Prende alertas desplazamiento forzado en Guadalupe y Calvo; claman ayuda
*Esta nota fue realizada por Raíchali, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.
“Necesitamos de su ayuda, aquí no hay víveres, nada, ya no hay comida, ya no hay nada, necesitamos de su ayuda, que nos mande algo, que nos mande comida, porque ¿qué va a pasar con mi gente, con mi pueblo? ¿Qué va a pasar aquí? Aquí no tenemos nada, necesitamos de su apoyo”, expresaron habitantes de la comunidad de Cinco Llagas.
Texto: Karla Quintana/ Fotos: Cortesía Contec
Un grupo de rancherías con habitantes del pueblo ódami han sido amenazados, les han allanado sus casas y han presenciado actos violentos, como el incendio de un avioneta, por parte de uno de los cárteles que buscan arrebatar todo el territorio al grupo contrario en el Triángulo Dorado de la Sierra Tarahumara.
“Hablo de la comunidad de Cinco Llagas, necesitamos el apoyo porque la comunidad no tiene comida, y estamos rodeados, ya no podemos salir. Apóyennos, por favor porque sí urge, porque ya no hay comida y está rodeado aquí, no podemos salir. Hagan algo por el pueblo”, insistieron los habitantes de la extensa comunidad de Cinco Llagas, ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, en audios enviados a Raíchali.
Ante la falta de respuesta rápida de las autoridades de los tres niveles de gobierno, las personas indígenas lanzaron un desesperado llamado de auxilio, debido a la crítica situación que enfrentan desde el martes pasado, tras ser amenazados y algunos desplazados por la violencia.
Los actos violentos iniciaron el martes en aquella comunidad. Mientras que la mañana de este lunes 2 de septiembre, el fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, informó a medios locales que ya tienen presencia en la zona, por lo que se pondrán en contacto con el párroco de la región para coordinar el apoyo.
El funcionario dijo que por el riesgo en el que se encuentra la población, llevarán en tema a la reunión de la mesa de seguridad para dar ayuda comunitaria.
Sobre el armamento de los grupos delictivos, agregó que por ahora pueden garantizar la presencia de las fuerzas estatales, pero están viendo cómo fortalecer el apoyo humanitario por la dificultad de movilizarse y de hacerles llegar víveres ante la situación.
Más de 300 pobladores de las comunidades de El Cajoncito, El Pie de la Cuesta y Las Casas han sido forzados a abandonar sus hogares por civiles armados que los han amenazado y expulsado de la zona.
Resguardados en la comunidad de Cinco Llagas, en el domo de la escuela de la localidad, estas personas enfrentan el desplazamiento y la falta de alimento, por la violencia que amenaza sus vidas.
“Necesitamos el apoyo, aquí ya no hay nada. Háblenle a las autoridades de gobierno federal, estatal, yo qué sé, a ver si nos atienden”, solicitaron.
Desde el 27 de agosto, la violencia en la región provocó el asesinato de una persona, cuyo cuerpo no ha sido recuperado debido a las amenazas de los grupos armados, de acuerdo con la organización Consultoría Comunitaria (Contec).
Los habitantes han confirmado la presencia de las autoridades de gobierno, mencionan que son muy pocos los elementos que se encuentran presentes en la zona, y que es superior el número de personas armadas que los tienen amenazados desde los cerros y los caminos de la zona.
Con el apoyo de la Diócesis de la Tarahumara y otras organizaciones civiles, piden auxilio en una acción urgente, porque los civiles armados han bloqueado los caminos y han expulsado a decenas de familias de sus hogares.
Se solicita que se fortalezca la presencia de instituciones de seguridad pública y que se facilite el desplazamiento digno y seguro, así como la ayuda humanitaria.
También se pidió apoyo para recuperar el cuerpo de la persona que fue privada de la vida, que se encuentra en descomposición ya que está a la intemperie.
Las organizaciones y activistas que se han sumado a la exigencia, solicitaron de manera formal al presidente de la República, a las instituciones de la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como a la gobernadora del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado, que actúen de inmediato.
Las organizaciones también incluyen una petición para implementar estrategias efectivas que garanticen la protección de la vida y la permanencia de las comunidades de Guadalupe y Calvo en sus territorios ancestrales.
La acción urgente está firmada por la Diócesis de la Tarahumara, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) Consultoría Técnica Comunitaria, el Grupo Núcleo de Indigenous People Rights International IPRI en México, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT), el Colectivo en Prácticas Psicosociales y Acción Comunitaria y Tonelhuayotzin Nuestra Raíz.
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