14 años de injusticia: Ana, víctima de trata, ahora es culpable sin sentencia

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“Es mejor estar en la cárcel que seguir aguantando los golpes y que me obliguen a acostarme con hombres a diario”, confesó Ana, una mujer maya de Yucatán, víctima de trata de personas, que se encuentra en prisión preventiva desde hace más de una década en espera de sentencia.

Por Claudia Victoria Arriaga Durán

Ilustraciones de Houston Ortegón Casanova

A Ana, de 34 años, la quieren ver libres sus hermanas y primas. Lleva 14 años encarcelada sin sentencia, acusada de un delito que no cometió. Pasó de ser una víctima de trata de personas a ser señalada como la tratante de sus hermanas. 

A los 18 años, Ana ingresó al Centro de Reinserción Social (Cereso) para mujeres del municipio de Tekax, en el estado de Yucatán, acusada de ser parte de un grupo de tratantes de personas al que llamaron “El clan”. “Sientes que no vales nada, que nadie te va a querer nunca y que nunca vas a salir de las cuatro paredes del cuarto en el que te obligan a tener sexo”, expresó Ana, sentada en una banca de concreto, mientras apoyaba sus manos en el rostro mientras brindaba esta entrevista. 

La separan del exterior unos muros de concreto de más de diez metros de altura que rodean el patio central del Cereso femenil en Mérida. Sitio al que fue trasladada en 2023, junto con otras mujeres mayas privadas de su libertad. Lo que divide el módulo en el que ahora vive de la libertad no son más que piedras que no puede derrumbar. 

En la historia de Ana no está muy claro qué delito cometió. Se encuentra en un limbo que le ha costado más de una década de encierro.  Según  datos obtenidos vía la Plataforma Nacional de Transparencia, su caso podría ser parte de las cuatro personas encarceladas por trata de personas en la modalidad de explotación sexual; o de las siete por cometer lenocinio, es decir, por comercializar con los cuerpos de sus hermanas y administrar un prostíbulo. Tampoco se descarta que esté registrada entre las 37 personas privadas de la libertad por cometer el delito de corrupción de menores e incapaces o trata de menores. 

Lo cierto es que la trata de personas en cualquiera de sus modalidades es un delito difícil de denunciar. Yucatán, en relación con el resto del país, tiene pocos casos registrados, pero no está exento. Se encuentra en el lugar número 31 según las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Otra de sus particularidades es que los casos suelen concentrarse en la capital, es decir, en la ciudad de Mérida. No es frecuente encontrarlos en las periferias mayas, como pasó con Ana. “Desde ya hace un tiempo se ha podido detectar en algunas zonas de Mérida redes de trata. La persona víctima de trata ha perdido toda su libertad y sus derechos y puede ser vendida hasta 20 veces en un día”, relató Enrique Puc, representante de la Red Rahamim en Yucatán, una organización a nivel internacional integrada por personas religiosas y laicas, que trabajan en la lucha contra la trata de personas en todo el país.

¿De víctima a tratante? 

“Eran militares, policías municipales, policías estatales, hombres adultos los que pagaban por tener sexo conmigo, con una niña”, pronunció con coraje, Ana. En los recuerdos de ella y sus hermanas hay un mapa que las atormenta todos los días. Las movían a los municipios del cono sur: recorrieron Ticul, Chumayel, Peto, Izamal y Sinanche. En algunas ocasiones también las trasladaron a Quintana Roo. 

“A diario pensaba en la forma de terminar con mi vida, en suicidarme”, pronunció con voz seria y los ojos al borde del llanto. Ana fue entrevistada en la cárcel. Ese día vestía un pescador de mezclilla color azul, una blusa lila y unas chanclas. Tenía el cabello recogido y la cara lavada. La voz se le entrecortaba por momentos, demostrando la cantidad de años que tuvieron que pasar para ser escuchada. Pensó que la habían olvidado.  

Cuando la arrestaron tenía 18 años y nadie le creyó que desde los 14 había sido prostituida por una pareja que la privó de su libertad. En ese momento , no tuvo la oportunidad de defenderse ni la de acceder a una defensa con perspectiva de género. Pasó de víctima de trata en la modalidad de explotación sexual a ser señalada como tratante. La acusaron de prostituir a sus hermanas de 11 y 13 años y a sus primas, quienes, al igual que ella, también fueron prostituidas. 

