«Llevamos décadas escuchando promesas»: Jorge Verástegui

Familiar de persona desaparecida, carga con la ficha de desaparición frente a Palacio Nacional. Foto: Isabel Briseño

*Esta nota fue realizada por Pie de Página, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

El Ejecutivo Federal enviará una iniciativa para reformar la Comisión Nacional de Búsqueda y la Ley General en Materia de Desapariciones. Sin embargo, en un país con más de 116 mil personas desaparecidas y un estimado de 90 mil cuerpos sin identificar, los colectivos de buscadoras exigen acciones reales, no simulaciones

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Isabel Briseño / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO. – El hallazgo de un campo de adiestramiento del crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco, donde además se encontraron restos humanos –algunos con indicios de calcinación–, desató múltiples movilizaciones por todo el país exigiendo justicia y atención a la tragedia humanitaria que representa la desaparición de personas en México, agravada en las últimas dos décadas.

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La respuesta desde el gobierno federal fue proponer una serie de reformas a la Ley General en Materia de Desapariciones y a la Comisión Nacional de Búsqueda que, entre otros puntos, propone crear un registro forense unificado y equiparar las desapariciones al delito de secuestro. Todo, después de una serie de polémicas desatadas tras el indolente proceder de la Fiscalía General de la República y la la negligencia de la Fiscalía de Jalisco, que revictimizaron a las familias de buscadoras al abrir a medios de comunicación el rancho de Teuchitlán.

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¿Será esta reforma suficiente para atender lo que activistas, organizaciones y especialistas han calificado como una crisis humanitaria? ¿Aué se necesita para frenar el dolor y asegurar el retorno de los desaparecidos?

Jorge Verástegui, hermano y primo de Toño y Toñín, desaparecidos desde el 24 de enero de 2009 en Coahuila, apunta unas pistas

–¿Qué piden las familias al Estado hoy?

–Que cumpla la ley. No necesitamos nuevas propuestas, sino aplicar lo que ya existe: identificar cuerpos, capacitar a fiscales y castigar a los responsables. Llevamos décadas escuchando promesas.

Una respuesta tardía ante la magnitud de la tragedia

–Jorge, ¿qué valoración tienes de la propuesta de Sheinbaum para atender las desapariciones?

–Llegó tarde y sin contundencia. El anuncio solo surgió tras las protestas por las fosas de Jalisco. Sus ideas —como el registro forense— ya están en la ley desde 2017, pero las fiscalías las ignoran. Hay dos opciones: o la presidenta desconoce su propio marco legal, o intenta engañarnos.

La respuesta de Verástegui obliga retroceder un par de años, particularmente al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, en 2017, cuando se aprobó la  Ley General en Materia de Desapariciones. Esta ley, como recuerda Jorge, fue resultado de la lucha de los colectivos que durante años han estado buscando a sus seres queridos, y aunque aprobada a regañadientes, prometía un cambio estructural con la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda y protocolos forenses estandarizados.

«La ley se publicó en 2018, pero su implementación ha sido desgastante, con pequeños avances y muchos obstáculos. Surgió de un proceso que inició en 2015, con una reforma constitucional, y hasta 2017 se aprobó tras consultas en todo el país, con la participación de cientos de familias, colectivos, organizaciones de derechos humanos, la ONU y la Cruz Roja. Muchas propuestas de la ley son de las familias, aunque no al cien por ciento».

El sexenio de Enrique Peña Nieto terminó con un registro de 40 mil personas desaparecidas, cifra que heredaría su sucesor: Andrés Manuel López Obrador, quien prometió que iba a haber «justicia en México» y creó la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas, la misma que, como declaró un empleado anónimo en 2019, «era un elefante blanco: sin presupuesto ni personal capacitado».

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«Con López Obrador hubo avances iniciales: se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda, y al inicio hubo diálogo y recursos. Pero luego se degradó: incumplieron reuniones cada tres meses, ocultaron datos del Registro Nacional y desmantelaron el Centro Nacional de Identificación Humana», recapitula Verástegui.

Para 2023, el 70 por ciento de las disposiciones de la ley de 2017 seguían sin implementarse. La ley, diseñada para coordinar fiscalías y facilitar identificaciones, chocó con la realidad: autoridades estatales omitieron capacitaciones y recursos, mientras las fosas clandestinas se multiplicaban.

