Ante la agudización de la pobreza, el ejercicio de los derechos

Habitantes de Chiapas han asumido la defensa de sus derechos a la tierra y al desarrollo. Foto: Ángeles Mariscal/ChiapasPARALELO

Organizaciones que trabajan al interior de las comunidades de Chiapas, particularmente en zonas indígenas y campesinas -dos tercios de la población total en la entidad-, observan dos componentes en el escenario actual del estado: por una parte la agudización de la pobreza, y por otra el incremento del ejercicio por cuenta propia de los derechos ciudadanos, al margen de las instituciones de gobierno.

Grupos ciudadanos “están viendo que por la vía del Estado (gobierno) hay poco que hacer” para solucionar sus problemáticas, y están tomando sus propias decisiones. En casos extremos algunas personas han hecho justicia por propia mano, violando con ello otros derechos, como los linchamientos de San Juan Chamula.

En otros, comunidades enteras asumen el control de los recursos y su territorio; o constituyen  gobiernos paralelos, como la población que se agrupa en torno al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), señalan los especialistas.

Añaden que el gobierno ha buscado la forma de desarticular los movimientos sociales, vía la instauración de programas asistencialistas, la cooptación de líderes y la criminalización de quienes participan en movimientos para exigir cumplimiento a sus demandas legítimas.

Chiapas pobre

Chiapas se volvió a colocar en los primeros índices de pobreza en el país. El informe de medición de la pobreza del 2010 al 2012 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), indica que tres de cada cuatro personas en esta entidad viven en situación de pobreza, y una de cada tres en pobreza extrema.

El rezago está en la educación, carencias en servicios de salud, seguridad social, vivienda, y alimentación,  según los indicadores para las mediciones oficiales.

El informe de Coneval señala que la mayoría  de los pobres viven en zona rural, son indígenas y son mujeres. Este sector carece de al menos dos de los servicios básicos.

El andamiaje institucional

La agudización de la pobreza estructural -pobreza económica, falta de acceso a la justicia y discriminación- ha sido la constante en las anteriores administraciones de gobierno, y la presente que encabeza el gobernador Manuel Velasco Coello, está caminando en este mismo sentido”, valoró Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

“Hoy en día existen reformas, ajustes, leyes, reglamentos, fiscalías especializadas, institutos de la mujer; y todo un andamiaje que sólo ha servido para ocular esta realidad”, valora.
También está la implementación de programas asistencialistas, como el Oportunidades o la Cruzada Nacional Contra el Hambre. “A través de estas se están enviando muchos recursos a las comunidades, pero sólo a las que son afines a la política del Estado”.

Alma Padilla, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, considera que una de las estrategias que el gobierno persigue con la implementación de programas asistencialistas, más que  disminuir los índices de pobreza, es crear dependencia hacia las instituciones, y desarticular la organización comunitaria tradicional. “La consigna del gobierno parece ser: ¿para qué te organizas si te van a dar los 100 o 200 pesos del Oportunidades?”, señala.

La especialista también observa que en el ámbito agrario el gobierno ha estructurado procesos legislativos encaminados a que los grupos campesinos dependan del gobierno y de las grandes empresas, para que a la larga vendan o renten sus tierras para proyectos turísticos, de extracción de los recursos energéticos, o para instalar monocultivos.

Proyectos como la reconversión productiva, el fomento a la siembra masiva de palma de aceite y piñol, el tomate en la zona Altos, y limón en la Norte, son formas de despojo, que a la larga está institucionalizando la desarticulación y ruptura de las relaciones comunitarias tradicionales y la búsqueda del bien común, sostiene Padilla.

Víctor Hugo López suma a esta situación, la polarización de los conflictos al interior de las comunidades. “Algunas características que se están volviendo una constantes en las comunidades campesinas e indígenas de Chiapas, es la polarización de los conflictos menores. Muchas veces son conflictos que estallan por una diferencia religiosa, por una disputa agraria, por el transporte”.

El director del centro humanitario afirma que al no atender institucionalmente y de manera oportuna ese tipo de conflictos,  ha llevado a que estos escalen hasta la violencia. Un ejemplo de este sexenio es el de la expulsión de más de 500 personas de Venustiano Carranza, y el enfrentamiento en la comunidad Puebla de Chenalhó, por la construcción de una Iglesia.

Buscar que los conflictos estallen, y con ello se fragmente el tejido social, parece ser una estrategia del gobierno. “Hemos documentado que es el Estado el que ha polarizado las posturas de las partes en los conflictos. Por ejemplo en Carranza, los operadores de la Secretaría de Gobierno a un grupo le dicen que tienen todo el derecho de expulsarlos, y a la otra que nadie los puede expulsar”.

