Gana comunidad rarámuri de Mogótavo juicio penal a políticos del PRI; los acusaban de despojo

Gana comunidad rarámuri de Mogótavo juicio penal a políticos del PRI; los acusaban de despojo
Foto: Raíchali

*Esta nota fue realizada por Raíchali, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

La comunidad ha sido blanco de hostigamiento judicial por parte de los políticos ligados al PRI desde hace más de 10 años, cuando intentaron reubicarles del territorio que habitan de manera ancestral. Y aunque hoy ganaron el fallo en materia penal, se mantienen los juicios por la vía civil y agraria.

Texto y fotos de Jaime Armendáriz / Raíchali

Chihuahua – La comunidad rarámuri de Mogótavo, localizada en el municipio de Urique en la Sierra Tarahumara, recibió un fallo favorable por el proceso penal que les tenían activo políticos del PRI desde el 2016, por el presunto delito de despojo del territorio que habitan ancestralmente.

Luego de varios recursos jurídicos que presentaron los priístas en tribunales locales durante 9 años, la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua le dio la razón a la comunidad en una resolución emitida el 18 de diciembre del 2024.

Sin embargo la comunidad aún mantiene la lucha de otros litigios, por la vía civil y agraria, que mantienen activos esos mismos políticos.

Los denunciantes son Omar Bazán Flores, expresidente del PRI estatal, exlegislador local y nombrado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, como director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep); Ricardo Orviz Blake, exdiputado local y excandidato a la alcaldía de Delicias; Ricardo Valles Alvelais, Agustín López Daumas y Jesús Alberto Cano Vélez, exlegislador por Sonora.

Los cinco se ostentan como propietarios de las tierras ocupadas ancestralmente por la comunidad, pero el fallo reciente de la Sala Sexta de lo Penal establece que los demandantes no tienen prueba alguna para negar que la comunidad estaba antes de que ellos compraran la propiedad.

“No se aportaron datos de prueba tendientes a refutar la existencia de habitantes desde tiempos ancestrales en el inmueble objeto del delito que nos ocupa”, indica el fallo, del cual tiene copia Raíchali.

El resolutivo se derivó de comparecencias realizadas el 12 de junio del 2024, cuando fueron citadas ambas partes para emitir declaraciones y resolver la controversia. Desde julio del 2022 la comunidad ya había obtenido el fallo a su favor, pero los políticos insistieron para reviertirlo con el recurso que les fue negado recientemente.

El juzgado estableció que para emitir el fallo se aplicaron lineamientos del Protocolo para Juzgar con perspectiva intercultural: Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas.

Un hostigamiento constante para quitarlos de su lugar de origen

La comunidad está ubicada en las Barrancas del Cobre, a 44 kilómetros del poblado mágico de Creel, en el límte entre el municipio de Bocoyna y de Urique.

Se encuentra también a un costado del desarrollo turístico llamado “Parque Barrancas del Cobre”. Tiene sus propios miradores naturales hacia las Barrancas y en su meseta principal hay varias casas de sus habitantes, salones de usos múltiples y su centro ceremonial indígena.

Esa paz que brinda la naturaleza de su entorno, se ha resquebrajado por el hostigamiento judicial del que han sido parte desde hace más de una década.

Los cinco empresarios adquirieron 154 hectáreas de la comunidad de Mogótavo en 2008 a la empresaria Odile Carolina Sandoval Almeida, y desde entonces han buscado que las personas de ese lugar se retiren para generar más desarrollos turísticos en la zona.

Los empresarios esperaban que Sandoval desalojara el territorio. En 2011 intentaron reubicar a la comunidad de unos 400 habitantes, pero no pudieron y Mogótavo inició los litigios para obtener el reconocimiento ancestral y las escrituras, lo cual no han conseguido a la fecha.

La familia Sandoval dividió el terreno de la comunidad en tres lotes en la extensión de la comunidad, 1,500 hectáreas desde 1985, cuando se hizo la primera adjudicación. En 2011 la controversia entre las partes ya estaba en marcha.

