Fiscalía de Querétaro quiere encarcelar a menor «por abortar». La acusan de homicidio

*Esta nota fue realizada por Pie de Página, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

La Fiscalía de Querétaro quiere encarcelar a una menor de edad por un parto fortuito. La acusan de homicidio calificado. Detrás de la acusación está el nuevo Fiscal, Víctor Antonio De Jesús Hernández, un viejo cuadro panista cercano a las élites conservadoras que han gobernado el estado

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Ximena Torres / Archivo Zona Docs

CIUDAD DE MÉXICO. -La Fiscalía del Estado de Querétaro busca encarcelar a una menor de 14 anos que sufrió un parto fortuito, luego de que se embarazara producto de una presunta violación.

La acusación llega aunque la Fiscalía reconoce que la menor tenía 36 semanas de gestación al momento de sufrir el parto antes de término, algo que no es un delito, sino una condición médica. Pese a esto, contra lo establecido en las leyes locales, la autoridad determinó, con peritajes propios poco claros y que contradicen el peritaje médico de la atención inicial en urgencias, que la menor parió un producto vivo y éste murió por asfixia, por lo que la acusan de homicidio calificado, según el Código Penal de Querétaro.

Bajo esta figura, la Fiscalía de Querétaro descarta la ininputabilidad de la menor y pide una pena que puede exceder los 3 años de cárcel. Además, le obligaría a «reparar» el daño a la «víctima», el joven que presuntamente la violó. De determinarse su culpabilidad, la menor tendría que pagarle una multa de 518 mil pesos.

Una acusación irregular

Para formular la acusación, la Fiscalía queretana incurrió en varios hechos que, por lo menos, son irregulares.

El primero, fue desestimar una denuncia o investigación por violación en un caso de una menor de 14 años embarazada.

Para esto, la autoridad se basó, según consta en el acta de la audiencia inicial, en un argumento que consignó la defensa de la menor, la cual era de oficio. Esta, a través de un peritaje, dijo que la menor no declaró que el embarazo fue producto de una violación. La Fiscalía, sin embargo, no investigó más el asunto, todo, aunque existe evidencia de que la menor sufría violencia y un contexto familiar complejo. La Fiscalía consignó el argumento de la defensa en la audiencia inicial, y la defensa de la menor no apeló la decisión.

El segundo, fue establecer que el parto fortuito fue un «aborto involuntario», aún cuando el delito de aborto no es el que se le está imputando, en uno de los estados con mayor resistencia a despenalizarlo.

Para esto, la Fiscalía, en una nueva audiencia, dijo que realizó peritajes para determinar si el feto murió antes o después del parto fortuito. Hasta el momento, la autoridad no ha especificado qué peritaje realizó para determinar que el producto nació vivo y «fue asesinado por ahorcamiento «, aunque de acuerdo a la colectiva que acompaña el caso de la menor, el parte médico estableció que el parto prematuro se produjo por muerte fetal intrauterina, es decir, murió dentro del cuerpo de la adolescente.

Aún así, la autoridad consignó a la menor por homicidio calificado.

El caso es parecido al de Dafne, una mujer que, en 2016, fue sentenciada a 16 años de cárcel acusada de homicidio en grado de parentesco después de que sufriera un parto involuntario en una tienda Liverpool de San Juan del Río, Querétaro.

En casos similares ocurridos en el estado de Guanajuato unos años antes y acompañados jurídicamente por la asociación Las Libres, se demostró que la Fiscalía practicó un peritaje que data del siglo XIX: poner los pulmones del feto en una cubeta para ver si flotan, o no flotan y supuestamente con eso determinar si respiró o no antes de morir.

Este argumento ya había sido desechado en 2010 por una resolución de la Suprema Corte de Justicia en el caso de una mujer indígena en Guerrero.

Sin embargo, según investigaciones periodísticas, «peritajes» similares se han usado en estados como Yucatán y Guanajuato, ambos gobernados por el Partido Acción Nacional hasta 2024, como ocurre también en Querétaro.