“Esto tiene  varias intenciones: confrontar y dividir a las comunidades, minar la resistencia y posible unidad, e intentar inmovilizarlos para pugnar por sus demandas de desarrollo y justicia”, añade Víctor Hugo López.

Guillermo Hernández, integrante de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) explica que otra de las estrategias del gobierno para frenar la protesta y las demandas sociales es la cooptación de líderes comunitarios.

“La estrategia que aplicó Pablo Salazar, luego Juan Sabines, y ahora Manuel Velasco, es firmar ‘acuerdos de gobernabilidad’, donde los líderes comprometen a sus comunidades a no realizar manifestaciones públicas para exigir demandas sociales. A cambio da recursos económicos a los ‘representantes’ y a unas cuantas personas”.

“Esto no es otra cosa que institucionalizar la inmovilidad y el silencio social, como si todo estuviera bien en Chiapas. Y a quienes se salen de esta política de cooptación, los detienen y acusan de delitos inventados. Para inmovilizarlos nuevamente”, detalla Hernández.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartlomé de las Casas (Frayba) ha documentado en lo que va del sexenio de Manuel Velasco, la detención de al menos 15 personas en estas circunstancias.

“Al igual que el sexenio pasado, hay una nueva criminalización hacia todos los actores que se mueven. Tenemos por ejemplo el caso del encarcelamiento de Cesar Octavio Blanco, que protestaba por la eólica de Salinas Pliego; el de los maestros de la ONPP que se dio esta semana; y la del joven tuitero que criticaba la política del estado a través de videos, y  al que detienen y lo acusan de tráfico de droga con argumentos tan insostenibles, como es la denuncia anónima.

Víctor Hugo López dice que se está llegando “a un punto de cinismo abierto donde se utiliza al aparto de justicia para perseguir a detractores políticos. Ya ni siquiera a líderes notables o visibles. Sino a personas que pudieran ser referentes para articular resistencia civil”.

“Las comunidades empiezan a moverse por sí mismas”

“El problema llega, cuando no llega el desarrollo social ni a las comunidades, ni a los municipios, ni al estado. Entonces la población empiezan a moverse por sí misma”, señala Guillermo Hernández, al referir cuál es la respuesta social ante la problemática anterior.

El activista detalla que de manera paulatina y constante, al interior de las comunidades “hay una nueva fase de lucha, principalmente en los territorios ricos en minerales, agua y ecosistemas. Hay una nueva fase que va por la defensa del territorio, por la defensa de los bosques, de los ríos, del agua”.

El Frayba sostienen también que de manera silenciosa las comunidades se están fortaleciendo en su interior, “porque está viendo que por la vía del Estado hay poco que hacer (para su desarrollo y acceso a la justicia)”.

“Muchas de las comunidades están resolviendo asuntos que el Estado no tiene interés en resolver. Algunas lo están haciendo de forma negativa al aplicar justicia por propia mano como en San Juan Chamula; y otras lo están haciendo  vía sus sistemas normativos locales, vía sus usos y costumbres. O teniendo como referencia marcos normativos internacionales de derechos humanos”.

“Hay un avance en muchas de las comunidades, en términos de obviar a las instituciones del Estado y constituir su autonomía en todas sus áreas de vida”, sostiene el director del organismo humanitario.

 

Añade que lo más visible es el trabajo de construcción de autonomías por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las comunidades que lo integran. “Pero no son las únicas, hay otras que se agrupan en torno a la resistencia por otras cuestiones, como exigir tarifas justas al pago de energía eléctrica, agua potable; o negarse a la construcción de represas y extracción minera en sus territorios. En esas comunidades se construyeron también pequeños núcleos articuladores”.
El director del centro humanitario independiente más importante de Chiapas señala que cuando el gobierno niega flagrantemente los derechos fundamentales de los ciudadanos, “si no es por ejercicio propio de la ciudadanía sobre sus derechos, no hay quien garantice el cumplimiento de estos”.

“En Chiapas se caminando en este sentido. Es un proceso lento, a largo plazo, que tendrá sus costos, como libertades y vidas humanas, como ya lo está teniendo. Pero es el modo en como la comunidad reconstituye lo que el Estado le ha arrebatado”, concluye.

Aquí puedes escuchar las entrevistas completas de:

• Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)
• Alma Padilla, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Mujer en Chiapas