Fracasa primer Consejo Ciudadano de Búsqueda en Aguascalientes; acusan falta de apoyo de gobierno

Fracasa primer Consejo Ciudadano de Búsqueda en Aguascalientes; acusan falta de apoyo de gobierno
Ilustración: Pop Lab

*Esta nota fue realizada por Pop Lab, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original

De los siete integrantes sólo permanecen dos. Familiares de personas desaparecidas denuncian simulación

*Por Mónica Cerbón

Con la renuncia de dos integrantes, dos más en vilo y la ausencia permanente de otro de los miembros, el primer Consejo Ciudadano de Búsqueda en Aguascalientes se ha desintegrado y no hay quórum legal para sesionar de manera formal. Por ahora, sólo dos personas se mantienen en el cargo. La desintegración está acompañada de denuncias por falta de apoyo y empatía por parte del gobierno, así como diferencias con Violeta Sabás de León, la titular de la Comisión Local de Búsqueda.

Desde mayo de 2023 y hasta octubre de este año, el Consejo no pudo realizar ninguna sesión oficial debido a que la Secretaría de Gobernación, encabezada por Florentino Reyes Berlié, tardó un año y medio en aprobar sus reglas de operación, las cuales entraron en vigor apenas el pasado 21 de octubre. “Se apostó por el desgaste”, dice Claudia de la Torre, coordinadora del Consejo e integrante del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia.

“Se hicieron algunas sugerencias a la Comisión de Búsqueda y planteamos algunas cosas, pero literalmente no fue funcional porque no teníamos las reglas de operación, ese fue el problema. Desgraciadamente se apostó al cansancio de la gente, a desmotivar, pero tenemos una lucha y tenemos que seguir, bajamos un poco la guardia, pero hay que volver a agarrar aire, necesitamos mantenernos, no podemos apostar a fallar, tenemos que seguir caminando y buscar cómo volver a levantarnos”, dice de la Torre, que busca a su hermano Marco, desaparecido en abril de 2018 mientras trabajaba en la Feria Nacional de San Marcos.

Tras las renuncias formales, se prevé que el próximo año el Congreso arranque con una nueva convocatoria pública para dar inicio a un proceso de selección, algo que por ahora no tiene fecha. Las personas integrantes del Consejo Ciudadano, que tienen cargos honoríficos, debían cumplir tres años en el puesto; la desintegración ocurre a año y medio de que asumieran el cargo.

Entre las principales quejas se encuentra la falta de apoyo de la administración para que ese órgano, que fue diseñado para emitir recomendaciones y propuestas para mejorar los trabajos de la Comisión Local de Búsqueda, pudiera sesionar en un espacio independiente, así como la falta de reglas de operación que dieran certidumbre jurídica a las reuniones.

Desde su creación, el Consejo ha enfrentado dificultades. Aunque su instalación debió ocurrir en el segundo semestre de 2020, 60 días después de la creación de la Comisión Local de Búsqueda, fue hasta enero de 2023 cuando la administración del entonces gobernador Martín Orozco —presionado por colectivos de búsqueda— publicó la convocatoria para elegir a las primeras personas que lo integrarían.

En mayo de ese año, y tras un proceso de selección, el gobierno designó a las siete personas que forman parte de la primera generación del órgano. Las personas elegidas fueron Claudia de la Torre Ramos, Guadalupe Carrillo Suárez y Rafael Herrera Nájera, como representantes de víctimas; Vanessa Ledezma Zacarías y Rubén Gallardo Flores por parte de organizaciones civiles en defensa de los derechos humanos; y como especialistas en la materia Leonardo Guerrero Macías y José Luis Collazo Rivas.

Actualmente, sólo Claudia de la Torre y Rafael Herrera permanecen en el Consejo, pero para tener quórum legal deben de reunirse al menos cuatro de los miembros. Rubén Gallardo, integrante de la organización civil Puertas de Apoyo —cuyo trabajo es desconocido— nunca se presentó, ni siquiera para tomar protesta; mientras que José Luis Collazo, expolicía ministerial y perito en criminalista, dejó de asistir a las reuniones, pero no ha renunciado de manera formal. Leonardo Guerrero, doctor en Ciencias Forenses, anunció su renuncia pero no ha presentado el documento ante la Secretaría de Gobierno. Guerrero ha solicitado no hablar con los medios de comunicación.

El 10 de diciembre, Guadalupe Carrillo Suárez y Vanessa Ledezma Zacarías presentaron su renuncia en cartas dirigidas a la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel.

“Derivado de que no se han dado las condiciones para funcionar eficientemente como consejera, que el Consejo no ha representado los intereses de las víctimas del delito de desaparición y que no existen los principios de equidad para las víctimas, además de que se me puso en un estado de vulnerabilidad y de ser partícipe de posibles violaciones a derechos humanos aunado que lamentablemente existió mucho desánimo ante la falta de apoyo, sintiéndonos utilizados por el gobierno del estado y al no estar de acuerdo con esas acciones y no prestarme a ningún tipo de simulación, con la confianza que se me confirió por las familias de personas desaparecidas y no defraudarles, es mi deseo presentar mi renuncia”, dice la carta firmada por Guadalupe Carrillo Suárez, que desde 2007 busca a su esposo Carlos Hermosillo Gutiérrez, privado de la libertad por un comando armado junto con otras siete personas cuando laboraba como gerente del antro Maverick, el caso de desaparición múltiple más sentido en el estado.