Fosas de Jojutla: la búsqueda de la verdad y la justicia en círculos

Fosas de Jojutla: la búsqueda de la verdad y la justicia en círculos
Foto: Estrella Pedroza

*Esta nota fue realizada por Pie de Página, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

Del 6 de noviembre al 11 de diciembre se realizó la cuarta diligencia de exhumación en las fosas comunes de Jojutla. La tierra siguió hablando y arrojó evidencias de las omisiones de las autoridades procuradoras de justicia en Morelos: en esta ocasión, fueron recuperados 42 cuerpos y 176 fragmentos óseos a lo largo de 26 días de labores. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de irregularidades por parte de la Fiscalía, así como del desdén de las autoridades federales y estatales, como si se tratara de un déjà vu

Texto y fotos: Estrella Pedroza

MORELOS. – Entre tumbas y caminos de terracería, en una esquina casi al fondo, se encuentran carpas blancas, unas más grandes que otras, azotadas por el sol característico de la región sur de Morelos. Bajo la sombra, decenas de personas, algunas con overoles blancos (especiales para labores de criminalística) y otras con ropa azul, trabajan utilizando palas y herramientas, como si estuvieran a contrarreloj.

Hay retroexcavadoras removiendo la tierra. A un costado, más personas, la mayoría mujeres, permanecen sentadas en una carpa aparte, distinguida en el lateral por un tendedero de nombres bordados. Realizan manualidades y otras actividades justo frente a decenas de fotografías de personas desaparecidas.

En los alrededores, elementos policiacos y de la Guardia Nacional, con su presencia, incrementan el ambiente de tensión.

Todas y todos buscan en las fosas comunes del panteón municipal de Jojutla, “Pedro Amaro”, ubicado a 58 kilómetros del centro de Cuernavaca, la capital del estado. El mismo donde la Fiscalía del Estado de Morelos (antes Procuraduría General de Justicia) inhumó cuerpos de manera irregular durante varios años, aproximadamente desde 2007 hasta julio de 2014.

Todo esto parece un déjà vu, en un contexto marcado por la violencia y la desaparición forzada en Morelos, donde los esfuerzos por exhumar los restos de las víctimas y devolverlas a sus familias revelan tanto el dolor de las pérdidas como la resistencia de las personas afectadas, quienes luchan por la verdad y la justicia, frente a una burocracia que parece ralentizar el proceso de reparación.

Esta es la crónica de una historia que ya se contó, al menos, desde 2017, y hasta hoy otras cuatro veces más.

El proceso arrancó sin la FGR y la GN en la toma de muestras

Al inicio de la cuarta diligencia de exhumación, la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), encabezada por Uriel Carmona, informó que, en esta ocasión, solo el personal de la dependencia realizaría la toma de muestras, con apoyo operativo de la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos, el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF) y, para garantizar la seguridad, la Guardia Nacional y elementos de la Policía de Morelos.

Esto significó que no se contaría con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR) ni de la Guardia Nacional en la toma de muestras de ADN. Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao —un joven privado de la libertad, asesinado e inhumado en las fosas de Tetelcingo—, expresó su preocupación, advirtiendo que esta decisión podría comprometer la identificación de las personas exhumadas y, eventualmente, el acceso a la justicia.

Ante estos señalamientos, Luis Goytia Pacheco, titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, y Alberto Belmont Gutiérrez, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Desaparecidos, minimizaron las críticas. El fiscal especializado aseguró que la FGE había solicitado formalmente la participación de la FGR y la Guardia Nacional, pero que estas instituciones rechazaron la invitación.

Las buscadoras solicitaron acceso al documento que acreditaba dicha solicitud, ya que contaban con información que sugería que los oficios se enviaron de manera tardía e inadecuada. Sin embargo, el fiscal se negó a entregarlos y únicamente permitió que los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) los revisaran. Finalmente, se dio lectura a los documentos frente a Valeria Zapata, vocera de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas (BNBP), quienes confirmaron que ambas instituciones habían respondido negativamente.

A las 9:15 a. m., el equipo ingresó a la zona cero para dar inicio a los trabajos.

La zona cero

Dentro de la zona cero predomina “un olor penetrante a descomposición, un aroma imposible de olvidar”, comenta Edith Hernández, hermana de Israel, un joven privado de la libertad el 24 de julio de 2012, asesinado e inhumado de manera irregular por personal de la PGE y finalmente localizado en 2016 en las fosas de Tetelcingo. Edith comparte su experiencia como observadora.

Ella ingresó prácticamente todos los días, excepto uno, cuando tuvo que retirarse por una emergencia de salud en su familia. Desde temprano se alistaba con su overol blanco y un cubrebocas; una vez dentro, solo salía durante los descansos que tomaba el personal especializado para lo básico: hidratarse, alimentarse o ir al baño.

“En la primera diligencia, el olor a putrefacción era intenso porque los cuerpos aún tenían tejido blando. Estaban en diferentes procesos como saponificación, momificación, corificación, maceración y petrificación”, describe, haciendo una pausa larga.

Edith señala que, si pudiera establecer un porcentaje del olor, “yo diría que era un 100 por ciento, y en la segunda era un 80 por ciento, pero ambas eran súper fuertes”.

En la tercera diligencia, el olor disminuyó a un 60 por ciento, y en esta cuarta fue del 30 por ciento. “Yo creo que es por muchos factores, por ejemplo, los restos han estado expuestos más tiempo en condiciones más cálidas y desprotegidas, al aire y al movimiento de la tierra”.

La joven buscadora explica esto para enfatizar que “entre más tiempo pase y más manipulación de los cuerpos exista, hay menor oportunidad de obtener perfiles genéticos” y, con ello, algunos de los cuerpos y fragmentos óseos “no lograrán ser identificados ni regresar a casa”.

La disputa

Durante este tiempo, las familias de las víctimas aprovecharon para ofrecer una conferencia de prensa. La vocera de la BNBP detalló que los documentos evidenciaban que la FGE envió las solicitudes a la FGR y a la Guardia Nacional apenas 15 días antes. Ambas instituciones respondieron negativamente, argumentando exceso de trabajo. Por ejemplo, la Guardia Nacional justificó su ausencia alegando que sus elementos estaban concentrados en el Tren Maya y otras obras.

«Estas actividades por las cuales se niegan a participar no están vinculadas a su área científica», señaló la vocera.

Posteriormente, familiares de víctimas, buscadoras e integrantes de colectivos (Regresando a Casa Morelos, Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla, Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, Unión de Familias Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos, Buscadoras del Sur y Caminando por las Calles JRM) clausuraron el acceso durante el primer receso del personal de la Fiscalía, exigiendo que se incorporaran las autoridades faltantes.

Ante esta acción, las autoridades presionaron a las víctimas y advirtieron que suspenderían la diligencia si no permitían continuar con los trabajos. Las buscadoras y las familias se sintieron acorraladas y optaron por permitir que continuaran los trabajos a cambio de mesas de trabajo para mejorar las condiciones a lo largo del proceso.

Tras negociaciones y con la intervención de autoridades estatales, se alcanzaron acuerdos mínimos: la incorporación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD) y la promesa de que en algún momento se sumaría personal de la Guardia Nacional. Además, se aseguró que el Centro de Investigación Genética de Coahuila realizaría perfiles genéticos alternos para la confronta.

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