“No fue guerra sucia, sino terrorismo de Estado”. A 50 años de la desaparición de Rosendo Radilla, una jueza exige investigar a mandos militares

“No fue guerra sucia, sino terrorismo de Estado”. A 50 años de la desaparición de Rosendo Radilla, una jueza exige investigar a mandos militares
Fotos: Rosendo Betancourt Radilla

*Esta nota fue realizada por Pie de Página, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

Una jueza federal determinó que la represión en Guerrero durante la década de 1970 fue terrorismo de Estado y exige a la Fiscalía General de la República investigar bajo esa lógica la desaparición forzada de Rosendo Radilla en el municipio de Atoyac. Entre los involucrados está el general Enrique Cervantes, exsecretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Ernesto Zedillo

Texto: Kau Sirenio

Fotos: Rosendo Betancourt Radilla

CIUDAD DE MÉXICO.- La voz de Rosendo Radilla Pacheco llegó en el corazón de la Ciudad de México, 50 años después de su desaparición forzada por elementos del Ejército mexicano el 25 de agosto de 1974; con pancartas con versos inmortales del cantautor de la sierra guerrerense, hijas, hijos, nietas, nietos, bisnietas y bisnietos exigieron justicia.

“Ahí andan los federales por toditos los caminos buscando a Lucio Cabañas, matando a los campesinos”, escribió Ana Victoria Villalba Radilla, nieta del poeta revolucionario.

Este sábado, frente a la Glorieta de los Desaparecidos de Paseo de la Reforma, Rosendo Carlos Betancourt Radilla, nieto del legendario campesino de Atoyac de Álvarez, dice que la resistencia de su tía Tita por fin encuentra una luz en el túnel de la época del terror en Guerrero.

Lo que ve como una luz en la oscuridad es la sentencia que, un día antes de que se cumplieran los 50 años de la desaparición de Radilla, emitió la Jueza del noveno juzgado de Distrito en Irapuato, Guanajuato, Karlas Macías Lovera.

La juzgadora calificó la represión del Estado mexicano de la década de 1970 como terrorismo de Estado y ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar bajo esa lógica el caso de Rosendo Radilla.

De acuerdo con la sentencia, la juez federal ordenó FGR que investigue y procese a más de una decena de militares involucrados en el hecho y al alto mando, acusados de cometer delitos de lesa humanidad en contra de los campesinos en Guerrero; uno de los perpetradores señalado es el exsecretario de la Defensa durante el gobierno de Ernesto Zedillo, el general Enrique Cervantes Aguirre.

La sentencia cuestiona a la FGR:

“La ineptitud de la fiscalía no solo impide el conocimiento de la verdad, sino que la oculta entre miles de fojas con información que, como se evidenció, el fiscal no consulta ni ordena, lo cual ha producido que se mantenga en la opacidad la intervención en los hechos de funcionarios de Estado del más alto nivel”.

Macías Lovera ordena al Gobierno Federal para que declare Zona de Monumentos Históricos y memoria a las instalaciones del Segundo Batallón de Policía Militar, ubicado en la puerta 8 del Campo Militar número 1-A  en Ciudad de México, y a la Base Aérea Militar Número 7 de Pie de la Cuesta, en Guerrero.

La impunidad de Enrique Cervantes

Enrique Cervantes Aguirre, activo en la Sedena, es considerado «un caso emblemático de impunidad» en el informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad presentado hace una semana.

El MEH señala a Cervantes Aguirre como uno de los perpetradores de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Y considera alarmante que personas que participaron en crímenes de Estado hayan contado «con largas y prósperas trayectorias dentro de la administración pública». Otros mencionados son Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro.

El exsecretario de la Defensa persiguió al Partido de loa Pobres en la década de los 70 y es uno de los casos emblemáticos de impunidad

Cervantes Aguirre trabajó en la década de los 70 en la 27 zona militar de guerrero y en la Dirección Federal de seguridad; después fue secretario particular del Secretario de la Defensa, Félix Galván López. Entre 1980 y 83 dirigió el Colegio Militar.

En el volumen 2 se le identifica como un «experto en contrainsurgencia» cuando fue nombrado comandante de la 31 zona militar en Chiapas en respuesta a la crisis migratoria y a la incursión de kaibiles guatemaltecos.

El MEH señala que Cervantes Aguirre «combatió al Partido de los Pobres en Coyuca Atoyac y Tecpan, e incluso participó en el operativo de liberación del entonces senador Rubén Figueroa Figueroa y en la operación que resultó en la ejecución de Lució Cabañas».

