Sin diálogo con familiares de personas desaparecidas, Sheinbaum presenta reformas a Ley de Desaparición

Sin diálogo con familiares de personas desaparecidas, Sheinbaum presenta reformas a Ley de Desaparición
Foto: Mario Marlo

*Esta nota fue realizada por Zona Docs, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

#SinLasFamiliasNo

Sin consultar a las familias buscadoras y como una respuesta tras el hallazgo de un sitio de exterminio en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó diversas reformas Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; algunas de las propuestas que más destacan son: la creación de un Sistema Nacional para la alerta, búsqueda y localización inmediata de personas, así como la creación de una Plataforma Única de Identidad.

Sin embargo, muchas de estas medidas -que parecen “novedosas” para un proyecto político como la 4T que decidió obviar la crisis de desaparición- ya estaban contenidas en el marco legal vigente desde 2018, el cual nunca se materializó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues éste nunca reconoció lo inadmisible que era vivir en un país de más de 126 mil personas desaparecidas.

Por Darwin Franco / @DarwinFranco

Foto: Mario Marlo / @MarioMarlo

Durante el sexenio de López Obrador, el presupuesto para la búsqueda de personas desaparecidas decreció, las instituciones que se crearon para combatir este delito tuvieron cambios que significaron retrocesos en sus acciones de búsqueda e, incluso, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense fue desmantelado, estos fueron algunos de los señalamientos que más de un centenar de colectivos de búsqueda del país le hicieron a la presidenta, Claudia Sheinbaum, cuando ésta anunció que presentaría una serie de reformas a Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; por ello, le solicitaron una reunión para que de manera directa les escuchara y pudiera comprender que, quizá, no se necesitan más reformas sino respetar y poner en marcha los marcos legales que existen en el país desde 2018.

La reunión, lamentablemente, nunca llegó y la presidenta sin consultar a las familias buscadoras presentó sus reformas en materia de desaparición:

“Son las reformas a dos leyes para facilitar y ampliar las investigaciones relacionadas con casos de desaparición forzada por particulares, tanto de las Fiscalías, las Comisiones de Búsqueda, como la necesidad de fortalecer la identidad para poder avanzar en las investigaciones”, explicó la presidenta en su conferencia matutina.

Sin embargo, el problema para las familias buscadoras es quien hoy preside la Comisión Nacional de Búsqueda, Guadalupe Reyes Sahagún, no sólo no cuenta con el perfil técnico idóneo para el puesto, sino que además “no ha mostrado estar abierta al diálogo con las víctimas del país”, precisaron.

A través de un comunicado de prensa, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos -que agrupa a más de 100 colectivos de todo el país- señalaron que, si bien, reconocen el interés tardío de la presidenta en el tema, es necesario reiterar que se debe incluir la participación de las familias, pues fueron ellas las que aprendieron a buscar cuando las autoridades no lo hacían, y un fruto de ese cúmulo de saberes son las leyes que la presidenta Sheinbaum está modificando sin tomar en cuenta la opinión de las familias buscadoras del país.

“Hacemos un llamado respetuoso a generar un espacio participativo y de diálogo que considere a las distintas plataformas de víctimas y donde se nos expongan las propuestas. Desde el MNDM hemos planteado una primera propuesta de cinco ejes de la agenda a dialogar: búsqueda y seguridad, identificación, datos y sistemas de información, bienestar y prevención”.

Señalaron, además, que en dos ocasiones -mayo y octubre de 2024- buscaron reunirse con Claudia Sheinbaum, pero nunca obtuvieron respuesta de su parte: “Siempre hemos estado preparadas para dialogar y construir con las autoridades porque de eso también depende que encontremos a las personas que buscamos y amamos”.

Obligación que se da sin escuchar a las familias buscadoras 

En la mañanera, la presidenta enfatizó que el Gobierno de México tiene la obligación de atender el problema -nunca le llamó crisis- de la desaparición; por ello, tendrán a bien informar el número de personas desaparecidas, mientras que la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) serían las instancias que atenderán a los familiares y a colectivos de búsqueda.

El problema con dar a conocer “el número de personas desaparecidas” es que han existido diversas apuestas que no buscan dimensionar el tamaño de la crisis, sino de administrar la tragedia como pasó con “el censo de personas desaparecidas” que llevó a cabo la administración de López Obrador.

