Impune la desaparición de Lupita Barajas, ahora por decisión de jueza penal

Impune la desaparición de Lupita Barajas, ahora por decisión de jueza penal
Ilustración: Pop Lab

*Esta nota fue realizada por Pop Lab, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

Por Verónica Espinosa

El primer caso llevado a tribunales relacionado con la mega fosa de Salvatierra se encuentra con obstáculos como la falta de protección a testigos; padres de Lupita apelarán con respaldo de organizaciones

El camino emprendido por familiares de personas víctimas de desaparición en Guanajuato para encontrarlas y acceder a la justicia, particularmente desde la crisis forense que detonó en 2020 con los hallazgos de las primeras fosas masivas creadas por los grupos del crimen organizado como campos de exterminio, se ha topado con la cerrazón y la opacidad de instancias como la Fiscalía general del estado, pero también con desaciertos y vacíos en la administración e impartición de justicia que prolongan la impunidad.

Esto le ha sucedido al matrimonio de los profesores María del Tránsito y Javier Barajas Piña, que perdieron a sus dos hijos, Guadalupe y Javier, a manos de integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, un grupo delictivo más vivo que nunca y que extiende sus alcances hasta los escasos procesos judiciales relacionados con la desaparición de personas que se han logrado llevar a tribunales en el estado.

El grupo criminal ha embestido con funesto éxito a esta familia hasta llegar a la intimidación, coacción e incluso desaparición de testigos de ambos casos. El riesgo es tal que ha obligado al desplazamiento, por amenazas, del matrimonio Barajas Piña.

Sumado a esto, las fallas en la procuración y en la impartición de justicia han llevado a sentencias absolutorias en juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, primero en el caso de los responsables del asesinato de Javier y hace unos días, en el juicio por la desaparición y asesinato de Guadalupe.

Según datos del Poder Judicial del Estado, en este año (hasta marzo) habían sido dictadas apenas cuatro sentencias condenatorias en procesos por desaparición cometida por particulares, y dos más por desaparición forzada. Algunas sentencias se emitieron en conjunto con otros delitos como homicidio, narcomenudeo y privación ilegal de la libertad.

En contraste, jueces del estado dictaron sentencias absolutorias en tres procesos por desaparición forzada y otros tres por desaparición cometida por particulares.

Para organizaciones como el Centro Prodh, la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato, Front Line Defenders, Serapaz y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU -acompañantes de familias y varios colectivos de búsqueda en la entidad- en los procesos llevados para lograr justicia por Guadalupe y Javier han salido a relucir las deficiencias de la justicia local, tanto por parte de una Fiscalía que ha fallado en desplegar su acusación, como de tribunales “alejados de las víctimas” e indolentes.

“El delito de desaparición es complejo, pero también se complejiza al estar en medio de redes de criminalidad, de amenazas; es decir, implica una actividad, digamos, reforzada de las autoridades de proteger a los testigos que deciden valientemente decir ‘yo me percaté como ocurrió esta parte de de los hechos’ y que puede abonar a la búsqueda y también a que pueda garantizar justicia a sus familias”, dijo en entrevista la abogada Ivette García, del Centro Prodh.

En los casos que marcaron a la familia Barajas Piña, la Fiscalía ha fallado en garantizar la debida protección de testigos, dijo. Pero no solamente la FGE, sino todo el sistema de protección que involucra también al Poder Judicial, lo que lanza un mensaje de impunidad, en el caso de Lupita, en el único proceso hasta ahora relacionado con la mega fosa de Salvatierra, y uno de los pocos casos llevados a tribunales en Guanajuato y en el país.

De enero a mayo de este año, por ejemplo, la Fiscalía general de justicia reporta que formalizó ocho carpetas de investigación por desaparición de personas por particulares, y ninguna por desaparición forzada, de acuerdo a una respuesta hecha a una solicitud de información por transparencia.

Pero además, la abogada menciona que de parte de la jueza del Tribunal unitario de Acámbaro, a cargo del juicio contra los imputados por la desaparición de Lupita, hubo la falta de una visión amplia de la macrocriminalidad presente en el estado y en la región al momento de analizar y valorar todas las pruebas y las condiciones en que los testigos deben declarar: bajo riesgo permanente.

En la apelación que llevarán la propia Fiscalía, la asesoría por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las organizaciones, se solicitará analizar los indicios y la valoración de las pruebas. La abogada resalta que atender la crisis de desaparición no implica un trabajo solamente de la Fiscalía o del Poder Judicial por separado, sino toda una coordinación de las autoridades involucradas.

“Una sentencia así no abona al problema de la impunidad, que es de más de un 90 por ciento en este tipo de casos”, señaló.

Sobre el tema se solicitó conocer la postura del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Héctor Tinajero, a través del área de comunicación social. “El Presidente no puede emitir por el momento un posicionamiento porque como precisa el comunicado, el proceso sigue, ya impugnarán la sentencia…por otra parte, existe libertad jurisdiccional para que las jueces y juezas dicten sus sentencias”, fue la respuesta de comunicación social.