Finalmente frenaron la reubicación de la escuela “Rebelión del Tarahumara” y en 2011 promovieron el primer juicio de nulidad de la compraventa y de adjudicaciones, demandaron al estado y al Fideicomiso Barrancas del Cobre, porque el gobierno estatal le compró una superficie similar de la misma comunidad a Ivonne Sandoval, hermana de Odile y propietaria del hotel más importante de esa zona.

Y es que en la región de Barrancas del Cobre, en el área turística ofrecían a 100 pesos la hectárea, pero la familia Sandoval vendió las hectáreas a los empresarios-políticos, en 2 mil 250 dólares, aseguraron los representantes de la comunidad.

Según el fallo de la Sala Sexta de lo Penal, en la cláusula octava del contrato entre los priístas y Sandoval Almeida del 2011, se otorgó en comodato una pequeña superficie para instalar una escuela, dispensario, un albergue de tres o cuatro habitaciones ocupadas por igual número de familias; y obligaban a la vendedora a realizar gestiones de manera pacífica para obtener la desocupación de ese predio, es decir, con el conocimiento de que ya había personas ahí cuando se hizo el trato.

Uno de los aspectos que alegan los políticos es que la comunidad no tiene los documentos de propiedad del lugar que habitan. Pero el fallo penal reciente indica que, si bien existe un documento firmado por el Registro Agrario Nacional donde no aparece registro de la comunidad, “no menos cierto es que tratándose de comunidades étnicas, sus miembros desconocen trámites legales respecto a su inscripción, asignación de nombre, títulos de propiedad entre otras cuestiones, y no por ello se debe desconocer su existencia”.

Durante todo ese tiempo, las denuncias se han dirigido al gobernador indígena Luis González Rivas, a San Miguel Cruz Moreno, a Bertha Cruz Moreno, Rosario Batista Gutiérrez, Enrique Manuel Parra, Roberto Domínguez Vega, Angélica Cruz Estrada, Cruz Batista Rivas y Rosario Parra Vega, a quienes han hecho trasladarse en estos años hasta la ciudad de Chihuahua y a Cuauhtémoc para atender los recursos jurídicos en contra.

Pero también están integradas en las carpetas de investigación Micaela Batista Gutiérrez, Juan Campos Batista, Dolores Moreno Soto, Isidora Domínguez Vega y Isidora Cruz Batista, todas estas personas ya fallecidas.

“Nosotros somos de aquí”

En sus declaraciones judiciales, habitantes de la comunidad que han sido demandadas, coinciden en la ocupación ancestral de esa zona, un factor tomado en cuenta por el juzgado estatal para darles la razón y erradicar la demanda penal de los empresarios vinculados al PRI.

Por ejemplo, don Luis González Rivas, gobernador indígena de Mogótavo, expresó ante la Sala Sexta Penal: “Nosotros somos de aquí”.

En su declaración, cuyos fragmentos se integran en el resolutivo emitido en diciembre del año pasado, precisa que Mogótavo es un lugar habitado desde hace varios años, de generaciones atrás, que incluye a sus abuelos. “Ahí crecieron cuidando chivas y borregos”.

Y no sólo viven ahí, señaló, sino que defienden el territorio de las amenazas externas y de las naturales, como los incendios en el bosque. Además de hacer lo posible por cuidar la cultura.

El 19 de diciembre pasado, Don Luis estuvo al lado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante la visita que hizo la mandataria a Mogótavo, para entregar títulos de propiedad a dos comunidades indígenas.

Otra de las declaraciones recogidas por el juzgado es la del segundo gobernador de Mogótavo, Enrique Manuel Parra, la cual coincide con la de Don Luis. “Nosotros tenemos muchos años viviendo ahí. Yo tengo cuarenta años, ahí nací”, y alerta que hay quienes llegan a ese sitio para quererlos quitar.

En este sentido, el juzgado consideró que no hay elementos para desacreditar esos dichos y por eso es que, de momento, la comunidad puede descansar del proceso penal y continuar con el civil y agrario.