Hoy no está sola: sus hermanas —ahora adultas—, María y Magdalena, han intentado en varias ocasiones pedir que retiren los cargos. Pero antes, se preguntaban a diario qué podían hacer ellas si nadie les hacía caso. Para su sorpresa, fue en el Cereso del municipio de Tekax en donde encontraron la respuesta. Ahí, aunque parecía poco probable, las mujeres privadas de su libertad se articularon para obtener verdad y justicia. 

En la cárcel, además, conoció a otras mujeres. Algunas encarceladas por cometer legítima defensa. En pocas palabras, encarceladas por luchar para no ser víctimas de feminicidio. Ellas le contaron de un abogado que acompañaba su caso. Ana, con desconfianza, pero ya sin nada que perder, lo contactó. 

A la mayoría de las mujeres mayas de esa cárcel, las unió el deseo de ser libres y de demostrar su inocencia. Sus historias no son menos importantes. 

De trabajadora del hogar a esclavitud moderna

Ana es originaria del municipio de Akil y llegó a las manos de “El clan” cuando tenía 14 años. Una pareja le ofreció trabajo para limpiar una casa en el municipio de Ticul, ubicado a 32 kilómetros de distancia de su comunidad. Con la esperanza de ganar dinero y mejorar su calidad de vida, decidió irse de su hogar como lo hacen muchas niñas y adolescentes mayas.

El día que llegó a su nuevo trabajo, la recibieron Carlos y Estela, un matrimonio del que nada sospechaba. Una vez instalada, el “Patrón”, Carlos, la violó con la advertencia de que la estaba entrenando para su nuevo empleo.

Nada pudo hacer para defenderse. Al poco tiempo, empezaron a trasladarla a distintos municipios para prostituirla. 

Ana, sentada en una banca en el área de descanso del Cereso femenil, insistió en que al momento de su detención, en 2010, las autoridades la obligaron a firmar palabras que nunca salieron de su boca. Es decir, que las primeras declaraciones de la joven fueron hechas bajo coacción. 

Durante el desarrollo de esta investigación tuvimos acceso a la carpeta de investigación. El expediente se encuentra en resguardo en los juzgados del municipio de Tekax. Lo que puede leerse en él es una versión muy distinta de lo que narran las jóvenes. El testimonio que Ana firmó por la fuerza asegura que ella viajó a Ticul porque tenía conocimiento de que había mujeres que recibían dinero por “acostarse” con hombres. Al llegar al pueblo, preguntó si había una casa de citas y le señalaron un predio construido con madera y techo de lámina. Tocó la puerta y le abrió Carlos. Le preguntó si podía recibirla y él aceptó.

“Le pregunté si era una casa de citas y me dijo que sí, que cobraba 20 pesos por el cuarto. Él no me preguntó mi edad, solo cómo me llamaba y desde ese mismo día comencé a trabajar como prostituta en ese lugar”, se lee en las primeras declaraciones de la joven tras el arresto.

El expediente de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) detalla que, supuestamente, Ana cobraba 120 pesos a los clientes, le daba 20 pesos a Carlos por la renta del cuarto y además, él pedía 10 pesos a cada hombre por dejarlo pasar. Sin embargo,  ahora sabemos que sus tratantes cobraban de 400 a 600 pesos por servicio sexual. 

Más adelante, en ese mismo testimonio obtenido mediante amenazas, se sugiere que Ana estaba enamorada de su tratante: “Sostuve relaciones con Carlos porque me gusta”, puede leerse en la declaración del 4 de abril de 2010. “Nada más alejado de la realidad” acotó Ana a catorce años de estos hechos.

Al igual que al resto de las niñas, adolescentes y mujeres que fueron víctimas de “El clan”, a ella la torturaban. Las colgaban amarradas con un palo de madera sostenido en el techo para golpearlas.

Carlos y Estela

Carlos es un hombre de aproximadamente 40 años que estaba casado con Estela y vivían juntos en el municipio de Ticul. Se describía a sí mismo como católico y creyente en la virgen de Guadalupe. Tras ser arrestado, declaró que ganaba 400 pesos semanales y que completaba el gasto de la casa con lo que ganaba prostituyendo a Ana, a sus hermanas y a sus primas. En su mente, eran una familia.

“Sabía que con el tiempo se iban a acostumbrar y les iba a gustar ese tipo de vida”, testificó.

Cuando Estela se casó con Carlos,aceptó ayudarlo a administrar el negocio familiar: “una casa de citas”. En sus declaraciones también admitió las torturas y violaciones que cometió contra Ana, sus hermanas y primas.

