoridades de la comunidad y personas ligadas a grupos de civiles armados.

Se trata de la expulsión de 98 personas, quienes actualmente se encuentran refugiadas con los sobrevivientes de la masacre de Acteal; de las amenazas con las que viven quienes se quedaron en el ejido Puebla.

Y en general de la privación arbitraria de la libertad, secuestro, tortura, desplazamiento forzado y despojo perpetrado en contra de las personas que no están de acuerdo con las decisiones impositivas de las autoridades comunitarias, acciones que empezaron hace 5 meses.

“La débil intervención del gobierno estatal en ordenar la investigación, deslinde de hechos y sanción correspondiente a las autoridades comunitarias responsables de incitar a la violencia contra la población inconforme del ejido Puebla, “ha derivado en una situación incontrolable”, explican Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT); Melel Xojobal; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada (CDHFP); Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC); Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ); Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI); Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ); ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE CC) y el Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C.

En un comunicado, los organismos refieren que la parte agraviada denuncio formalmente, en tres ocasiones, a sus agresores, sin que al momento autoridad alguna intervenga. Entre las personas que ubican se encuentran el actual comisariado ejidal Agustín Cruz Gómez (en adelante Agustín) y el agente rural Lorenzo Gutiérrez Gómez, así como los representantes de los diversos comités comunitarios tales como el patronato de obras Javier Cruz López, el comité de luz Lorenzo López Méndez, el comité de salud Diego Hernández López, el agente auxiliar Nicolás Sántiz Arias los hijos del comisariado Calixto y Benjamín Cruz Gómez y demás ex autoridades del ejido.

Estas personas, señalan “han permitido, alentado y participado en diversos y múltiples delitos y violaciones a derechos humanos tales como privación ilegal de la libertad, agresiones, despojo, allanamientos, robos, daños, quemas de casas, intento de homicidio y linchamientos, amenazas de muerte, violencia contra las mujeres, hostigamiento permanente y desplazamiento forzado de 98 personas que actualmente se encuentran en el campamento de Acteal, Chenalhó”.

Contrario a la negligencia con la que han actuado los responsables de la impartición de justicia en Chiapas, cuando los agresores acusaron a dos bases de apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de haber envenenado el agua; sí actuaron con celeridad.

Al momento, cinco meses después de iniciados estos hechos, continúan las violaciones a los derechos humanos y la indefensión de las víctimas y de sus familiares.

Por ello, los organismos humanitarios exigen cese inmediato de las agresiones, amenazas y hostigamiento contra los pobladores del ejido Puebla que no están de acuerdo con las decisiones impositivas de las autoridades comunitarias, garantías a la integridad y seguridad personal de las familias que se encuentran actualmente en el Campamento de Acteal.

Protección y garantías de seguridad a la población que decidió quedarse en el ejido Puebla y que vive bajo permanente hostigamiento. Se generen condiciones para que las personas desplazadas forzadamente puedan recoger su cosecha de café que representa el sustento de vida.

Se garantice el retorno inmediato forzadamente a sus tierras de las familias desplazadas forzadamente con absoluta y total seguridad atendiendo los motivos que originan la grave situación de desplazamiento forzado. S e investigue sobre los hechos y se finquen responsabilidades de todas las agresiones y violaciones a los derechos humanos

Esclarecimiento que revele la verdad sobre la situación del “agua envenenada”; y se tomen medidas preventivas y precautorias a efecto de evitar la repetición de nuevos hechos violentos.