Al respecto, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos señaló que el problema no está sólo en decir cuántas personas están desaparecidas, sino que la presentación de dicha estadística esté acompañada de información que permita saber también el número de localizaciones, la efectividad de las investigaciones y el número de personas presentadas ante un juez por la comisión de estos delitos.

Para hacer esto, Sheinbaum señaló que su gobierno impulsará acciones para “prevenir y atender el delito de la desaparición”, lo cual hará a través de la creación de la Plataforma Única de Identidad que “pueda ser consultada por las instituciones de seguridad para la búsqueda y la localización de personas”; así mismo impulsará el fortalecimiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y de la emisión de alerta inmediata en caso de que un reporte de desaparición.

No obstante, todas estas acciones que se presentan como novedad para la búsqueda de personas desaparecidas ya están contenidas en la actual Ley de Desaparición, en la cual también existe la obligación del Estado Mexicano para crear un Banco Nacional de Datos Forenses (artículo 119), mismo que la Fiscalía General de la República no ha querido implementar; tampoco ha querido echar andar el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas.

“¿Qué estamos planteando con estas leyes? Que, en el caso de la investigación relacionada con delitos de alto impacto, como la desaparición, estén todas las bases de datos disponibles para la búsqueda”, destacó la presidenta.

A su vez, en la presentación de dichas reformas, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, destacó que todo esto tiene como objetivo “crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares”; algo que también ya existe y no se ha implementado.

A su vez, señaló que es necesario hacer “partícipe a la sociedad en el proceso de búsqueda mediante información o reportes oportunos”, por lo tanto se busca crear un sistema que permita alertar a todo el país de forma rápida y precisa cuando se denuncia la desaparición de alguien, lo que conlleva, a su vez, “el fortalecimiento de las Fiscalías estatales para que la investigación sea más ágil y efectiva”. Y, entonces, se supere la redacción de meros oficios de colaboración que nunca se traducen en acciones y/o planes de búsqueda.

“Buscamos garantizar la atención inmediata ante cualquier denuncia, esto para volver más eficiente la búsqueda de personas a través de tecnología, ciencia y coordinación interinstitucional y garantizar el derecho a la identidad y la protección del Estado, usando la CURP de manera generalizada”, explicó Godoy Ramos.

De manera específica, las reformas presentadas por la presidenta Sheinbaum buscan:

• Crear un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas. Instancia que podría duplicar lo que ya realiza la Comisión Nacional de Búsqueda.
• Crear la Plataforma Única de Identidad: a partir de la CURP de todas y todos los mexicanos, y personas extranjeras que estén domiciliadas. Ésta sería la herramienta para la generación de alertas, búsquedas y localización.
• Incorporar a la CURP como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares; lo que se haría de uso obligatorio en registros administrativos en los tres niveles de gobierno y con capacidad de consultas en tiempo real.
• Crear la Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas desaparecidas y no localizadas, instancia que deberá abrir una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia de desaparición y no esperar a las 72 horas.
• Fortelecer y ampliar el Banco Nacional de Datos Forenses a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de su ampliación a las Fiscalías estatales para que proporcionen información; sin embargo, esto es algo que no existe y en lo presentado se da por hecho su existencia y operación.
• Sobre lo anterior, se señaló que habrá una vinculación inmediata de las bases en tiempo real para que los datos sean conectados de forma obligatoria a la Plataforma Única de Identidad, ya que tiene la integración de registros Antemortem (AM) y Postmortem (P/M), la Alerta Amber y otros. Cuestión que en la práctica tampoco opera, incluso, los Protocolo AM/PM no siempre se realizan.
• Fortalecer las capacidades de fiscalías con Unidades especializadas de investigación, Unidades de análisis de contexto, Áreas de búsqueda inmediata y de larga data, Áreas especializadas en delitos cibernéticos, y Unidades de atención a víctimas. Además, se establecen los perfiles mínimos y obligatorios para el personal de estas Fiscalías especializadas. Actualmente no todos los estados del país cuenta con esto.
• Incorporar a entidades privadas en la obligación para generar y compartir información útil para búsqueda de personas como los relacionados con servicios financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, paquetería y en general todos aquellos que tengan información útil que sume a las acciones búsqueda. Hoy en día, por ejemplo, una sábana de llamadas tarde mucho en ser solicitada por un juez y un tanto más en ser entregada por las compañías de telefonía celular.
• Incrementar las penas a quienes cometan el delito de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. No obstante, mayores penas no servirán de nada si son escasos los casos que se presentan ante un juez.