Patishtán, la justicia negada a un inocente en Chiapas

Sentado en su celda y escuchando el noticiero por la radio, Alberto Patishtán Gómez, recibió la mala noticia, los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF) con sede en esta ciudad,  le negaron la libertad en el último recurso jurídico que le quedaba ante la justicia mexicana.

Freddy Gabriel Celis Fuentes, Manuel de Jesús Rosales Suárez y el Secretario en funciones de magistrado Arturo Eduardo Zenteno Garduño, sepultaron todo intento legal en México para buscar su libertad y desoyeron toda la campaña nacional e internacional de quienes exigían su libertad.

Por parte de sus abogados, no queda otro camino legal que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Costa Rica para que atraiga el caso, dice Sandino Rivero, del gabinete Defensa Legal Estratégica de Derechos Humanos, AC.

El jueves 12, los tres magistrados resolvieron unos 20 expedientes, el último era el de Patishtán, sus amigos, familiares, así como activistas solidarios que se movilizaron en Tuxtla, San Cristóbal de Las Casas, la Ciudad de México y en muchas otras ciudades del país y del mundo donde estaban pendientes con la noticia, lloraron al conocer el fallo.

Sandino Rivero y Azucena Vargas, del mismo despacho jurídico estaban junto a dos observadores internacionales extranjeras y unos 200 indígenas que llegaron a esperar el fallo afuera del PJF.

Rivero dice que negarles la libertad era una de las tres alternativas que tenían previsto ese jueves.

Lo que ahora cuestiona es como la justifica federal libera a narcotraficantes como Rafael Caro Quintero o asesinos de periodistas como José Antonio Zorrilla, pero deja preso a indígenas luchadores sociales.

“¿Con que tesis argumentarán la negación de libertad lo magistrados? Considero que en la justicia federal prevaleció la discriminación por ser indígena y ser maestro en este escenario donde ser mentor se empieza a criminalizar en México”, dice Rivero.

Esa misma tarde del jueves viajó de Tuxtla a San Cristóbal de Las Casas, para dirigirse al penal y poder ver personalmente a Patishtán Gómez. Dice Rivero que se sorprendió al ver la entereza con la que el maestro rural indígena bilingüe tomó la noticia.

“Estaba preparada hasta para este escenario y no lo encontré quebrado, al  contrario, muy fortalecido”, dice Rivero.

Señala que en tanto ellos buscan la vía legal en la CIDH, otra alternativa que queda es que el presidente de la República le conceda el indulto al Patishtán Gómez.

Refiere que por parte del reo, en un gesto de dignidad, ha dicho que no solicitará el indulto, porque eso implica que acepte haber cometido  el grave delito de matar a siete policías. Pero que si el presidente de la República se lo concede de forma unilateral tampoco podría rechazarlo.

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello dijo el jueves 12 por la tarde al conocer la noticia que lamentaba la resolución y que ahora  lo que «debe proceder es el indulto”.

El 27 de agosto pasado, el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, visitó al profesor Patishtán Gómez en su celda del penal número 5 de San Cristóbal de Las Casas.

Acá dijo que la liberación de Patishtán, entre otros puntos, era “fundamental para generar los niveles mínimos de confianza” con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que permitan reconfigurar las condiciones para el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, y agregó que Osorio Chong, Secretario de Gobernación, “estuvo de acuerdo en que esa fuera la ruta de trabajo”.

Dijo en esa ocasión que no se buscaba el indulto para Patishtán Gómez, porque había confianza de que el fallo le fuera “favorable», pero el jueves 12 todo fue un duro revés.

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Alberto Patishtán Gómez, trabajaba como profesor en el sistema federal de los Servicios Educativos para Chiapas, durante dos años fue director del albergue escolar “Nicolás Bravo” en la comunidad “El Azufre”, del municipio de Huitiupan y luego director del albergue ubicado en la cabecera municipal, zona escolar 204 de la región de Bochil.

El trabajo de profesor lo desempeñó cinco años. Fue integrante del Consejo Central de Lucha de la región Norte, del bloque democrático magisterial de la CNTE y presidente de la organización económica, Sociedad de Solidaridad Social (SSS) del municipio de El Bosque.

Activo y crítico en la organización ejidal en El Bosque, considerado líder político “peligroso” por Manuel Gómez Ruiz, otrora presidente municipal, y Ramiro Miceli, diputado local.

Eran los años convulsos de Chiapas tras el levantamiento armado zapatista del 1 de enero de 1994 y tres semanas antes de que el PRI perdiera la presidencia de la República y la gubernatura de Chiapas:

La mañana del 12 de junio del 2000, siete policías estatales cayeron abatidos a tiros en una emboscada, esto en el paraje Las Lagunas de Las Limas municipio de Simojovel. El jefe policiaco de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Francisco Pérez Morales y cinco de sus subordinados, Francisco Escobar Sánchez, Rodolfo Gómez Domínguez, Guadalupe Margarito Rodrí­guez Félix, Arbey Vázquez Gómez y Francisco Pérez Mendoza. Así como el jefe policiaco municipal de El Bosque, Alejandro Pérez Cruz.

