Alertan ante la ONU del riesgo para personas defensoras y periodistas en Chihuahua

**Esta nota fue realizada por Raíchali, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

La representación de la ONU estuvo en Chihuahua durante 3 días para reunirse con organizaciones de la sociedad civil y periodistas a fin de conocer el contexto de riesgos que se tienen en la entidad.

Redacción / Raíchali

Con información de Karla Quintana / Fotos cortesía del Cedehm

Chihuahua – La presencia del crimen organizado, la disputa por el territorio, desplazamiento de personas, el aumento de la tala ilegal y los conflictos por el agua, son algunos de los principales factores por lo que resulta riesgoso ser una persona defensora de derechos humanos y periodista en Chihuahua.

Estas consideraciones fueron expuestas ante representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNDH) en México, durante una visita que hicieron a la ciudad de Chihuahua el pasado 07, 08 y 09 de octubre, para reunirse con integrantes de organizaciones civiles y periodistas, y respaldarles tras las condiciones adversas existentes.

Durante esos días, la representación de las Naciones Unidas estuvo en la presentación del “Diagnóstico Participativo: hacia una política pública para la protección integral de las Defensoras y Periodistas”, un trabajo realizado por Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), Centro de Derechos Humanos para las Mujeres (Cedehm), y el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, financiado por la Comisión Europea.

“Desde enero del 2019 hasta la fecha, al menos en todo el país, hablamos de 47 asesinatos de periodistas, siete trabajadores de medios y 103 personas defensoras, todos ellos vinculados con su labor, y 13 de estos casos ocurrieron en Chihuahua”, señaló Jesús Peña, representante en México de OACNDH.

Ese diagnóstico es el quinto en el país en realizarse en una entidad, construido a partir de la participación activa de colectivos como madres buscadoras, defensoras de derechos humanos y periodistas, además de analizar las políticas públicas vigentes en el estado.

Para presentar el documento se tuvo la participación de Olaya Dozal, madre buscadora del colectivo de familiares de personas desaparecidas; la periodista Patricia Mayorga, cofundadora de Raíchali y reconocida por su trabajo de denuncia en derechos humanos; Jesús Peña, de la OACNDH, y Ruth Fierro, directora general del Cedehm.

Aquí se puede consultar el diagnóstico completo.

Contexto de violencia y censura oficial

El diagnóstico indica que las comunidades indígenas es uno de los grupos más afectados por la violencia del crimen organizado, ante la falta de voluntad política de las autoridades por atenderles, por la poca presencia de estas mismas en territorio y por los pocos recursos dirigidos a enfrentar los riesgos que sufren constantemente.

También se hace referencia a las dificultades para acceder al diálogo con las diferentes administraciones gubernamentales, lo que se denominó como “un cierre de puertas”. Esta situación es aún más grave para las mujeres rarámuri, quienes enfrentan barreras adicionales para ser escuchadas por las autoridades.

Las personas desplazadas a causa de la violencia son un número importante; esto incluye a las mujeres activistas, madres buscadoras y periodistas que, por falta de respuesta de las autoridades, se ven en la necesidad de salir de sus hogares para proteger su vida.

“La necesidad de que las autoridades municipales se involucren, al ser las autoridades más cercanas, las primeras que deberían responder, y se encuentran generalmente ajenas completamente a estas medidas o políticas públicas en relación a la protección”, mencionó Ruth Fierro, del Cedehm.

Un caso similar ha sido lo sucedido con la comunidad migrante que ha llegado al estado. Ruth mencionó que “se ve aparejada con un color importante de racismo por parte de las autoridades, y también de la sociedad en general”.

Así, hizo mención al centro de detención que se encuentra en Ciudad Juárez, que se incendió el 27 de marzo del 2023, donde perdieron la vida 40 hombres, y analizaba que detrás de cómo actuaron las autoridades se encontraba un sesgo de racismo y de discriminación por parte de estas autoridades.

Mientras que en el tema periodístico, Patricia Mayorga mencionó que es importante reconocer que las líneas editoriales de los medios de comunicación son marcadas o sesgadas por la publicidad oficial, lo que impide realizar su labor de manera más libre.

Comentó que, en la construcción del diagnóstico, también se denunció el impacto psicológico y social que sufren las y los periodistas por la censura y la violencia, destacando cómo el asesinato de su colega Miroslava Breach ha dejado una huella en el gremio.

“Homicidios principalmente como el de Miroslava Breach han paralizado al gremio, y obviamente a las mujeres periodistas”, expresó.

Ciudad Juárez es uno de los municipios donde más se han presentado denuncias por violaciones laborales en los diferentes gobiernos, desde César Duarte, Javier Corral, hasta la actualidad, que ha cooptado las instituciones, paralizado al gremio, y no ha permitido que se pueda hacer un periodismo más libre.

“Cuando alguna mujer se atreve a denunciar, pues es fácil estigmatizarla como revoltosa, incómoda o chismosa, y eso ha pasado sobre todo en Juárez, donde han estado interponiendo denuncias”, expresó Mayorga.

También las madres buscadoras enfrentan una lucha ante las autoridades y la sociedad, y al no sentirse respaldadas, implica más riesgo, mientras que las autoridades han generado una imagen que pone a las personas desaparecidas “no de muy buena reputación o como personas que pueden haber estado involucradas en actividades ilícitas”, explicó Olaya Dozal.

“La búsqueda implica estar en situaciones de riesgo, y sabes que no hay quien te respalde, es una lucha que muchas veces enfrentamos solas”, añadió.

Además de asistir a la presentación de ese diagnóstico, la representación de la ONU se reunió durante 2 días con integrantes de organizaciones civiles, de quienes conoció más del contexto que se vive en la entidad.

“Sin lugar a dudas, creemos que es un importante insumo para las autoridades. Es también una muestra de su error y, desde la sociedad civil, de análisis y propuestas concretas para avanzar y que pueden ser una plataforma para fortalecer el diálogo entre autoridades”, subrayó Jesús Peña, de la OACNUCH.

Alerta Temprana y Falta de Resultados

Chihuahua y Veracruz cuentan con la alerta temprana de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que impulsó la realización de mesas de trabajo con la Federación, con el Estado y municipios, y que contempla 52 acciones.

Sin embargo, contar con la alerta temprana no generó una disminución en las agresiones contra las personas defensoras y periodistas; al contrario, ha habido otros homicidios en contra de defensores, como el caso de Isabel Cabanillas o el emblemático caso de los padres jesuitas de Cerocahui.

“La alerta temprana tiene bastante tiempo congelada, sin que se haya dado seguimiento, sin que se haya convocado a las organizaciones y periodistas. Es una tarea pendiente para esta administración, tanto federal como gubernamental”, expuso Ruth Fierro.

Esta situación tiene diferentes impactos en la persona que se encuentra en riesgo, como los psicológicos que no solo afectan de manera individual, sino también a su círculo familiar, gremial o de manera colectiva. La directora del Cedehm hizo mención de un impacto que normalmente no se menciona en estas situaciones de riesgo: el económico y el social.