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Verástegui continúa:

«Una de las grandes falencias del gobierno es la ausencia de diálogo con los actores principales: las familias. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a dialogar, pero también a señalar lo que falla. Cuando escuchamos propuestas como la que hace la presidenta de crear una base de datos forense, la verdad nos parece un insulto: desde 2010 lo exigíamos, pero la FGR no quiso hacerlo hasta que un amparo los obligó. Incluso dijeron que funcionaría hasta 2030.

«Es ofensivo que no reconozcan la lucha de años y el conocimiento que hemos aportado. No llevamos dos días: hay compañeras con más de 16 años en esto, y otras desde las décadas de los 60 o 70. El Estado debe recordar que son luchas antiguas, y que hay poca tolerancia a respuestas como esta».

La crisis forense

En 2019, la emergencia sanitaria desatada por la pandemia de covid-19 agravó la crisis de desapariciones en México, y puso foco a otro fenómeno silencioso: la crisis forense.

En esos años, la saturación de las morgues llevaron a algunos gobiernos a presionar por cremaciones masivas de cuerpos no identificados, violando la Ley General de Víctimas. Así, mientras el país descubría más fosas, los cuerpos seguían sin ser identificados.

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En su momento, Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, advirtió que «quemar restos fue borrar pruebas». Simultáneamente, la Comisión Nacional de Búsqueda acumuló un año de retraso en actualizar el registro de desaparecidos. Karla Quintana, entonces titular, justificó esto diciendo que la dependencia trabajaba en «protocolos rigurosos». Sin embargo, la ausencia de protocolos fue evidente cuando se destapó un escándalo de proporciones infames: el tráfico de ADN.

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En 2021, un año y medio después de su creación, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense creado por el gobierno federal al fin comenzó a operar. Ese miso año, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México señaló que en México existían 52 mil cuerpos de identidad desconocida en las morgues, es decir: cuerpos sin identificar.

Sobre esto, Verástegui reflexiona:

«Las fiscalías son el núcleo del fracaso de las políticas para atender la crisis de desaparecidos. Cuando encuentran un cuerpo, no toman huellas ni ADN. Hay casos donde familias reportan una desaparición, van al Semefo, y les dicen: ‘No está’. Años después, descubren que el cuerpo estaba ahí desde el primer día. ¿Eso es incapacidad o complicidad?

Ahora, según cálculos de colectivos citados por Verástegui, se estima que el número de cuerpos sin identificar en las morgues asciende a 90 mil.

«Son cálculos de colectivos, porque las autoridades no publican datos oficiales. En 2018 hicieron un censo incompleto, y hoy sigue la opacidad. En todo caso, esta es una crisis autogenerada, porque el gobierno no capacita ni invierte en los registros y búsquedas, y hasta manipula cifras: bajan homicidios, pero suben desapariciones».

La negación no es la solución

Una de las preocupaciones principales que Verástegui y otros buscadores tienen con las propuestas anunciadas por la presidenta es que, en realidad, las medidas sean parte de una campaña por ocultar las cifras reales de las desapariciones en el país.

La preocupación no surge de la nada, pues en 2023 el gobierno federal anunció un nuevo censo nacional para corroborar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, todo, en medio de fuertes cuestionamientos por haber alcanzado el registro de más de 100 mil personas desaparecidas en los datos oficiales.

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El censo, del cual se desconoce su metodología, generó dudas en los colectivos, pues ante la falta de datos en la Comisión Nacional de Búsqueda, no había información con qué contrastar las nuevas cifras. La polémica escaló hasta la renuncia de la entonces comisionada, Karla Quintana, y el arribo de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como la nueva comisionada nacional de búsqueda, un nombramiento rechazado por los colectivos, pues no tenía experiencia en labores de esta índole.

–¿Qué implica equiparar desaparición con secuestro en las estadísticas?

–Es preocupante. El secuestro exige rescate; la desaparición busca ocultar. Investigarlas igual es un error metodológico. Creemos que es una estrategia para reducir cifras: si desaparecidos pasan a ser “secuestros”, bajarán artificialmente los números. Pero el problema seguirá, y las fiscalías, intocables, seguirán sin resolverlo

«Si reforman la ley, el número de desaparecidos caerá porque se reclasificarán como secuestros. Pero sin atacar el problema real —la ineptitud de las fiscalías—, será solo maquillaje. Seguiremos con 90 mil cuerpos sin nombre y familias sin respuestas».

Verástegui concluye:

«La respuesta de la presidenta, primero, nos pareció tarde, dada la magnitud de los hallazgos en Teuchitlán, y de la problemática histórica en el país. El mensaje, la respuesta, llegó tarde, y lo atribuimos más a la presión social. Y también, parece que no será suficiente».