Los uniformados emboscados procedían del municipio de Simojovel hacia el poblado de El Bosque gobernado por Manuel Gómez Ruiz, con quien Alberto Patishtán Gómez tenía diferencias políticas desde tiempos de la jornada electoral en que fue candidato el primero.

En la emboscada donde perdieron los siete uniformados, sólo sobrevivieron Rosemberg Gómez Pérez hijo del alcalde que manejaba la camioneta y el policía estatal Belisario Gómez Pérez, que quedó entre los cuerpos de sus cinco compañeros muertos con quienes iba en la góndola.

La emboscada fue letal. Unos 100 disparos se hicieron en el acto. Eran hombres encapuchados que previamente habían preparado trincheras para esperar el paso de la unidad con los uniformados.

Tan pronto como ocurrieron los hechos se empezó a especular que ésta había sido obra de miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), incluso se dijo que podían haber sido miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y hasta un presunto grupo paramilitar como el que tres años atrás actúo en Acteal, Chenalhó, para agitar los días electorales previos al 2 de julio, jornada de los comicios federales.

Lo cierto es que una semana después fue capturado el maestro indígena bilingüe Alberto Patishtán Gómez, ni era zapatista, ni era del EPR y tampoco pertenecía a grupo político alguno.

Recuerda que su peor error fue enemistarse con el alcalde priísta Manuel Gómez Ruiz, cuyo hijo había resultado gravemente herido en la emboscada. Al igual que él, otro indígena fue detenido y torturado, acusado del crimen pero tres meses después liberado.

Desde el penal señala que fue víctima de tortura física y sicológica desde el momento en que fue detenido. Todos sus garantías individuales fueron violentadas desde un principio, pues su abogado defensor de oficio, un ladino, simuló defenderlo pero terminó de “hundirlo”.

A Patishtán Gómez le desestimaron los testigos a su favor que señalaban que el día de la masacre él estaba en el pueblo, dando clases en su escuela primaria. Sin embargo, pesaron en su contra los testigos que señalaban haberlo visto el día de la emboscada.

A Patishtán Gómez le sorprende que el ministerio público y el juez del ramo penal que lo sentenció a 60 años de prisión se hayan confabulado. En su defensa dijo que si los victimarios estaban parapetados y encapuchados como podría reconocerse a los atacantes.

Y que si los dos sobrevivientes quedaron moribundos en que momento pudieron identificar plenamente a sus atacantes.

Patishtán Gómez alegó en su defensa que nunca le encontraron armas, “ni un sólo casquillo de bala”, y que sólo no podía haber matado a siete policías y dejar heridos a dos más. Y mucho menos razón tendría para hacerlo pues su lucha política en su pueblo era civil y pacífica, nunca la armada.

 Pasaron largos años  y Patishtán desde la prisión no dejo de ser el activista y defensor de sus hermanos indígenas que siempre fue. Apoyaba como traductor a quienes caían presos, les señalaba de que lo acusaban y quienes. Les leía las copia de sus expedientes.

Se fue ganando el aprecio de sus compañeros. Su labor de maestro la llevó a prisión  donde enseñaba a leer y escribir a indígenas analfabetas. La cárcel para él era menos pesada si se mantenía ocupado ayudando a sus compañeros.

En ese proceso se ligó a los reos indígenas zapatistas con quienes mantuvo mucha afinidad por su labor en la resistencia civil ciudadana en El Bosque.

Se declaró adherente en La Otra Campaña del EZLN y se erigió como líder y vocero de los indígenas de La Voz de El Amate. A Patishtán Gómez lo querían los reos indígenas, la mayoría tsotsiles y otros tzeltales.

Casi todos fueron saliendo pero su pesada sentencia y acusación le impedía ver la libertad, por eso el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, hizo suya la defensa y al revisar su expediente se encontró con un cúmulo de irregularidades como violación al debido proceso.

Decenas de organismos no gubernamentales de Chiapas, de México y todo el mundo se han pronunciado por la libertad de Patishtán Gómez. Su rostro ha circulado por diversos países desde donde se reclama su libertad, principalmente de Europa.

Cientos de cartas se enviaron a las autoridade, jueces y magistrados para que se valore su libertad. Pero estos nunca las leyeron.

Justo un año antes de morir, el 26 de enero del 2010, el obispo Samuel Ruiz García llegó a su celda en el penal de Sam Cristóbal de Las Casas para entregarle el reconocimiento creado en su honor por diversas organizaciones, el reconocimiento “Jtatic Jcanan Lum” por su ardua labor en la defensa de los derechos humanos de sus compañeros presos.

Alberto Patishtán denunció en el año 2010 de que padecía glaucoma en los ojos, una enfermedad irreversible que opaca la vista lentamente. Su situación de salud se agravó por la nula atención médica que existe al interior de los Centros Estatales de Reinserción y Readaptación Social.

Como castigo a esta lucha por su libertad y por la defensa de los derechos humanos fue trasladado el 20 de octubre de 2011, mientras se encontraba en huelga de hambre con los Solidarios de La Voz del Amate, al Centro Federal de Readaptación en Guasave, Sinaloa, México, en donde estuvo varios meses a más de 2000 km de su familia.

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