“Cuando tenían la menstruación las obligaba a usar una esponja , de esa que llevan los muebles, la enrollaba y le ponía un hilo. Formaba una especie de tampón, como uno de esos que se venden, y se los metía en los quesitos (vagina); así el cliente no veía que estaban en sus días. Cuando terminaban tenía que jalar el hilo y sacar la esponja para lavarla y volver a usarla en el próximo cliente”, declaró ante las autoridades. 

Se encargaba de vestirlas con lo que ella describió como “ropa sexy”, que no era otra cosa que lencería, faldas cortas, shorts y blusas tipo top de tirantes. Les pintaba el cabello y les colocaba pupilentes de colores.

La huida

El 4 de enero de 2010 cambió la vida de María. Ella le pidió a su madre que le permitiera ir a trabajar con sus hermanas, Ana y Magdalena. Su madre lo permitió porque representaba un ingreso más para la casa y pensó que no estaría sola. Pero, al llegar, se encontró con una escena que sólo de recordarla le causa terror. 

Cuando Estela la recibió, le pidió a Ana y Magdalena, sus hermanas, que la vistan con una falda corta y blusa de tirantes, a la par, le gritó que tendría que acostarse con muchos hombres. María se intentó defender, pero recibió una bofetada. En ese momento, intervino Carlos y la violó.

El contexto social de los pueblos mayas es un factor determinante para que las niñas y adolescentes de las comunidades sean captadas por las redes de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. 

La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) coloca el crecimiento acelerado de Yucatán como un detonante para que las niñas y niños que crecen en zonas rurales caigan en las manos de tratantes, ya que en muchos casos migran en busca de oportunidades. 

“Pertenecer a pueblos originarios, estar en una familia en un rango de pobreza por debajo de la media, son factores que van añadiendo niveles de vulnerabilidad y ponen en primera fila a las infancias mayas para ser captadas por las redes de trata”, abundó la directora de REDIM, Tania Ramírez en entrevista para este reportaje. Añadió que la idea de generar riqueza para unos pocos, solo trae consigo más desigualdad y riesgos para las comunidades mayas

“Esa falsa idea de desarrollo en donde todo es generar riquezas y, además, riqueza para unos pocos, sin solventar los huecos que hay en el piso. Yucatán no ha logrado garantizar igualdad para el pueblo indígena”, mencionó.

Entonces, María, con apenas 11 años, soportó dos meses de golpes y violaciones de hasta más de 10 hombres por día. Harta y con miedo decidió escapar.

Esa oportunidad se presentó el 9 de febrero de 2010, cuando Carlos y Estela intentaron que tenga relaciones sexuales con un tercer cliente. María luchó con todas sus fuerzas para salir del cuarto donde la encerraron. Logró abrir la puerta y los confrontó delante del hombre quien, enojado por la situación, les pidió su dinero de regreso. 

A María la castigaron a golpes y la dejaron sola en ese mismo cuarto. La pareja estaba tan furiosa que no notaron que habían dejado la puerta sin seguro. La pequeña corrió hacia la calle y se escondió en un monte.

Pasó horas entre la maleza hasta que una señora la encontró. La mujer, que al igual que el resto de los vecinos sospechaba lo que ocurría en esa casa, le explicó por dónde salir sin ser descubierta.

“Corrí hacia donde me dijo la señora y vi una casa, me acerqué a pedir ayuda. La mujer que abrió la puerta me dijo que su esposo era policía, que él estaba en casa y me llevaron al Ministerio Público en Ticul a denunciar”, relató María, quien ahora es una mujer adulta.

En los últimos seis años, de 2018 a lo que va de 2024, la FGE de Yucatán no ha recibido ninguna denuncia por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación. Lo que refleja lo complejo que es denunciar, perseguir y desarticular este tipo de redes. De los delitos de corrupción de menores, trata de menores y pornografía infantil —suscritos en el artículo 208 del Código Penal del Estado de Yucatán—, sí hay carpetas judicializadas con personas vinculadas a proceso. Se registraron 18 imputados por cometer corrupción de menores, 4 por trata de menores y 3 por pornografía infantil.

En espera de sentencia y justicia

A Ana la acusaron del delito de lenocinio cuando fue arrestada. En el artículo 214 del Código Penal del Estado de Yucatán se establece que comete esta falta quien se beneficie del comercio sexual de un tercero, o bien, facilite los medios para ejercer la prostitución. También a quien regentee, administre o sostenga prostíbulos. La pena por lenocinio es de uno a siete años de prisión y de cuarenta a cien días-multa. Sin embargo, Ana lleva 14 años esperando sentencia, es decir, que ya cumplió la condena máxima dos veces.

