Los desplazaron por violencia, perdieron su territorio…y también el derecho a votar en su región

Los desplazaron por violencia, perdieron su territorio…y también el derecho a votar en su región
Foto: Raíchali

*Esta nota fue realizada por Raíchali, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

A las personas que fueron desplazadas por la violencia, principalmente de la Sierra Tarahumara y Tepehuana hacia las ciudades, no solo les arrebataron su territorio y su vida en las comunidades, sino también el derecho a poder votar para impulsar algún cambio en sus regiones

Por Patricia Mayorga

Fotos: Raúl. F. Pérez Lira

Chihuahua.- La Fiscalía General del Estado de Chihuahua registra oficialmente casi 900 personas desplazadas de diferentes municipios. La mayoría son del pueblo ódami y rarámuri, quienes además de perder sus propiedades, su tierra y cambiar radicalmente su vida, les han vulnerado sus derechos electorales.

Quienes tuvieron que huir de su municipio y viven en otro, no podrán elegir este domingo 2 de junio a los alcaldes de su región. Tampoco podrán votar por diputaciones locales ni federales de sus respectivos distritos.

Gran parte de personas indígenas desplazadas son de Guadalupe y Calvo, Urique y Uruachi, de acuerdo con entrevistas realizadas en comunidades urbanas donde viven actualmente algunos grupos de los pueblos ódami y ralámuli.

A las casi 900 personas desplazadas reconocidas oficialmente, hay un subregistro importante de personas indígenas que salen de sus comunidades de manera sigilosa sin que sean parte de las estadísticas de víctimas de este delito.

“Es importante votar para que haya un cambio, tenemos que seguir presionando para que cambien las cosas, porque los gobiernos roban mucho”, opinó un líder rarámuri del cual se reservan sus datos por temas de seguridad. Él fue desplazado junto con su comunidad desde hace seis años, por defender el territorio contra la tala ilegal.

Recordó que a su comunidad le robaron sus tierras y fue también el gobierno, enfatiza el hombre de unos 50 años de edad.

“Es importante votar para poder exigir que, pues que nos echen la mano. Ya después de que fuimos desplazados, no hemos podido votar porque no sabíamos a dónde ir. Ahora algunos ya tenemos credencial de aquí (de la ciudad donde radican ahora, fuera de su municipio), pero si me gustaría votar. Ya hemos preguntado dónde están las casillas. Muchos todavía tienen credencial de allá (del municipio de Guadalupe y Calvo, de donde salieron), ahora sí sabemos un poco más”, dijo.

Sin embargo, la impotencia está presente en general en las personas desplazadas porque salieron de manera obligada de su tierra y ahora no pueden elegir a sus propias autoridades del ayuntamiento ni diputaciones que les corresponden de origen. “Pues es que sí pienso mucho porque no puede regresar para ir a votar allá, por la violencia, que aquí vamos a tener que buscar dónde votamos”, agregó el líder rarámuri desplazado.

Alicia, a quien le cambiamos el nombre para proteger su integridad física, está en una región urbana desde hace cinco años. También tuvo que huir con su familia para salvar su vida.

“Sí queremos votar porque queremos que haya vigilancia en el municipio de Guadalupe y Calvo, aunque siempre que hemos votado allá nos dicen que van a arreglar y que van a apoyar mucho al municipio, pero no lo han hecho. Tenemos que seguir exigiendo porque ya se olvidaron de las comunidades, ya no cumplen con lo que se ofrece, pero tenemos que seguir para que haya beneficios en las comunidades que ahorita están muy abandonadas por los gobiernos, que le echen ganas”, argumentó Alicia.

Sus hijas e hijas decidieron ir un año a votar a comunidad en Guadalupe y Calvo, cuando ya estaban desplazadas, porque siempre han votado en su familia, pero no fue una grata experiencia.

“Cuando iban, las amenazaron en el camino porque querían que votaran por un partido que siempre exigían que votáramos por él, finalmente llegaron y pudieron votar. Después ya no hemos ido a votar allá, es muy peligroso. Ahorita no se aquí cómo es, estamos preguntando porque tenemos todavía credenciales de allá. Aquí no nos han informado ni dónde ni a qué hora, pero estamos preguntando porque sí queremos que cumplan, para que limpien la sierra de la gente mala”, refirió.

Otro líder indígena del municipio de Uruachi, recuerda que en su comunidad siempre tuvieron conciencia de la importancia de votar, pero desde que fueron desplazados hace 10 años no han podido votar de nuevo por sus autoridades municipales, a pesar de que aún conservan sus credenciales con su domicilio original.