Dafne, pudo obtener su libertad después de tramitar un amparo, gracias al acompañamiento jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.

Querétaro, cuna de conservadores

Con alternancias, desde 1991 el panismo queretano ha ido consolidando su hegemonía en el Estado.

Su creación, fundada en la convergencia entre grupos sinarquistas y de ultraderecha, también acarreó la creación de células de jóvenes universitarios a quienes se instruyó bajo los principios ortodoxos del catolicismo y el franquismo español. Con el paso del tiempo, éstas células conformarían grupos clandestinos como el Yunque y el MURO, que tenían como principal tarea el “combate al comunismo” y la defensa de los principios católicos.

En Querétaro, la ultraderecha y los empresarios encontraron simbiosis. Como ejemplo, las candidaturas de Francisco Garrido Patrón, Ignacio Loyola Vera, Francisco Domínguez Servién y Mauricio Kuri González. Estos gobernadores, extraídos directamente de cámaras empresariales y ganaderas del Estado, han mantenido en sus equipos de trabajo a personajes ligados al conservadurismo como Alfredo Botello Montes, Guadalupe Murgía y Miguel Ángel Vichique de Gasperín.

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También, desde el gobierno De Francisco Garrido, la familia Granados Torres ha rotado por los puestos de seguridad en el estado en cada administración panista. Se tratan de Juan Marcos y Juan Martín, ambos abogados, ambos, en su curriculum, exsecretarios de seguridad pública de la capital, del Estado, Fiscales y hasta secretarios de gobierno.

Todos estos personajes, han sido denunciados por proteger casos de abuso policial, homofobia y maquillar cifra de desapariciones. Uno de estos casos fue el asesinato de Octavio Acuña, en 2005, donde presuntamente policías municipales lo mataron por razón de homofobia.

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Víctor de Jesús, el fiscal del panismo

Orbitando cerca de sus apellidos se encuentran otros personajes, cercanos a este grupo político, como el exfiscal del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, y el exsubsecretario de gobernación (y nuevo fiscal): Víctor Antonio De Jesús Hernández.

Éste último, es quien formula (y sostiene) la acusación contra la menor. En el pasado, durante su cargo como subsecretario de gobierno en la administración de Francisco Domínguez Servién, Víctor Antonio De Jesús Hernández fue uno de los responsables (junto a Echeverría Cornejo) de criminalizar y judicializar a mujeres que participaron en las marchas por la despenalización del aborto en Querétaro en 2021.

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Pero el historial del nuevo Fiscal no para ahí. Otro ejemplo:

El 9 de febrero del 2018, Rafael Adrián Avante Juárez , en ese entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del gobierno de Enrique Peña Nieto, sostuvo una reunión de trabajo a la que estaban convocados el titular de la Secretaría de Gobernación del Estado de Querétaro, Juan Martín Granados Torres, y el Fiscal General del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo.

En la reunión, celebrada en las instalaciones de la fiscalía estatal, también estaban familiares de personas desaparecidas en la entidad, quienes previamente habían sostenido una reunión con Avante Juárez y el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. El motivo: reanudar las mesas de trabajo para atender las carpetas de investigación de las desapariciones en el estado.

Al arribar a las instalaciones de la FGE, las familiares y funcionarios se percataron que ni Granados Torres, ni Echeverría Conejo habían atendido la convocatoria, tan sólo repararon en enviar representantes que no podían tomar ninguna decisión respecto a los puntos acordados a tratar. El representante fue Víctor Antonio De Jesús Hernández.

Su predecesor en la Fiscalía, Alejandro Cornejo, fue una de las principales figuras que negó la crisis de desaparecidos en la entidad.

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Su designación como Fiscal, a la vez, estuvo plagada de irregularidades, tal como lo reportó la periodista Paulina Rosales, quien puso en evidencia la cercanía de Víctor Antonio De Jesús con el gobernador, Mauricio Kuri, y el exgobernador Francisco Domínguez.