El encarcelamiento como mecanismo de control social

Cientos de personas permanecen en prisión por oponerse a intereses políticos, sociales o económicos. Foto: Red de Medios Libres

‘‘Aquí les entrego a los compañeros; yo aquí todavía me quedo, pero no hay que perder la esperanza’’, dijo Alberto Patishtán el pasado mes de julio, cuando ocho reos alcanzaron su libertad, a raíz de los ayunos y huelgas de hambre que desde hace más de una década implementan presos injustamente detenidos.

En esa ocasión  Alberto Patishtán Gómez salió hasta las puertas del penal de San Cristóbal, para  despedir a los liberados. El acompañamiento que él ha dado a reos de distintas cárceles de Chiapas, sobre todo de origen indígena, logró la liberación de media centena de personas que han sido encarceladas por motivos políticos, sociales, o por no contar con recursos económicos que les permitan defenderse.

Sin embargo, cientos, acaso miles de hombres y mujeres injustamente detenidos permanecen en prisión; y el escenario actual no es mejor, las protestas sociales que han generado las llamadas reformas estructurales implementadas por el presidente Enrique Peña Nieto, hace prever un escenario donde esta situación se podría agudizar.

Criminalización de la protesta social

La lista de presos injustamente detenidos –ya sea por motivos políticos o sociales- es interminable. Sólo este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha documentado más de 30 casos.

Estos son sólo algunos que han logrado hacer al centro humanitario la denuncia sobre su encarcelamiento, miles más permanecen en el anonimato, o acuden a otros organismos para buscar apoyo.

Al decir del director del Frayba, Víctor Hugo López, el número de detenciones arbitrarias aumenta cuando grupos, comunidades o personas se enfrentan a alguna crisis económica o política, y se resisten a ella.

Ya desde su informe de 2007, el Frayba detalló que las violaciones que, cometidas por agentes del Estado o particulares en contubernio con autoridades de distintos niveles, han tenido como objetivo desaprobar, desmovilizar, castigar y erradicar toda expresión de inconformidad social que se genere en la sociedad por distintas causas.

Para ello, el Estado activa distintos mecanismos de control y represión que se expresan en: hostigamiento, amenazas, discriminación, estigmatización, desalojo forzado, reubicación, represión, detención ilegal, tortura, fabricación de delitos, reformas al código penal tipificando nuevos delitos, persecución a defensores, encarcelamiento y en algunas ocasiones llega hasta la muerte.

Estos actos configuran la tendencia de represión hacia toda manifestación de la sociedad de reclamo que demanda el cumplimiento de derechos sociales y  políticos. A este fenómeno de represión por parte del Estado se le denomina criminalización de la protesta social; y se prevé se agudice en México y en Chiapas ante la resistencia que ha generado las llamadas reformas estructurales implementadas por el Presidente Enrique Peña Nieto.

Nace la organización de presos

Sin embargo, ante la represión, la resistencia. Durante las últimas dos décadas, decenas de presos se han organizado para pedir a las autoridades la revisión de sus proceso penales. Una de las organizaciones que crearon para unirse, en 1996, fue “La Voz de Cerro Hueco”, que en su momento crearon indígenas a los que les habían prefabricado delitos, como represalia por la simpatía o solidaridad que profesaban con el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Al desaparecer el penal de Cerro Hueco, otros reclusos formaron “La Voz de El Amate”, nombre de la prisión a la que fueron trasladados.  La mayoría de quienes se integraron a esta organización, señalan en sus testimonios que al ser detenidos fueron sometidos a tratos crueles y degradantes, torturas, y un proceso judicial injusto.

La mayoría de las personas injustamente detenidas, tienen en común haberse opuesto a grupos o personas que ostentan el poder político o económico, como en el caso de los habitantes de Bachajón, que se resisten a dejar su territorio en manos de «empresarios ambientalistas» ; o contra empresarios multimillonarios, como Cesar Octavio Blanco García.

Blanco García está recluido en el penal nº13 de Tonalá desde el pasado 22 de enero, acusado del delito de despojo, luego de que junto con una veintena de personas cerraron el parque eólico propiedad de Ricardo Salinas Pliego, en protesta por el incumplimiento del contrato y daños ecológicos provocados a ejidatarios y pequeños propietarios de Arriaga.

El sacerdote Heymán Vázquez, quien hasta agosto pasado fue párroco de la región, en entrevista con Chiapas Paralelo explicó que a cambio de su libertad, a Blanco García autoridades le pidieron ceder los derechos de sus propias tierra al segundo hombre más rico de México, a lo que se ha negado.

Estas historias de encarcelamiento, represión y despojo de las conquistas laborales, de los recursos naturales y el territorio, se repiten cada vez con mayor frecuencia en Chiapas y en México.   Sin embargo, al decir de activistas y defensores de los derechos humanos, también ha aumentado la capacidad organizativa y de resistencia de las y los ciudadanos, y serán estos los mecanismo a los cuales asirse ante el escenario adverso.