“Siempre votábamos. Nosotros siempre hemos sido una familia muy unida. Cuando era votar por puestos de elección popular, siempre analizábamos los candidatos en familia y en comunidad. Lo digo porque en el tiempo que estuve como autoridad en la comunidad (fue gobernador ralámuli) siempre analizábamos cuando iba a haber elecciones. A todo mundo escuchábamos, sus propuestas, nos uníamos cuando nos convencían”, refiere.

La falta de cumplimiento de las promesas de los candidatos y candidatas de diferentes partidos, llevó al hombre a aceptar un cargo de elección popular en su municipio, hace más de diez años.

“Decidí aceptar cargos de elección después de ver tantas promesas incumplidas. Yo creo que mi visión es que cuando yo empecé a ver en cuestión de todos los políticos que pasaban, que eran puros compromisos ahí, llegaban las elecciones y quedaban en promesas, nunca se cumplían. Siempre vi eso en la política, estábamos hartos de tanta mentira, por eso quise ser parte de todo esto y cumplir. Sabemos perfectamente cuáles son las necesidades de las comunidades, esa era la idea, sacar las comunidades adelante, era algo que nos unía”, precisa.

Como gobernador indígena trató de impulsar que su ejido, que incluía las comunidades suficientes para convertirse en una seccional de Uruachi, contara con autoridades propias como presidente seccional, encargados de Desarrollo Rural por ejemplo, un presupuesto propio. Lograron que se aprobara esa iniciativa en el Congreso del estado, pero al llegar al Cabildo de Uruachi, no la aprobaron.

Años después, cuando el líder rarámuri, entrevistado en el exilio, decidió aceptar un cargo de elección popular en el municipio, logró impulsar de nuevo la iniciativa para aprobar una seccional más que incluyera a su comunidad. De nuevo, el Congreso del Estado la aprobó y esa vez si la aprobó el Cabildo, pero no se ha concretado porque luego una serie de hechos violentos los obligaron a abandonar su tierra para salvar la vida de las familias completas de la comunidad.

Cuando llegaron a la ciudad donde viven actualmente, no sabían a dónde acudir para emitir su voto en las elecciones de los primeros años. Ellos tampoco han decidido cambiar su domicilio electoral, siguen apareciendo como habitante de Uruachi en sus credenciales para votar. “Hemos estado votando en las casillas federales, pero no hemos podido regresar a votar por las autoridades municipales ni por los diputados que nos corresponden. Siempre deseamos regresar”.

En otras colonias de otra zona urbana, vive personas ódami dispersas porque se han instalado en lugares poco poblados de manera precaria. Ellas no han sido apoyadas por organizaciones ni por autoridades porque el miedo las obligó a huir de su tierra y a permanecer calladas.

“A mí sí me gustaría votar, yo todos los años votaba allá, ya no. Si me gustaría votar, yo ya me siento más de aquí (de la ciudad), ya me adapté porque ya no podemos regresar”, comenta otra una mujer ódami que llegó a la ciudad hace casi 10 años, junto con su familia.

“Desde entonces no ha dejado de llegar gente desplazada, está muy fea la inseguridad allá (en Guadalupe y Calvo). Todavía siguen llegando. Ahora andamos viendo dónde podemos votar, nos dijeron que en una escuela por aquí cerca nos toca. Yo ya tengo credencial de aquí, voy a votar por la presidencia de aquí y por la presidencia de la República”, dice la mujer de unos 60 años.

“Yo ya soy de aquí, pues aquí es mi creencia. Allá ya me robaron todo, ya no tenemos ni cosechas, ahí está nomás la tierra. Nosotros nos venimos un mayo, pero ahí tenía mi terrenito. Tengo durazno, tengo nopales, unas manzanitas, esas si hay quien la cuida, pero ya es muy difícil regresar y es muy difícil porque es caro ir (…) aquí ya casi no hago ni faldas de las nuestras por falta de dinero para comprar cortes, ya es muy cara la tela. Aquí todo cuesta”, comenta la señora ódami, quien vive ahora con sus hijos y nietos.

Después de casi una década en la ciudad, dice que los primeros años extrañó su tierra, se sentía triste pero no había opción para regresar. “No había trabajo, había mucho matadero ahí por donde vivíamos. Por ahí por la carretera pasaban dando balazos a las casas, no puede uno vivir a gusto. No puedo uno ni salir a ninguna parte, ni podíamos salir a comprar una bolsa de sal porque había ya mucho miedo. Tiene uno miedo de que por ahí se agarran y luego uno va en el camino, pues ahí le toca al que sea. Y así conocí a una señora que ya vivía en esta ciudad y me dijo que me viniera y ahí venimos todos mis muchachos para acá, y acá encontraron trabajo. Poco a poquito nos fuimos viniendo y hasta ahorano ha parado de llegar gente de allá”.

