Califican como “deficientes y con un pésimo desempeño” a las instituciones encargadas de la búsqueda de personas desaparecidas en México.

**Esta nota fue realizada por Zona Docs, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

El informe de Red Lupa, en colaboración con diversas organizaciones, periodistas, colectivos y embajadas,  denuncia la crisis sistémica de desapariciones, señalando el deficiente desempeño de instituciones clave, la falta de recursos y personal que impide avanzar en la localización e identificación de personas desaparecidas. 

Desde esta postura, proponen recomendaciones para mejorar la coordinación y la implementación de la Ley General en materia de desapariciones, con un énfasis en la transparencia y la participación de las familias que han sido víctimas de este delito y violación grave a sus derechos humanos.

Por Farah Medina / @_dtfarahm_

En México, en 2023, se reportó un aumento en el número de personas desaparecidas al alcanzar 10 mil 315 casos, esto de acuerdo a los datos registrados por el informe de Red Lupa realizado de manera conjunta entre el Instituto Mexicano de Derechos y Democracia (IMDHD), la Unión Europea y la Embajada de Suiza;  este reporte además de señaló  un aumento del 6.3 % de los casos de desaparición a mayo de 2024, lo que de seguir así, implicará que las desapariciones podrán ser igual o mayores a las registradas en 2023. Actualmente los casos de desaparición forzada en nuestro país rebasan los 100 mil.

El 48% de los casos se concentran en cinco estados: Jalisco a la cabeza con más de 10 mil casos, seguido de Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León, y con un aumento del 80% en el estado de Tabasco.

Con este panorama de frente y con una crisis forense que complejiza dicho escenario,  la Red Lupa señala: “Si no buscamos nosotras, nadie  lo hará”; por ello, uno de sus principales objetivos es: “integrar una red para realizar una evaluación ciudadana de la implementación de la Ley General y de las leyes locales  en materia de desaparición de personas”.

Recientemente la Red Lupa publicó el informe:  “En la Lupa: Revisión ciudadana del desempeño institucional Federal en materia de desaparición y recomendaciones de mejora del desempeño”, que contó la participación de más de 49 organizaciones, entre las que se encuentran, colectivos de familiares de personas desaparecidas, redes académicas, periodísticas y de la sociedad civil.

En este documento se desarrollaron una serie de propuestas y recomendaciones estatales y/o federales, puesto que existe un grave incumplimiento de las instituciones obligadas de la búsqueda de todas las personas desaparecidas, pues sus instrumentos en materia de búsqueda, identificación, procuración de justicia, sanción y prevención no han sido debidamente empleados.

El informe presenta, a detalle, las situaciones particulares que existen en la aplicación de Ley General en Materia de Desaparición Forzada de  Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Personas, una ley que entró en vigor hace ya seis años, pero no representa efectividad para las víctimas de desaparición ni para sus familias

De acuerdo con el análisis expuesto en el informe, no existen instrumentos como el Centro Nacional de Identificación Humana y el Programa Nacional de Búsqueda y Localización, los cuales deberían estar a cargo del Centro Nacional de Búsqueda (CNB),  junto al Programa Nacional de  Exhumaciones e Identificación Forense a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Todos estos son esenciales para agilizar la búsqueda, registro de personas desaparecidas y procuración de justicia, sin embargo, la ausencia de estás instituciones se debe a la falta de transparencia, coordinación institucional y recursos.

Entre las ocho las instituciones calificadas dentro de este informe, el Poder Legislativo y el Poder Judicial recibieron una calificación de: “Desempeño Deficiente”.

Las seis instituciones restantes cuentan con la calificación de “Pésimo Desempeño”, siendo una de las más destacadas la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Se le señala por contar con una administración impuesta que se dio sin la consulta de colectivos y familiares de personas desaparecidas. La reorganización de personal bajo la administración de Teresa Guadalupe Reyes, actual titular, quien llevó a no renovar contratos de personal, entorpeciendo las obligaciones de la comisión, como lo es: el Centro Nacional de Identificación  Humana (CNIH), que no cuenta con personal y oficinas, y el Consejo en el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), el cual se encuentra incompleto debido a que el Senado aún no convoca a una reunión para su designación.

Esto impide, señala la Red Lupa, el brindar resultados y cifras certeras a las familias, negando a su vez un proceso adecuado de búsqueda.

La Fiscalía General de la República (FGR) se suma a las instituciones señaladas por su trabajo deficiente, incumpliendo, en su caso, con la actualización e implementación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), del cual tampoco se tiene información “para saber en qué medida la información contenida en el banco ha permitido adelantar procesos de identificación”, advierte el documento.  

También es señalada por la poca comunicación que existe con las familias durante los procesos de investigación, “para muchas buscadoras los ministerios públicos no avanzan si ellas no les proporcionan información, lo cual les implica investigar por su cuenta y sin garantías de seguridad; para otras familias supone que los casos están inactivos por mucho tiempo”, explican.

Instituciones igualmente deficientes

Otras de las instituciones señaladas con esta calificación son el Mecanismo Extraordinario de Identificación Humana (MEIF) y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), ya antes mencionado.

Estás dos instituciones se encuentran en situaciones similares, puesto que, debido al recorte de personal, infraestructura y presupuesto se encuentran en pausa o “bajo revisión”, haciéndolas inoperantes. La falta de estos organismos provoca rezago en el sistema, ya que la CNB y las fiscalías estatales y federal, no cuentan con los recursos para tomar las responsabilidades de estas dos instituciones.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos  Humanos y Periodistas también se les reconoció como deficientes.

Para estás instituciones hay señalamientos en cuanto al incumplimiento de la reparación de daños. Según el informe, en 2022:  “la CEAV ejerció un presupuesto de $879, 849, 697, en tanto que en 2023 el monto fue de $1,213, 344, 661. De este total no se conoce la cantidad asignada a reparaciones pues en la actualidad no existe un fondo específico para dicha obligación”.

Y el Mecanismo, por su parte, no cuenta con protocolos para la protección de las personas buscadoras. Por ejemplo: las medidas necesarias para la protección son retiradas o reducidas debido a la disponibilidad de recursos. Esto resulta preocupante, ya que el informe presenta que “entre 2010 y febrero de 2024 han sido asesinadas 21 personas buscadoras y 1 más permanece desaparecida”.

Una de las instituciones que más destacó por su mal desempeño fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): “La CNDH ha sido una institución irrelevante para las familias de personas desaparecidas”, expone la Red Lupa.

El informe, además, señaló las fallas sistemáticas en la aplicación de la Ley General y de las instituciones, hace recomendaciones puntuales en  materia de búsqueda, identificación, sanción, derechos humanos de las víctimas, prevención, procuración de justicia y algunas otras para el Poder Legislativo.

Entre las más relevantes destaca la exigencia del nombramiento de una nueva persona titular del CNB, ahora bajo la consideración de las familias y con transparencia; además,  interconectar bases de datos y poner en marcha el Banco Nacional de Datos Forenses; la revisión de la Ley General de Víctimas y posibles modificaciones en consulta con las víctimas; así como convocar e integrar el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda con la participación de las familias y asegurar los recursos necesarios para la atención de las desapariciones.

El informe de Red Lupa 2024, busca hacer un llamado a la acción institucional, para que se abra el debate a nivel federal y estatal sobre la crisis de desapariciones que existe y sigue en aumento en el territorio.