Minera Cuzcatlán contamina arroyo en Oaxaca y Profepa ignora la denuncia de los pueblos afectados

**Esta nota fue realizada por Istmo Press , parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

#Oaxaca 8 Oct (#Istmopress) – Ante la indiferencia y omisión de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), pueblos zapotecas que integran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, denunciaron que dicha dependencia no ha entregado ninguna información oficial a las autoridades municipales que denunciaron la contaminación del arroyo “El Coyote”, ubicado en Magdalena Ocotlán.

Las autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Cerro de las Huertas, Coatecas Altas, San Dionisio Ocotepec, San Nicolás Yaxe, El Llano Sitio Santiago dijeron, que dicho arroyo presenta una coloración anormal en su cauce, por lo que se exige una atención inmediata por parte de las dependencias responsables, que hasta el momento, no han informado nada.

En conferencia de prensa en al capital de Oaxaca, dieron cuenta que, los días 24 y 25 de septiembre, las autoridades municipales de Magdalena Ocotlán y San Matías Chilazoa realizaron recorridos en las inmediaciones del proyecto minero “San José”, ante denuncias públicas que hicieron ciudadanas y ciudadanos sobre un nuevo derrame de la presa de jales secos de la compañía minera Cuzcatlán, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Mining, antes Fortuna Silver Mines.

“Vimos y documentamos la presencia de sedimentos de color blanquecino con espuma anormal, lo cual cambió la composición del agua de dicho arroyo, presentamos la denuncia ante la Profepa, Semanarnat y Conagua”, dijeron.

Molestos informaron, qué en lugar de presentarse y recabar información de primera mano con las autoridades demandantes, la PROFEPA difundió un comunicado, el día 30 de septiembre, en el que informa que inspectores federales acudieron a la mina “San José” para verificar la operación normal del depósito de jales secos “con lo que se demostró la inexistencia de un supuesto derrame o liberación de residuos de jales mineros sobre el cauce del Arroyo “El Coyote”.

“Es una irresponsabilidad de la Profepa lo que dice su comunicado, porque carece de una investigación exhaustiva sobre la contaminación del arroyo El Coyote que contribuye para el pozo de agua potable de las comunidades afectadas y constituye una acción completamente irresponsable de dicha dependencia con el medio ambiente y la salud de las comunidades zapotecas que habitamos en esta región”, indicaron.

Resaltaron que lejos de respetar, proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía, la PROFEPA favorece los intereses privados de Compañía Minera Cuzcatlán, ya que, en ningún momento se acercó a las comunidades afectadas y a sus respectivas autoridades municipales y agrarias.

“Las autoridades municipales no hemos realizado ninguna alerta innecesaria (como dice PROFEPA en su comunicado), tampoco somos organizaciones externas: somos autoridades constitucionales reconocidas por el Estado mexicano. Las autoridades contamos con información de primera mano sobre la situación de nuestro territorio, motivo por el cual solicitamos la realización de estudios en el cauce del río para deslindar responsabilidades”, enfatizaron.

Cabe mencionar, que no es la primera vez que una instancia federal tiene resolutivos a favor del proyecto minero sin contar con información técnica y científica sobre la situación real del territorio, ya que, en 2018, el arroyo fue contaminado por primera ocasión, sin ninguna sanción ejemplar a la empresa minera, por el contrario, SEMARNAT decidió otorgar como “premio”, otros 10 años más de operación a minera Cuzcatlán en 2021.

Por último, las comunidades exigieron y exhortaron al Juzgado Primero de Distrito integrar en el expediente la presente denuncia y respetar la determinación de las comunidades afectadas, que es Cancelación de las concesiones mineras en Valles Centrales de Oaxaca y sancionar a la empresa minera por desacatar el mandato judicial.

Diana Manzo / Agencia de Noticias IstmoPress