Gobierno de Chihuahua hace inoperante fideicomiso ganado por comunidad rarámuri
*Esta nota fue realizada por Raíchali parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.
La creación del fideicomiso en favor de Bosques de San Elías Repechique fue ordenada desde el 2014, pero hasta 2017 comenzó a operar, sin embargo la comunidad ha remado contracorriente para poder ejercerlo, al grado que actualmente el recurso no puede ser utilizado y se han propuesto obras no aprobadas por la propia comunidad.
Jaime Armendáriz / Raíchali
Fotografía de portada: Raúl F. Pérez
El Gobierno del Estado de Chihuahua ha hecho inoperante el fideicomiso en favor de la comunidad rarámuri Bosques de San Elías Repechique, la cual ganó hace 10 años un proceso jurídico contra las autoridades por no haberles tomado en cuenta ni consultarles para la construcción del aeropuerto de Creel.
El fallo en favor de la comunidad se dio desde el 2014, sin embargo tuvieron que pasar 3 años para que en 2017 comenzar a operar el fideicomiso, con el cual la comunidad tendría recursos para aplicarlos en proyectos productivos propios, sin embargo eso no ha pasado así, según señalamientos de la organización que ha acompañado a esa comunidad Consultoría Técnica Comunitaria (Contec)
En un comunicado emitido esta semana, la organización detalló que desde el Consejo Técnico del Fideicomiso, integrado por varias dependencias gubernamentales, ha aplazado la aprobación de proyectos planteados por las personas de las 33 rancherías que integran la comunidad.
Estas dependencias son: la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Desarrollo Municipal y a la de Innovación y Desarrollo Económico.
“Que dejen de presionar e imponer obras que no benefician a la comunidad y que den verdadera voz y voto a los beneficiarios del fideicomiso para realizar obras y proyectos que impacten en su calidad de vida”, urgió Contec.
La creación del fideicomiso de Bosques San Elías Repechique se ordenó en 2014 el juzgado Octavo de Distrito, el cual indicó que el Gobierno del Estado de Chihuahua debía pagar una indemnización a la comunidad por la violación a sus derechos colectivos como pueblo indígena.
Esto se dio ante la falta de consulta para la construcción del aeropuerto de Creel en territorios de su posesión ancestral, los daños ocasionados a los manantiales y caminos, así como por la tala de su bosque.
Desde entonces, como parte de las obras solicitadas por la comunidad, se realizó un taller de costura, el cual estuvo bajo acoso de la propia Fiscalía General del Estado durante varios meses, así como un salón de usos múltiples, del cual se señalaron irregularidades sin tener a la fecha un dictamen de revisión por parte del gobierno estatal.
“A pesar de que la sentencia fue emitida hace casi diez años, no ha sido liberado el dinero, pues el gobierno estatal se niega a ceder a la comunidad la posibilidad de operar y gestionar su propio recurso”, condenó Contec.
Recordó que durante 2023, la comunidad denunció que el Comité Técnico del Fideicomiso decidió el uso de 31 millones de pesos para la construcción de una tienda y a la reparación del camino de la comunidad, sin el aval de las propias personas que viven en ese lugar.
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