Datos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Yucatán, obtenidos vía la Plataforma Nacional de Transparencia, exhiben las sentencias de “El clan”, al que acusaron a Ana de pertenecer. Fueron cuatro las personas sentenciadas: tres mujeres y un hombre (Carlos). Dos fueron radicadas en Ticul y dos de Tekax; y solo una concluyó con una condena de 6 años y dos meses de cárcel. Esta última le fue dictaminada a una mujer que, al igual que las demás, era víctima de explotación sexual. Como consecuencia de esta violencia, la mujer tuvo una hija con Carlos. La menor producto de este embarazo fue registrada con los apellidos de la pareja de tratantes y actualmente, se encuentra en custodia del hijo de Carlos, su hermano mayor. 

El abogado defensor de la joven, Moisés Velázquez Cuevas, aclaró que a Ana la acusaron de violación, violación equiparada y lenocinio. Pero su situación se complicó porque le revocaron la sentencia dos veces: en 2016 y en 2019. La pareja de tratantes, por su parte, denunció que fueron víctimas de tortura durante la detención y pidieron ser sometidos al Protocolo de Estambul, un mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que brinda las herramientas para documentar la tortura y los malos tratos. En muchos casos, permite que las víctimas de este delito obtengan justicia.

En respuesta, la sala del Tribunal Superior de Justicia ordenó la reposición del proceso. En consecuencia, Ana se convirtió en una de las olvidadas del sistema de justicia anterior: “Ana ha visto pasar tres gobernadores, tres fiscales y sigue olvidada.Fueron los explotadores o tratantes, quienes tenían abogados particulares, los que logran la reposición de proceso”, apuntó Velázquez Cuevas.

Otro de los motivos por los que se repuso el proceso es porque hubo inconsistencias. Por ejemplo, el de asignarle a Ana y a la pareja de tratantes de personas el mismo defensor público. “A los tres les ponen al mismo defensor público. Consta en el expediente que el secuestrador, por así decirlo, la persona que la obligaba a prostituirse, la golpeaba cuando estaban en las diligencias”, apuntó el abogado.

Según los testimonios, Carlos agredió a Ana durante las audiencias. La pisaba en el pie o la pellizcaba para lastimarla delante de las autoridades. Pese a todo, la joven continúa esperando que le dicten sentencia.

Ellas hablan

“A Ana la obligaron a hacer las cosas, era obligada. No debe estar en la cárcel, los señores nos obligaban a todas. A ella también la maltrataban. Cuando estaba ahí vi que la golpearon con una madera”, confesó María, hermana de Ana.

“Nos colgaban y nos decían que nos matarían si escapábamos y que lo primero que harían sería buscar a nuestra familia para matarlos y luego a nosotras para matarnos. Cuando Ana fue a buscarnos, Estela la acompañó para que no se pudiera escapar. No es justo, la verdad. Para mí no es justo lo que está pasando ella. Estaba chica y en su mente no sabía cómo ayudarse para salvarse”, pronunció con angustia Magdalena, sentada en una hamaca.

Ana intentó, en estos 14 años de encierro, reconstruir su vida. Incluso se casó con una persona privada de su libertad en el penal del municipio de Tekax y tuvieron un hijo. 

“No es culpable, es víctima de ellos. No es justo que esté ahí, debería de estar afuera para gozar de su chan hijo. No es su culpa lo que pasó”, comentó su tía. Desde afuera, sus hermanas y primas, quienes también fueron víctimas de esta red de trata de personas y de explotación sexual, aún tienen la esperanza de verla en libertad.

El reporte de 2023-2024 de la línea telefónica para denunciar la trata de personas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, recibió 29 solicitudes de auxilio del estado de Yucatán. Y, aunque es un delito difícil de detectar, en México hay formas anónimas para denunciarlo. Una opción es el 800 55 33 000 que corresponde a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Otra, es la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) cuya línea 01 800 00 854 00 funciona las 24 horas del día. 

Historias como la de Ana dejan entrever que, en México, la falta de perspectiva de género y de perspectiva intercultural, dejan en la indefensión a las víctimas de delitos como la trata de personas. Del otro lado, el apoyo con el que Ana cuenta —de amigas, hermanas y primas—, demuestra, también, que las redes salvan. 

*****Los nombres de algunas de las personas mencionadas en el reportaje fueron modificados para resguardar su seguridad.  

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.