“Estamos luchando contra un monstruo”: Los pueblos de la Bahía de Ohuira presentan su lucha ante la ONU

*Esta nota fue realizada por Revista Espejo, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

Comunidades indígenas Yoreme-Mayo en Topolobampo, Sinaloa, enfrentan amenazas por oponerse a una planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira. Piden proteger su territorio y biodiversidad, vital para pesca y ecoturismo. La ONU documenta, mientras procesos legales continúan.

Por Marcos Vizcarra

Topolobampo, Sin.- “Estamos luchando contra un monstruo”, dijo Criselia Sánchez Luque, integrante del Consejo Consultivo de la Nación Yoreme-Mayo al hablar sobre la lucha contra la construcción de una planta para producción de amoniaco en la Bahía de Ohuira.

Sánchez Luque denunció que quienes están en contra del megaproyecto de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, subsidiaria de la firma alemana Proman, están siendo amenazados.

“Esta lucha no es para nosotros, sino para nuestros hijos, para que puedan seguir viviendo del territorio que nos corresponde”, señaló ante una misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que viajó al puerto de Topolobampo para escuchar las demandas que ha sostenido el pueblo Yoreme-Mayo desde hace 10 años.

Durante tres días la misión conoció lo que han llamado “la bahía encantada” al norte de Sinaloa, las islas, cerros y la biodiversidad que existe en esta región donde hay al menos 3 mil 500 familias que viven exclusivamente de la pesca y el ecoturismo.

Ricardo Neves, uno de los visitadores de la ONU explicó ante una asamblea en el pueblo Paredones que la misión trató de hacer un primer encuentro para poder crear un informe.

“Hemos escuchado sus demandas, de los problemas que tienen y la situación que están viviendo”, expresó, asegurando que este proceso de información será lento para poder lograr una resolución.

Foto: Marcos Vizcarra

La misión pudo conocer de las amenazas que tienen integrantes de los pueblos de Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones. Actualmente el gobernador indígena Felipe Montaño, de Ohuira, junto con las mujeres Claudia Susana Quintero, Melina Maldonado Sandoval e Irene Díaz portan botones de pánico y chalecos antibalas por amenazas de muerte que han recibido por ser opositoras al megaproyecto de Gas y Petroquímica de Occidente.

Un proyecto apoyado por el gobierno

“Nosotros nos preguntamos si el gobierno va accionar cuando aquí ya suceda una desgracia…porque de algo estamos seguros, vamos a defender nuestro territorio con la vida”, dijo una de las mujeres que participaron en la asamblea.

En 2014 comenzó la construcción de una planta con la que se busca producir 2,200 toneladas diarias de amoniaco por parte de Gas y Petroquímica de Occidente.

El inicio del proyecto fue con permisos otorgados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Ayuntamiento de Ahome y el gobierno de Sinaloa. Sin embargo, se omitió informar a las comunidades originarias y consultarlas.

Organizaciones civiles, académicas y científicas como Diana Cecilia Escobedo, profesora-investigadora en el IPN-CIIDIR Sinaloa, advirtieron de los posibles daños que podría tener el ecosistema y los pueblos de Paredones, Ohuira y Lázaro Cárdenas comenzaron a organizarse, promovieron amparos a partir del año 2015 y después de seis años se comenzó a ganar para tumbar todos los permisos.

El proceso no fue nada simple, durante esos seis años hubo conflictos internos entre las comunidades indígenas, el desconocimiento de gobernadores que decidieron apostar a favor de la construcción de la planta, como Librado Bacasegua, ex gobernador indígena de Lázaro Cárdenas.

Los pueblos, aunque unidos, fueron dejados a su suerte desde el gobierno de Sinaloa.

El gobernador Mario López Valdez fue promotor de la planta, lo mismo el priista Quirino Ordaz Coppel y también el morenista Rubén Rocha Moya, quien ha expresado tener una oportunidad de expandir la inversión extranjera con la puesta en marcha de la planta de Gas y Petroquímica de Occidente, pues con este hay otros proyectos, como uno para producir metanol, y uno más sobre gas natural refinado.

Los amparos fueron un respiro para los pueblos, pero quienes los han liderado, entre ellos Felipe Montaño, Claudia Susana Quintero, Melina Maldonado Sandoval e Irene Díaz, han recibido amenazas contra ellos y sus familiares.

Foto: Marcos Vizcarra

La misión de la ONU dio cuenta de las condiciones de los pueblos, de la forma de vivir de las comunidades pesqueras, del silencio que hay por medios de comunicación sobre la situación de la bahía y las comunidades indígenas.

Foto: Marcos Vizcarra

La lucha por la bahía

El pueblo Yoreme-Mayo describe a la bahía como parte del Baahue Ánia, que en su cosmogonía es uno de los cuatro universos que envuelven a esta nación indígena.

En la bahía de Ohuira hay quienes pescan durante las madrugadas, otros por las mañanas y las tardes. Algunas personas hacen artesanías con conchas; otras se dedican a limpiar las playas. También hay quienes trabajan en la conservación y protección de especies marinas como la tortuga, y muchas mujeres y hombres viven del ecoturismo con la renta de cabañas, paseos en lanchas y caminatas por senderos entre los cerros que rodean la bahía.

En éste espacio hay seis islas: Bleditos, Mazocahui 1, Mazocahui 2, Comalitos —esta última solo se puede ver cuando baja la marea—, de Patos y de Bledos, donde habitan 109 especies de peces

Antes de que se iniciara la construcción de la planta de amoniaco se tenía manglar suficiente para albergar a las aves y sus nidos; y debajo había camarón y distintas variedades de moluscos. Esos ecosistemas han migrado a otras regiones dentro de la misma bahía.

Foto: Marcos Vizcarra

Los pueblos alrededor de Paredones, Lázaro Cárdenas y Ohuira ganaron los amparos para tumbar los permisos, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó una consulta, la cual se llevó a cabo incluyendo comunidades lejanas a la bahía.

“Fue una consulta amañada, que la hicieron agarrando pueblos a 45 kilómetros a la redonda porque saben que si esto explota ese va a ser el radio del desastre”, dijo uno de los pobladores ante la misión de la ONU, recordando la consulta que se llevó a cabo en el mes de noviembre del año 2021.

En el mes de agosto pasado, José Francisco Pérez Mier, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, declaró válida la consulta indígena al señalar que hubo al menos 11 comunidades a favor contra 4 que votaron en contra y que tras haber pedido una opinión a dos consultores, de los cuales se reservó nombre, el proyecto podría llevarse a cabo siempre y cuando se realicen obras de mitigación.

La planta ya sostiene operaciones, aunque aún pesan tres procesos legales: el amparo en revisión 251/2014, una inconformidad con número 14/2023 y la denuncia PFPA/31.7/2C ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

A esos procesos legales se sumará una demanda contra el Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la sentencia del Juzgado Séptimo en Sinaloa que resolvió el juez José Francisco Pérez Mier sobre el amparo 561/2023.

La misión de la ONU conoció las quejas de los pueblos que están alrededor de la bahía, revisó documento y prometió dar seguimiento a los avances legales.

“Será un proceso lento”, insistió el observador Ricardo Neves, aunque las comunidades han tomado el gesto como una motivación a sostener la lucha contra el megaproyecto con el que sienten amenazada su vida y su territorio.

Foto: Marcos Vizcarra