Fue titular de la Defensa Nacional, en el gobierno de Ernesto Zedillo, de 1994 a 2000, cuando el Ejército mexicano combatió a los zapatistas. Desde el año 2000 y «al menos hasta 2008, la Procuraduría de justicia Militar lo investigó por su participación en los hechos de violencia estatal cometidos en Guerrero, así como por el asesinato de 22 campesinos».

Sin embargo, goza de impunidad. En el volumen 5 del informe, el subcapítulo de los casos de impunidad,el MEH destaca que el 11 de octubre de 2023 el presidente López Obrador le dio una condecoración, en el marco del Bicentenario del Heroico Colegio Militar.

La lucha de Tita

Así las cosas, la clasificación del delito como terrorismos de Estado por graves violaciones violaciones a derechos humanos cometidas en contra de la disidencia en los años de la Guerra Sucia de 1965 a 1990, en la dictadura del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La matriarca de los hermanos Radilla, es la tercera en el orden de nacimiento pero es la que ha colocado en la agenda nacional la defensa de los derechos de las personas desaparecidas en México. Tita, como todos la conocen se reunió con los lideres del mundo para decirle que en México, la voz de los campesinos eran desaparecidos.

La vocera Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem), tuvo que acudir a un juzgado federal en Irapuato, Guanajuato, para interponer un juicio de amparo en contra de las omisiones de la FGR para esclarecer la desaparición forzada y buscar a Rosendo, así como para fincar responsabilidades.

De ese juicio vino la sentencia que “califica que lo que se cometió con mi padre y con las demás personas desaparecidas fue terrorismo de Estado, lo que nosotros siempre hemos señalado”.

La activista por los derechos humanos de las personas desaparecidas pidió al gobierno acate la sentencia y que instruya a  quien corresponda en materia de memoria y reparación del daño, para que inicien con el proceso de reconocimiento de espacios de memoria “hay una deuda histórica del Estado mexicano hacia las familias no de Rosendo, sino de Guerrero y de Atoyac, donde hay más personas que fueron víctimas de desaparición forzada”, durante la represión a movimientos sociales y políticos”.

Por su parte el representante adjunto de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jesús Peña Palacios, sostuvo que la familia Pacheco Martínez son referente de la lucha por la justicia, y su persistencia marcó un giro en el sistema jurídico”.

Adelantó que en noviembre de este año se cumplen 15 años de la primera victoria de la familia Radilla al obtener la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por “una desaparición forzada cometida por elementos del Ejército mexicano, durante la mal llamada guerra sucia, condenando conductas del Ejército fijando medidas de alto calado”.

Peña Palacios sostuvo que la resolución de la jueza Karla Macías “pone de manifiesto una realidad que se ha ocultado, una realidad en que se usaron los aparatos del Estado para acabar con grupos guerrilleros, sus familiares y todos sus cercanos o simpatizantes”.

Señaló que el caso Radilla colocó en la mirada mundial las distintas formas de desaparición forzadas en México “en el contexto de las desapariciones ocurridas en los años setenta en México”.

Por su parte, abogada de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Natalia Pérez Cordero, detalló el juicio de amparo que se interpuso hace seis años ante las omisiones de la FGR para judicializar el caso, “ya había cadenas de mando identificadas, pero lo que no existía era una estrategia de investigación que conectara todo, por un lado, la desaparición de Rosendo y por otro la represión del Estado”.

“Terrorismo de Estado, no una guerra sucia, porque había una asimetría de poder, consigna que no sólo Rosendo fue víctima, que no fue un hecho aislado, sino que formó parte de planes y estrategias militares en las que ocurrieron detenciones arbitrarias y crímenes atroces, como el desplazamiento forzado y la desaparición forzada”.

Los graves delitos que Rosendo Radilla Pacheco cometió en Atoyac cantarle a los guerrilleros Lucio Cabañas y Genaro Vazquez Rojas: “A Genaro Vázquez/ Adiós estado de Guerrero, cúbreme allá en tus campiñas a mis hombres guerrilleros”, recordó Rosa Radilla Martínez hija de Rosendo.

La despedida del corrido guerrillero del escritor del pueblo termina así: “El guerrillero/ dejé a mi madre, a mis hijos y también a mi mujer, el pueblo siempre ha sufrido lo tendré que defender”, dijo Evelina Radilla Martínez.