Denuncia por la detención de Adela Gómez llega al Senado

Las hijas de Adela Gómez Y Noé Hernández, explicaron que sus padres fueron detenidos por solución a las demandas de las organizaciones sociales y campesinas. Foto: Ángeles Mariscal/Chiapas PARALELO

El Senador Alejandro Encinas propuso a la Cámara Alta del Congreso de la Unión un exhorto al gobernador Manuel Velasco Coello, y al Procurador del estado, para desistirse de las  acusaciones contra los profesores y activistas sociales, Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero, detenidos desde el pasado 15 de agosto y acusados de extorsión y motín, por haber participado en una manifestación campesina.

En el documento el Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) considera que la detención de los dos líderes campesinos son injustas, porque lo que se está castigando es el derecho humano a la protesta pacífica.

Por ello también propone un exhorto al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura del estado de Chiapas a valorar las irregularidades presentadas en el proceso jurídico que se les sigue.

Se solicita a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, realice las  investigaciones pertinentes, sobre presuntos actos violatorios de derechos humanos en este caso.

“Los profesores Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero son defensores de derechos de comunidades indígenas y campesinas y tienen un amplio trabajo social en el Estado de Chiapas, reconocido incluso  internacionalmente”, refiere. Los dos detenidos se encuentran recluidos en el penal «El Amate».

Los detenidos son  dirigentes estatales de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) del estado de Chiapas,  y regresaban de una fallida audiencia con el Secretario General de  Gobierno Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.

En este caso conviene recordar que durante la detención sus hijos Tania Rincón Gómez y Pavel Hernández también fueron detenidos cinco horas, y abusados de diversas maneras. “Por ello es necesario garantizar el derecho a la integridad y seguridad personal de esta familia”, señala.

“Este caso ha resultado paradigmático pues según consignan diversos medios se dio luego de que el gobierno estatal no ha podido establecer una mesa de diálogo y solución a las demandas de las organizaciones sociales y campesinas, lo que

llama la atención sobre una posible persecución política contra activistas sociales, dirigentes, líderes campesinos e indígenas en la entidad”.

A favor de la detención de los dos detenidos se han pronunciado activistas, defensoras de los derechos humanos, académicas, pastoras y religiosas, quienes han trabajado en diversos proyectos con Adela Gómez, y consideran que su detención es parte de la criminalización del movimiento social; y constituye una señal negativa, para que las mujeres puedan participar en la solución de sus demandas y  exigencia de derechos.