Un familiar de la señora entrevistada, quien también es ódami de Guadalupe y Calvo, coincide en que ya no encontraban trabajo allá y era más inseguro, por eso decidieron salir de allá. “La mayoría de la gente que vive por acá (en la ciudad) tiene aún credencial de la seccional de Baborigame y otras secciones de Guadalupe y Calvo), por eso podemos votar solamente en las casillas especiales”.

Las víctimas de desplazamiento forzado pueden iniciar un proceso para votar por sus autoridades en el siguiente proceso electoral

En esta jornada electoral no hay “un ejercicio” para que las personas víctimas de desplazamiento forzado que se encuentren fuera de su municipio, distrito o circunscripción, puedan ejercer su voto para elegir a las autoridades de su región, donde eligieron vivir y de donde tuvieron que huir para salvaguardar su vida, de acuerdo con el consejero del Instituto Estatal Electoral (IEE), Gerardo Macías Rodríguez.

“Sólo está (aprobado) el voto migrante en México para las personas que votan desde el extranjero, para una migración fuera del país, pero no hay un mecanismo para que quienes estén migrando al interior del país, puedan realizar su voto en su estado, en su municipio. Este tipo de situaciones se pudiesen atender presentando una solicitud. También para la autoridad electoral es difícil conocer las circunstancias de cada municipio. Es importante atender una petición de esas personas para poder votar al presidente municipal”,

El consejero local explicó que hay casillas especiales donde podrán emitir su voto quienes estén en tránsito o desplazadas. “Si se encuentran en su municipio pero fuera de su Distrito, podrán realizar su voto por autoridades municipales pero no por diputados locales, hay diferentes hipótesis dependiendo dónde se encuentren. El ejercicio del voto se puede hacer pero atendiendo su ubicación o la situación en la que se encuentren”.

Si las personas desplazadas desean votar por las autoridades municipales o de su distrito en el siguiente proceso electoral, donde se elegirá gobernador o gobernadora, así como alcaldes, síndicos y diputados, pueden acudir a la Defensoría Pública del IEE para solicitar esos derechos.

Y es que hay un antecedente en el país, de personas desplazadas en un estado del país, que exigieron su derecho a participar en la vida política-electoral en su municipio de origen. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hiciera lo necesario para garantizarles ese derecho en las elecciones de julio de 2018, según la sentencia SUPJBC 366/2018.

El procedimiento fue iniciado por una comunidad desplazada en mayo de 2016, se desconoce el estado porque la autoridad electoral reservó ese dato. Las personas afectadas vivían en un grado de marginación y rezago social muy alto. “A través de los años, la violencia ha causado que las mujeres y hombres tengan que desplazarse a otras ciudades”, argumenta la sentencia.

El motivo del desplazamiento forzado es porque en mayo de 2016 ingresó un grupo de personas armadas a su comunidad, las agredieron físicamente para que se fueran del territorio. Ahí murieron dos personas y por lo menos 240 personas indígenas tuvieron que irse para que su vida no estuviera en riesgo. Llegaron a un campamento, donde en 2018 ya tenían dos años sin alimentos, agua ni viviendas dignas.

En febrero de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a las personas indígenas desplazadas de dicha comunidad, lo que validó su condición ante el órgano electoral, ya que se encontraban en una situación de gravedad y urgencia porque sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo.

Las personas de la comunidad solicitaron al Consejo General del INE una solicitud de instalación de una casilla especial en su campamento para votar el primero de julio de 2018, en los procesos electorales tanto federales y locales, para los cargos de presidente de la República, senadurías, diputaciones federales, diputaciones locales por el Distrio y Presidencia Municipal de su región de origen. El INE omitió la petición y recurrieron al Tribunal Electoral federal.

El junio de 2018, junio siguiente, el Tribunal ordenó al Consejo General del INE emitir una respuesta a la petición de la comunidad, luego de argumentar los derechos de la comunidad desplazada, para cerciorarse de que las personas indígenas que se encontraban en el campamento tuvieran vigente su derecho a votar y tomar las medidas necesarios para que lo ejercieran el 1 de julio de 2018.

En entrevista con el consejero Gerardo Macías, dijo que las personas desplazadas en Chihuahua se pueden acercar a la Defensoría pública del IEE, que es una instancia pública, ciudadana y gratuita, para que quienes hayan sido violentadas en sus derechos político-electorales, puedan acceder a una defensa técnica.

“En este caso aplica perfectamente porque son grupos vulnerables. Sería interesante meter un juicio ciudadano relacionado con esto, para que las personas que se encuentren desplazadas o en tránsito, puedan realizar su ejercicio del voto para una entidad federativa o municipio, de donde hayan sido desplazados. Que se acerquen a la Defensoría, si se puede hacer ahorita para que avance y que se encuentre preparada la mesa para atención a las personas desplazadas”, concluyó el funcionario electoral.